El Gobierno reconoce en pleno proceso de regularización que faltan funcionarios en las Oficinas de Extranjería

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha comenzado a tramitarse este lunes, está presionando la capacidad de algunas administraciones públicas, especialmente departamentos ya de por sí deficitarios en personal, como son las Oficinas de Extranjería. De hecho, en plena negociación de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, el propio Ministerio de Función Pública ha trasladado a los sindicatos que reforzará la plantilla de esta unidad, al considerar que está "tensionada", según se desprende de una nota de prensa remitida por UGT tras la reunión de este martes con el Ministerio.

Con una plantilla de 7.000 trabajadores de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, las Oficinas de Extranjería afrontan un incremento significativo de la carga de trabajo. El pasado viernes, cuando se habilitó la tramitación telemática del proceso de regularización—mientras que la atención presencial ha comenzado este lunes— el Ministerio de Seguridad Social avanzaba que, tan solo en las primeras horas desde la apertura del proceso, se habían registrado 13.500 solicitudes telemáticas y 19.633 citas previas para la asistencia presencial en las oficinas.

Así, al elevado volumen de trabajo se suma la complejidad de la tramitación presencial, que requiere tiempo, revisión de documentación y una atención personalizada para informar a cada solicitante. Tal y como informó El Independiente este lunes, este tipo de procedimientos dificulta una gestión ágil. De hecho, a la salida, algunas personas advirtieron de que, a este ritmo, sería difícil gestionar un volumen que supera las 500.000 solicitudes: 250.000 correspondientes a personas que iniciaron procedimientos de protección internacional aún sin resolver y otras 250.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular.

No obstante, la tensión en este departamento no es nueva. Las Oficinas de Extranjería "han protagonizado concentraciones y huelgas desde abril de 2025" por "las bajas retribuciones y la sobrecarga estructural del servicio", según comunicó CCOO la semana pasada. De hecho, habían convocado otra huelga coincidiendo con el pistoletazo de inicio del proceso de regularización. Sin embargo, la huelga fue finalmente desconvocada tras alcanzarse un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El pacto contemplaba mejoras retributivas a partir del 1 de julio —de más del 10%, de media, y de hasta el 18% en los niveles más bajos— y otros compromisos organizativos. Un acuerdo que desde CCOO calificaron como "hito sin precedentes", ya que por "primera vez" un organismo completo recibe un incremento retributivo mediante un sistema de productividad por objetivos, equiparándose así a otros ámbitos de la Administración General del Estado. No obstante, también refleja que su aprobación, a contrarreloj y en vísperas del arranque de la regularización, evidenciaba la urgencia del Gobierno por evitar el colapso de un servicio con déficit de empleados públicos.

Función Pública reconoce la falta de funcionarios

En paralelo a la regularización, el Ministerio de Función Pública está negociando con los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CCOO, CSIF y UGT— la Oferta de Empleo Público de 2026. La última reunión se ha producido este martes y, aunque Función Pública sigue sin concretar el volumen final de plazas, su propuesta pasará por "el refuerzo de las plantillas en las unidades tensionadas, es decir: el SEPE, las instituciones penitenciarias, la Seguridad Social y las Oficinas de Extranjería", según ha trasladado UGT en un comunicado tras la reunión.

En este sentido, el reconocimiento por parte del Ministerio de Función Pública de la necesidad de reforzar las denominadas unidades "tensionadas" no se limita a las Oficinas de Extranjería, sino que también incluye a las instituciones penitenciarias, donde alrededor de 3.500 personas en prisión preventiva podrán iniciar el proceso de regularización si cumplen los requisitos.

Ante ello, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido de que su regularización introducirá "un nuevo elemento de tensión" en el sistema migratorio. En concreto, el sindicato ha señalado que el modelo arrastra disfunciones estructurales en el desfase entre las órdenes de expulsión dictadas y las que finalmente se ejecutan y han alertado de que ampliar el acceso a estos procedimientos sin reforzar los recursos administrativos puede derivar en un "colapso" del sistema.