El deterioro de la salud de los padres al alcanzar edades avanzadas o situaciones de dependencia acaba obligando, en muchos hogares, a que uno de los hijos aparque su carrera profesional para volcarse en los cuidados a tiempo completo. Al dejar de trabajar y pasar a depender económicamente de la pensión del familiar, la muerte del progenitor deja a estas personas en una situación de vulnerabilidad al encontrarse sin empleo, sin historial reciente de cotización y sin ingresos para salir adelante.
PUBLICIDAD

En este contexto, se ha hablado mucho de la concesión por parte de la Seguridad Social de una "pensión vitalicia" para los hijos mayores de 45 años que hayan atendido a sus padres. La realidad es algo más compleja. No existe ningún decreto reciente ni una nueva ayuda creada para abonar un sueldo por cuidar a un familiar. Se trata de una figura jurídica antigua cuyo acceso está limitado a quienes cumplen estrictamente todos los requisitos legales.

Qué es la pensión en favor de familiares y por qué no es "una paga por cuidar a los padres"

La prestación que se menciona es la pensión en favor de familiares. Se trata de una prestación contributiva regulada en el artículo 226 de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo texto original se remonta al Decreto 1646/1972.

A diferencia de lo que se dice, esta pensión no nace como una recompensa al cuidado de los padres. Su finalidad es ofrecer protección económica a personas que dependían de la renta del difunto y que carecen de medios propios de subsistencia. Funciona así como una modalidad de protección contributiva para familiares en situación de necesidad tras el fallecimiento del causante.

Los requisitos y matices para cobrar la pensión vitalicia

Para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) apruebe esta paga vitalicia, la persona solicitante debe cumplir una lista de condiciones en la fecha exacta del fallecimiento del causante:

  • Edad y estado civil: ser mayor de 45 años y figurar como soltero, viudo, divorciado o separado judicialmente.
  • Convivencia y cuidados: demostrar mediante certificado de empadronamiento haber convivido con el progenitor durante los dos años inmediatamente anteriores al deceso y haberle prestado cuidados de forma prolongada.
  • Dependencia económica e ingresos: acreditar la carencia de medios de subsistencia y la dependencia económica del fallecido. Como referencia para evaluar la falta de recursos, sus ingresos anuales no deben superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 17.094 euros anuales para 2026.
  • Sin otras pensiones: no tener derecho a otra pensión pública contributiva (como la de jubilación o una incapacidad permanente).

El cumplimiento de la edad no admite atenuantes ni interpretación flexible. El Supremo determina que el requisito de los 45 años es una condición estricta que debe cumplirse el día del fallecimiento.

Además, la concesión también puede verse afectada si existen otros familiares con obligación legal y capacidad económica para prestar alimentos al solicitante. En cada expediente, el INSS comprueba si concurren estas circunstancias y valora la capacidad financiera del entorno familiar antes de resolver.

Cuánto se cobra por la pensión y condiciones del progenitor fallecido

Para reconocer esta pensión, la Seguridad Social también comprueba la situación del progenitor fallecido. En el caso de los hijos mayores de 45 años, la prestación está prevista para descendientes de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente contributiva. También para determinados trabajadores que, al fallecer, reunían los requisitos para acceder a esas pensiones o se encontraban con el expediente de incapacidad pendiente de resolución.

Los periodos de cotización exigibles varían en función de si el causante se encontraba en alta, en situación asimilada al alta o fuera de ella, excepto en los fallecimientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, donde no se requiere carencia previa.

En cuanto al importe que se percibe cada mes, se calcula aplicando porcentajes sobre la base reguladora del difunto:

  • Cuantía básica (20 %): es el porcentaje general fijado por ley que se concede al beneficiario, repartido en 14 pagas (12 mensualidades ordinarias más las pagas extraordinarias de junio y noviembre).
  • Incremento legal por viudedad: cuando no exista cónyuge superviviente ni hijos con derecho a pensión de orfandad, el porcentaje del 20 % puede incrementarse con el 52 % correspondiente a la viudedad, según el orden de preferencia y los límites legales aplicables en cada supuesto.
  • Mínimos garantizados: para el supuesto de un único beneficiario menor de 65 años cuando no existen viuda ni huérfanos pensionistas, la normativa de revalorización de pensiones fija para 2026 una cuantía mínima anual de 9.126,60 euros (unos 651,90 euros mensuales en 14 pagas). El importe queda condicionado de forma estricta a no superar los límites de ingresos establecidos para el reconocimiento del complemento a mínimos.

Cómo solicitar la pensión y plazos existentes

Según los datos de la nómina de pensiones publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España se abonan 46.985 pensiones en favor de familiares dentro de un sistema global que supera los 10,54 millones de prestaciones contributivas. Esta categoría representa aproximadamente un 0,45 % del total nacional y supone una nómina mensual conjunta de 38,8 millones de euros.

El procedimiento de solicitud debe formalizarse directamente ante el INSS mediante los siguientes pasos:

  1. Vía telemática: a través del portal oficial de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.
  2. Vía presencial: solicitando cita previa en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).
  3. Documentación necesaria: presentar el documento de identidad, libro de familia o certificado del Registro Civil para verificar el parentesco y estado civil. También el certificado de empadronamiento histórico que demuestre la convivencia ininterrumpida de al menos dos años y la documentación acreditativa de ingresos y rentas.

Aunque la normativa permite iniciar el trámite en cualquier momento tras el deceso, si la solicitud se presenta transcurridos más de tres meses desde el fallecimiento, la Seguridad Social limita la retroactividad económica del cobro de atrasos a un máximo de tres meses anteriores a la fecha de solicitud.

Durante el mismo procedimiento, además, la persona que haya soportado los gastos del entierro puede reclamar el auxilio por defunción, una prestación de pago único de 46,50 euros que cuenta con un plazo de prescripción de cinco años.