El tiempo corre y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones casi dos años por la falta de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para su renovación, sigue haciendo nombramientos discrecionales. Además de las designaciones previstas para el Pleno de noviembre, en el horizonte están las plazas de cuatro magistrados del Tribunal Supremo (de las Salas Civil y Contencioso-Administrativo) que quedarán vacantes por jubilación.

En los dos últimos Plenos de septiembre y octubre salieron adelante, con un amplio consenso de 19 votos a favor y dos en blanco, 14 nombramientos para puestos clave del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades.

Los vocales del órgano de gobierno de los jueces han llegado a un acuerdo tácito para seguir haciendo nombramientos en bloque, uniendo los votos de los miembros conservadores y progresistas, mientras la renovación del órgano siga bloqueada. Los próximos nombramientos -que se sacarían del orden del día del Pleno de noviembre en caso de que Gobierno y PP alcancen un acuerdo- son las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; de la Audiencia Provincial de Cáceres; una plaza de magistrado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y otra de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Asturias.

Además, según trasladan fuentes del órgano de gobierno de los jueces a El Independiente, próximamente habrá que designar a los magistrados que sustituyan a Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala Civil del Supremo que se ha jubilado esta semana, así como al magistrado Eduardo Baena Ruiz, que dejará también la Sala Primera por el mismo motivo. En la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal también se jubilan los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego.

Decisión inminente

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, paralizó los nombramientos en verano ante la posibilidad de un acuerdo de renovación entre PSOE y PP que estuvo a punto entre julio y agosto y finalmente se truncó.

En septiembre, a la vista de que ese acuerdo no llegaba, Lesmes acordó (según está previsto en sus funciones y en la de los miembros del Consejo aunque hayan cumplido su mandato) retomar los nombramientos.

Según trasladaron fuentes conocedoras de las negociaciones políticas a El Independiente, Gobierno y PP esperan poder anunciar una renovación de manera inminente. Quieren que sea antes del 4 de diciembre, cuando se cumplen dos años del órgano en funciones. Mientras tanto, los vocales están dispuestos a seguir haciendo designaciones con el mayor consenso posible.