Es sabido que, cuando aprietan los calores –y no me refiero sólo a los atmosféricos–, a Pedro Sánchez le sobreviene una pulsión epistolar. Ora enamorado, ora indignado, casi siempre victimizado, el presidente ha convertido la carta en un género político propio: mitad confesión sentimental, mitad advertencia institucional, mitad llamada a filas. Tres mitades, como corresponde a estos tiempos de geometría moral flexible.
No sería extraño, por tanto, que tras la inspiración recibida del mismísimo papa León XIV, y aprovechando las horas de vuelo de regreso a Madrid, el presidente comenzara a pergeñar una nueva encíclica laica para hacer frente al paisaje que le esperaba al aterrizar: las causas que afectan a su entorno familiar (esposa y hermano), el caso Koldo y Ábalos, las sospechas sobre posibles maniobras de fontanería política, los procedimientos sobre hidrocarburos, las investigaciones sobre Zapatero, las investigaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas al PSOE y todo lo que, previsiblemente, irá decantándose de aquí al verano, como el supuesto informe sobre el ministro Torres. Ese verano que en la política española opera como bálsamo, como cortina y, a veces, como amnesia.
La lista no es menor. Y conviene tenerla presente no por afán de ruido, sino por sentido de realidad. Al menos yo, que nací y viví mi niñez antes del 78, no recuerdo desde que tengo uso de razón una situación política e institucional comparable a la que vivimos desde el inicio de esta legislatura.
Porque lo que está ocurriendo hoy no llega del vacío. Antes vinieron la amnistía a los condenados y encausados del procés, las cesiones al nacionalismo vasco con beneficios penitenciarios, acercamientos o excarcelaciones derivadas de una política penitenciaria pactada o consentida, el giro inexplicado sobre el Sáhara, la ausencia de presupuestos durante años, las condonaciones y dádivas territoriales, y una forma de gobernar en la que el interés general parece haber sido sustituido por la aritmética de supervivencia.
Sánchez es un político formidable en convertir cada dificultad propia en una amenaza colectiva
Tampoco conviene olvidar las pequeñas cosas, que son pequeñas sólo para quien no las padece: la degradación del servicio ferroviario, el arrastrar de pies en la dana y en la lucha contra el narco onubense, el inexplicado apagón, la desesperante lentitud en la homologación de títulos de profesionales extranjeros –incluidos médicos que el sistema necesita– esperando durante años mientras regularizamos a cientos de miles de inmigrantes sin formación en tres meses, la negativa a deflactar el IRPF mientras la inflación multiplicaba la recaudación, la subida constante de impuestos y la colonización de instituciones, organismos y empresas públicas. La última, una nueva concesión televisiva al ecosistema de afinidades del poder. Otro Plus Ultra en potencia.
Con todo, no todo lo hecho por este Gobierno está mal. Sería injusto negarlo. La subida del salario mínimo o determinadas posiciones sociales e internacionales pueden ser defendibles. Pero la balanza, tomada en su conjunto, no hay fanático que la equilibre.
Todo presuntamente, claro. Cuando no sean bulos. O fango. O lawfare. El vocabulario ya lo conocemos.
Pero volvamos a la carta que acaso fluya ya de la meliflua pluma presidencial. Que tiemble el Partido Popular, porque esta vez la epístola, si llega, no será una carta íntima ni una pausa emocional. Será probablemente un manifiesto. Una llamada a reagrupar a la izquierda alrededor de la figura del presidente y a convertir sus problemas judiciales, políticos y familiares en una causa general contra la derecha, los jueces, los medios y los poderes oscuros de siempre. Podría sonar más o menos así:
"Ciudadanos: en los últimos meses, la democracia española está siendo sometida a una ofensiva sistemática de la derecha y la ultraderecha, aliadas con sectores reaccionarios del poder judicial y mediático, cuyo único objetivo es destruir el avance progresista logrado durante estos años. No buscan atacar a un presidente, sino derribar un proyecto de país. No persiguen a una persona, sino al PSOE, a la izquierda y a la España social.
