El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha confirmado este jueves que la compañía ha dado los primeros pasos legales para recuperar las pérdidas derivadas del apagón del pasado 28 de abril de 2025. Para ello, la firma envió la semana pasada sendos burofaxes a Red Eléctrica y a las empresas distribuidoras con las que mantiene contratos de suministro.
Imaz, durante la conferencia de analistas tras la presentación de resultados del primer trimestre de 2026, ha avanzado que ya se han remitido estos requerimientos. Según establece la normativa, el objetivo es tratar de lograr un acuerdo extrajudicial; en caso de no alcanzarlo, la petrolera continuará con la correspondiente demanda judicial.
El directivo ha señalado que en la compañía están "totalmente comprometidos" con este proceso para recuperar los daños y perjuicios causados. Asimismo, ha recordado que en 2022 el Tribunal Supremo dictó una resolución favorable a la compañía en la que ratificó una indemnización a su filial Petronor de 18 millones de euros por el impacto de un apagón ocurrido años antes.
Críticas a la CNMC y seguridad jurídica
El CEO de Repsol ha apuntado que confía en el sistema de justicia español y que cuentan con un "caso sólido" que, espera, les permitirá ser "totalmente compensados". No obstante, considera que la tarea del juzgado será "más complicada" esta vez porque el regulador, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), a su juicio, no ha cumplido con sus tareas de un modo eficiente.
En este sentido, Josu Jon Imaz ha señalado que tiene la impresión de que la CNMC ha usado "la teoría del ventilador", mezclando problemas "muy graves" que afectan al suministro -presuntamente responsabilidad del operador del sistema- con docenas de deficiencias menores producidas en un periodo de dos años. Según el directivo, esta gestión de la administración "ha generado confusión" en el proceso técnico y legal.
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