El absentismo laboral se ha vuelto uno de los principales debates promovidos por las organizaciones empresariales con el Gobierno y los sindicatos. Un fenómeno que aumenta año a año y que resta horas de trabajo a las compañías, obliga a las plantillas a cubrir los puestos de los compañeros que no acuden a trabajar y eleva los costes tanto para las empresas como para la Seguridad Social. El problema es que bajo la etiqueta de absentismo conviven realidades distintas: mientras los empresarios incluyen las bajas por incapacidad temporal, los sindicatos reclaman que estas ausencias no se contabilicen como absentismo porque responden a un derecho de los trabajadores. Separar ambos conceptos permite dimensionar cuánto trabajo se deja realmente de realizar por cada uno de ellos.
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Según los cálculos elaborados por El Independiente a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) y la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el absentismo (una vez excluidas las bajas laborales, las vacaciones y los festivos) supuso la pérdida de 337,9 millones de horas de trabajo entre enero y junio de 2026. Este volumen equivale al trabajo que habrían realizado 334.714 empleados a tiempo completo durante todo el semestre. Es decir, el absentismo en sentido estricto —sin contabilizar las ausencias por incapacidad temporal ni los periodos en los que directamente no estaba previsto trabajar— se traduce en el equivalente a 335.000 empleos a tiempo completo durante seis meses.

Por su parte, las bajas laborales representan un volumen de horas superior. Aunque los sindicatos rechazan que las incapacidades temporales se incorporen al absentismo precisamente porque se trata de un derecho de los trabajadores cuando existe una causa médica que impide acudir al puesto, su impacto sobre el tiempo efectivamente trabajado sí puede medirse a partir de la ETCL. En el primer semestre, las bajas por incapacidad temporal supusieron 1.142,6 millones de horas de trabajo que no llegaron a realizarse, un volumen equivalente a 1,13 millones de empleos a tiempo completo durante seis meses.

El absentismo equivale al 6,4% de la ocupación

Para obtener estas cifras, El Independiente parte de las horas no trabajadas que recoge la ETCL y descuenta las correspondientes a vacaciones y festivos. El resultado permite aislar las horas de absentismo que no obedecen ni a periodos de descanso programados ni a una baja médica.

En el primer trimestre fueron 11 horas por trabajador al mes y en el segundo, 10,9 horas. Al trasladar estas medias a los tres meses de cada trimestre y aplicarlas al número de ocupados de la EPA —22,3 millones en el primero y 22,8 millones en el segundo—, se obtiene el volumen total de horas perdidas. Y el mismo procedimiento se aplica a las horas de incapacidad temporal.

Finalmente, ambos resultados se convierten en empleos equivalentes utilizando las 1.009,5 horas que corresponden a una jornada a tiempo completo durante los seis primeros meses del año. El resultado es de 1.480,5 millones de horas no trabajadas sumando absentismo e incapacidad temporal, equivalentes a 1,47 millones de empleos a tiempo completo durante un semestre.

¿Qué supone este volumen si se compara con el conjunto del mercado laboral? Las 1.480,5 millones de horas perdidas equivalen al trabajo que habrían realizado, durante esos seis meses, el 6,4% de las personas ocupadas en España. Es decir, por cada 100 personas que estaban trabajando en el segundo trimestre, el volumen de horas que no llegaron a realizarse por absentismo o incapacidad temporal durante el semestre equivale al trabajo de 6,4 trabajadores a tiempo completo durante todo ese periodo.

Parálisis de soluciones

Con estos datos, las organizaciones empresariales piden urgencia. Sin embargo, el debate lleva meses sobre la mesa sin que Gobierno, empresas y sindicatos hayan cerrado una respuesta común. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) reclamó en febrero una gestión más activa de las bajas por parte del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y un refuerzo de la supervisión y coordinación de la incapacidad temporal para evitar que los procesos se prolongasen más de lo necesario. Ese mismo mes, el Ministerio que dirige Elma Saiz llevó al diálogo social la creación de un Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal para analizar la evolución de las bajas, sus causas y la gestión de la prestación.

Garamendi (CEOE) y Feijóo (PP) proponen cambios

Pero, desde entonces, las cosas no se han movido y las organizaciones empresariales han elevado la presión para modificar el reparto de costes. En junio, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamó que la Seguridad Social asumiera el coste íntegro de los primeros 15 días de las bajas por contingencias comunes (es decir, aquellas que no se producen por motivos relacionados con el trabajo) y que el Estado asumiera las cotizaciones y la prestación que actualmente soportan las empresas entre los días 4 y 15. También planteó exonerar a las compañías de las cotizaciones por contingencias comunes en las bajas que superen los 365 días y bonificar las cotizaciones de los contratos de sustitución.

Además, el debate ha saltado también al terreno político. En julio, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió reformar su regulación y cuestionó que una persona que no acudiera a trabajar pudiera "cobrar lo mismo que cuando va a trabajar". No obstante, un día después, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, matizó sus palabras y aseguró que el planteamiento se refería únicamente a los casos de fraude, no a los trabajadores enfermos, y que el partido no proponía reducir el salario de quienes estuvieran de baja médica.

Más recientemente, este martes, Feijóo ha vuelto a entrar en el debate, defendiendo que las mutuas puedan dar el alta a los trabajadores de baja "en determinadas patologías". De esta forma, los populares abren la puerta a una reclamación histórica de la patronal. Aunque las mutuas ya pueden dar el alta cuando se trata de enfermedades de origen profesional —las causadas por el trabajo—, en las contingencias comunes actualmente solo pueden proponer el alta, que debe ser decidida por el médico del sistema público. Por tanto, la propuesta del PP ampliaría esta capacidad y permitiría a las mutuas dar directamente el alta también en determinados procesos por contingencias comunes.