El abogado de Plus Ultra utilizó empresas pantalla para formar parte de la aerolínea rescatada por 53 millones durante la pandemia y a la vez de otra aerolínea de la que también es socio un empresario vinculado a Chávez. Santiago Fernández Lena, imputado en la Audiencia Nacional por el juez José Luis Calama en el marco del "caso Plus Ultra", era el abogado principal de la compañía bajo investigación.
A medida que avanza la investigación judicial, los hilos que conectan a la cúpula de Plus Ultra con intereses en Venezuela se vuelven más evidentes. Según los documentos de la causa a los que ha tenido acceso El Independiente, Fernández Lena desempeñaba un papel fundamental como consejero no delegado de Plus Ultra, cargo que fue renovado el 20 de marzo de 2020, justo en los inicios de la crisis sanitaria que desembocó en el rescate estatal.
El salto a Aura Airlines y la conexión con Biaggi
Mientras se consolidaba su posición en Plus Ultra, Fernández Lena expandía sus intereses en el sector aeronáutico mediante maniobras societarias bajo sospecha. El 7 de marzo de 2020, apenas días antes del confinamiento general, la empresa Aura Airlines (anteriormente conocida como Gowair) sufrió un cambio radical en su estructura de control.
Tal y como detalla los actos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), el equipo principal de Aura Airlines cesó en sus funciones para dar paso a nuevos propietarios. La adquisición se realizó a través de dos frentes, Por un lado, Santiago Fernández Lena utilizó una empresa instrumental denominada Invergestion Aviacion SL, de la cual era titular. Por otro lado, entró en escena Julio José Márquez Biaggi, una figura clave en el sector de la aviación venezolana.
Márquez Biaggi es el propietario de Sky Airlines y Sky Airlines Travel. Ambas empresas con sede social en Venezuela, y dueño de Transcarga International Airways. La mayor aerolínea de carga no regular del país. Esta alianza en Aura Airlines sitúa al abogado de Plus Ultra en una relación societaria directa con un empresario de peso vinculado al entorno venezolano.
Líneas aéreas venezolanas
De hecho, los registros oficiales muestran que el 7 de febrero de 2020 se produjeron ceses y nombramientos significativos en este entorno, donde Fernández Lena fue nombrado secretario no consejero. Márquez Biaggi asumió como consejero, coincidiendo con la entrada de Invergestion Aviacion SL como consejero, presidente y consejero delegado.
La importancia de Julio José Márquez Biaggi en este entramado no es circunstancial, sino que refuerza el componente venezolano en los negocios del abogado de Plus Ultra. Márquez Biaggi es una figura prominente en el sector aeronáutico del país caribeño, donde es dueño de Sky Airlines y Sky Airlines Travel, compañías que mantienen su sede social en Venezuela.
Además, ostenta la propiedad de Transcargas International Airways, consolidada como la mayor aerolínea de carga no regular del país. Esta alianza estratégica, sellada justo antes del inicio de la pandemia, vincula directamente a Fernández Lena con un empresario al que las investigaciones sitúan en el entorno de influencia del chavismo, cerrando un círculo de intereses que conecta la asistencia estatal en España con redes de poder en Caracas.
La "Sala Situacional PULA"
La dualidad de Fernández Lena, operando "a dos bandas" entre Plus Ultra y Gowair (Aura Airlines), generó tensiones internas que quedaron registradas en las comunicaciones de la cúpula de la aerolínea. En un grupo de WhatsApp denominado 'Sala Situacional PULA', utilizado para coordinar decisiones estratégicas, los directivos expresaron su preocupación por posibles fugas de información.
En una conversación del 9 de septiembre de 2020, el directivo Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, alertaba a otros accionistas Alejandro Delgado, Raif El Arigia y Rodolfo Reyes. Roselli advertía que "los de Gowair saben todo lo que hacemos", señalando directamente que la información confidencial del comité estaba llegando a la competencia. En este contexto, se mencionaba que Fernández Lena había confirmado la existencia de esta fuga, mientras que las sospechas de filtración recaían sobre Hugo Castaño Vega, piloto y consejero de Plus Ultra.
Es en estas comunicaciones donde aparece una referencia clave: "incluso que Zapa es nuestro contacto", en lo que parece ser una alusión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el magistrado sitúa como presunto líder de una trama para interceder en el rescate de la aerolínea.
Empresas pantalla y facturación simulada
La investigación de la UDEF y el análisis de los dispositivos intervenidos a Fernández Lena han revelado una operativa diseñada para canalizar fondos de manera opaca. El abogado no solo utilizaba Invergestion Aviacion SL, sino que controlaba de facto la sociedad Caletón Consultores SL, a pesar de no tener una vinculación formal con ella.
Según los indicios judiciales, Caletón Consultores SL operaba como una sociedad instrumental para desviar fondos de Plus Ultra hacia empresas del entorno de Julio Martínez Martínez mediante facturación simulada y contratos ad hoc. El propio Fernández Lena, en un archivo hallado en su disco duro, admitía que la mercantil "no tiene programas" ni actividad profesional que justificara las facturas emitidas, reconociendo que se usaba para "diluir operaciones" y dar apariencia de actividad.
Entre las pruebas halladas figuran borradores de contratos, facturas de Caletón Consultores y justificantes de transferencias bancarias. Fernández Lena las gestionaba personalmente, ajustando los documentos para darles una apariencia formal ante posibles inspecciones.
Blanqueo y tráfico de influencias
El juez Calama sustenta la imputación de diversos implicados en delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. El foco principal sigue siendo el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI en marzo de 2021. Una ayuda que ahora se analiza bajo la lupa de estas conexiones venezolanas y las operativas de ingeniería financiera lideradas por el abogado de la compañía.
Con Fernández Lena en el centro de esta red de empresas pantalla y vínculos con el sector aeronáutico venezolano, el caso Plus Ultra entra en una fase determinante para esclarecer si el dinero público sirvió para sostener una estructura plagada de irregularidades.
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