Construir edificios más altos, rehabilitar y despolitizar: los arquitectos plantean un pacto estructural para la crisis de la vivienda

La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera, ha reclamado un acuerdo político estable que permita abordar la crisis de la vivienda con medidas sostenidas en el tiempo, alejadas del ciclo electoral. En una entrevista concedida a la Agencia EFE, ha advertido de que el problema exige una respuesta “urgente” y coordinada entre administraciones.

Vall-llossera ha insistido en que la vivienda, como derecho constitucional, requiere políticas duraderas y un enfoque técnico que supere la confrontación política. “No podemos mirar para otro lado”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado la responsabilidad compartida de todas las administraciones ante una situación que se ha agravado por la falta de continuidad en las políticas públicas.

La presidenta del CSCAE ha alertado de que el déficit de vivienda, unido al crecimiento sostenido de la demanda, está presionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente para jóvenes y colectivos con menos recursos. A su juicio, la respuesta debe articularse a corto, medio y largo plazo, con medidas que aporten seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

246.000 viviendas al año y un déficit acumulado

Según Vall-llossera, España necesita construir unas 246.000 viviendas anuales para absorber la creación de nuevos hogares prevista hasta 2039, estimada en 3,7 millones por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A esta cifra se suma un déficit acumulado de entre 400.000 y 700.000 viviendas que, pese al aumento de visados, sigue sin cerrarse.

En este contexto, Vall-llossera defiende la construcción industrializada como una vía para acortar plazos y paliar la falta de mano de obra en el sector, además de facilitar la incorporación de nuevos perfiles profesionales.

También advierte del impacto que puede tener la actual crisis en Oriente Medio sobre los costes de construcción. El encarecimiento de materiales, la inflación y los tipos de interés pueden trasladarse al precio final de la vivienda, tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Revisar la fiscalidad y flexibilizar el planeamiento

La fiscalidad es, a su juicio, otro de los factores clave. Con una carga impositiva cercana al 30% del precio de una vivienda, se hace necesario revisarla para facilitar el acceso, especialmente a la primera vivienda.

Entre las propuestas del sector, ha citado la reforma de la ley del suelo, un planeamiento más flexible, la disponibilidad de suelo finalista y una mayor agilidad administrativa. Ha denunciado que la complejidad normativa y la lentitud de los procesos urbanísticos actúan como un freno para el desarrollo de nuevos proyectos.

En este marco, ha abierto la puerta a estudiar un aumento de la altura de los edificios en determinadas zonas, aunque ha precisado que se trata de una medida condicionada por el planeamiento urbano y la capacidad de los servicios básicos.

Asimismo, ha reclamado una regulación de las viviendas turísticas para evitar efectos como el encarecimiento de precios, la alteración del tejido social o la pérdida de identidad en las ciudades.

Rehabilitación y cambio de cultura

Vall-llossera ha puesto el acento en el envejecimiento del parque residencial español, uno de los más antiguos de Europa, y ha lamentado la escasa cultura de rehabilitación. “Mantenemos el coche, pero nos olvidamos de la vivienda”, ha resumido.

En este sentido, ha defendido mantener incentivos fiscales estables y abordar la rehabilitación desde una perspectiva integral que incluya seguridad estructural, accesibilidad, funcionalidad y eficiencia energética.

Finalmente, ha apostado por ampliar los entornos urbanos más allá de las grandes ciudades, siempre que se garantice una buena conexión y servicios, y por incorporar criterios de prevención ante riesgos asociados al cambio climático y al aumento del coste de la energía.