La Constitución de 1978 fue útil para cerrar una etapa, pero hoy resulta insuficiente para una sociedad plural, diversa y plurinacional que reclama nuevas respuestas. El modelo del 78 está fatigado y acosado. La mayoría de nuestros ciudadanos de hoy ni siquiera tuvo la oportunidad de expresar su conformidad, superada hoy por una realidad plurinacional a duras penas reflejada en aquella Constitución de compromiso para superar la dictadura. Piden elecciones, sí, pero ha llegado el momento de abrir un nuevo tiempo constituyente. Un tiempo que permita modernizar nuestra democracia, reconocer definitivamente la realidad territorial de la España plurinacional o federal, debatir sin miedo sobre la forma de Estado y blindar los derechos sociales frente a la amenaza reaccionaria: el aborto, la sanidad pública, las garantía pensiones, el respecto a la diversidad y tantas otras conquistas progresistas.
Por eso, cuando llegue el momento, propondré a todos los partidos progresistas y plurinacionales concurrir juntos en una gran alianza democrática para ofrecer a los españoles una alternativa clara: o retroceso o progreso; o involución o derechos; o reacción o democracia. Ahora es el momento, también como ciudadanos, de movilizarnos reclamando el cese de esta persecución, de este ruido insoportable que nos impide concentrarnos en lo importante”.
Nada más y nada menos. Contra el fango, épica. Contra la sospecha, plebiscito. Contra los sumarios, relato. Contra la erosión moral, movilización.
Supongo que el lector también puede imaginarlo. No le descubro nada. Después de tantos trucos de magia repetidos una y otra vez, al espectador ya no le sorprende el prestidigitador. Sánchez es un político formidable en una cosa: convertir cada dificultad propia en una amenaza colectiva. Lo hizo con la carta de los cinco días. Lo hizo con la regeneración democrática. Lo ha hecho cada vez que el cerco político o judicial se ha estrechado a su alrededor.
La tentación ahora será aún mayor: transformar la defensa personal en frente político; convertir la exigencia de responsabilidades en persecución; presentar la alternancia democrática como una amenaza reaccionaria; y reagrupar a todas las izquierdas, nacionalismos y populismos en una candidatura o bloque de salvación frente a una derecha descrita no como adversario, sino como peligro existencial.
España ya conoce los riesgos de dividir la vida pública entre demócratas oficiales y enemigos de la democracia. Nuestra historia debería vacunarnos contra esa pulsión.
No sé cuándo llegará la carta. Momentos no faltarán. Puede ser tras un nuevo auto judicial, después de una entrada inesperada en prisión, ante una declaración incómoda de procesamiento, ante cualquier episodio que permita levantar el telón de una nueva representación. Lo importante no será el pretexto, sino la operación política: pedir a los españoles que dejen de mirar los hechos y vuelvan a mirar al enemigo.
Mientras tanto, a los ciudadanos nos corresponde algo más exigente que esperar sentencias. Naturalmente, hay que respetar a los jueces y sus resoluciones. Pero la vida pública no puede reducirse al Código Penal. Hay responsabilidades que no necesitan sentencia firme para ser juzgadas políticamente. Hay conductas que pueden no ser delito y, sin embargo, resultar intolerables y podemos juzgar solo con principios y valores. Hay degradaciones institucionales que no caben en un auto, pero sí en la conciencia cívica de un país.
No necesitamos que un juez nos diga si es sano que un Gobierno viva rodeado de causas, favores, cesiones, sospechas y explicaciones pendientes. No necesitamos una sentencia para comprender que la democracia se debilita cuando el poder confunde su supervivencia con el interés general. No necesitamos un procedimiento penal para advertir que la verdad pública ha sido sustituida por una estrategia permanente de resistencia.
Se nos viene una carta. Puede que sólo sea otra carta. O puede que sea el prólogo de algo más profundo: una nueva huida hacia adelante, un intento de plebiscitar la impunidad política y de envolver en banderas progresistas lo que, en cualquier democracia madura, exigiría explicaciones, responsabilidades y límites.
Bienvenido el verano. Aunque esta vez quizá ni el verano alcance para taparlo todo.
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