La cotización de Indra en bolsa ha reaccionado a la baja ante la exclusiva de El Independiente de que la Fiscalía Anticorrupción está investigando la adjudicación de más de 6.000 millones de euros en préstamos para la financiación de programas militares del Ministerio de Defensa. Así, la compañía ha perdido un 12% desde la apertura del lunes. La compañía inició la semana en los 58,50 euros y ha cerrado este jueves en los 51,40 euros la acción. De esta manera, Indra se ha dejado más de 1.200 millones de euros en capitalización tras las salidas de inversores, a menos de una semana del plan estratégico que presentará Josep María Recasens, CEO de Indra, junto a su presidente no ejecutivo, Ángel Simón, el próximo 25 de noviembre.

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Y, concretamente, como no podía ser de otra manera, el mayor accionista es el principal perjudicado. En este caso, el Estado, que pierde 340 millones de euros de valorización con su participación. Es decir, el contribuyente pierde 340 millones de euros en tan solo cuatro días de bolsa. En Indra, una "empresa estratégica" para el Gobierno, mantiene un 28% de propiedad a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), perteneciente al Ministerio de Hacienda. Esta participación estratégica que aumentó en febrero 2022 a las puertas de la guerra de Ucrania le permite mantenerse en el Consejo de Administración con tres consejeros dominicales, concediéndole un poder que otros accionistas no tienen para nombrar o cesar directivos. La operación en la que se incrementó un 9,29% la propiedad del Gobierno en Indra se cerró con un precio medio de 10,57 euros por acción. La operación costó 173 millones de euros para adquirir 16,4 millones de acciones. De esta forma, la participación de Hacienda en Indra, de la que emana la SEPI, pasaba del 18,71% al 28%.

La denuncia recoge una decena de adjudicaciones de Defensa a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), en solitario o junto a Indra mediante una Unión Temporal de Empresas (UTE). Aunque la respuesta ante esta noticia no solo ha sido bursátil, ya que la industria reaccionó con "sorpresa". Tal y como comentaron distintas fuentes del sector a El Independiente, la investigación genera un "sensación de incertidumbre".

La investigación inquieta a la industria porque afecta a los mayores contratos adjudicados el año anterior, ejercicio en el que Defensa abrió el grifo presupuestario para alcanzar los objetivos acordados con la OTAN. Entre ellos, los dos programas de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas de 7.200 millones de euros. Los dos programas más grandes e importantes del año 2025. La adjudicación de estos programas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) e Indra llevó a Santa Bárbara Sistemas a, con todos los métodos, tratar de frenar los programas ya que consideraban que no fueron invitados a la licitación de la contratación.

Mientras Ángel Escribano era presidente de Indra, en su última semana en la cúpula de la tecnológica, firmó un memorando de entendimiento con la surcoreana Hanwha para emplear el diseño de los obuses K9. Esta decisión, aplaudida en las oficinas de Alcobendas, fue también criticada por algunos sectores militares e industriales, ya que uno de los objetivos de los PEM era utilizar tecnología nacional, en lugar de buscar la industria fuera de España.