El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado al Ministerio del Interior a hacer público el expediente con el que acordó la progresión a segundo grado y trasladar a la cárcel de Logroño a los etarras Harriet Iragui Gurruchaga y Juan Antonio Olarra Guridi, autor material e inductor, respectivamente, del asesinato de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha admitido el recurso el recurso contra las progresiones y traslados de los dos miembros de ETA que presentó Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado y presidente de la asociación Dignidad y Justicia, como adelantó El Mundo y ha confirmado El Independiente.
En la resolución judicial con fecha de 9 de junio a la que ha tenido acceso este diario, los magistrados requieren al Ministerio del Interior la remisión, "en el plazo improrrogable de 20 días desde que la comunicación judicial tenga entrada en su registro general, del expediente administrativo original o copiado, completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga, notificándose la resolución que ordene la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo, emplazándoles conforme al art. 49 LRJCA para que puedan comparecer ante este órgano judicial en el plazo de nueve días".
Justificar los motivos
De esta manera, obliga al ministerio de Grande-Marlaska a enviar la justificación para acercar a estos dos presos de las cárceles de Castellón y Granada a la de Logroño y las razones por las que se les concedió el segundo grado penitenciario.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo están siendo muy críticas con la política de acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco por parte del Gobierno. Sospechan que, en algunos casos, se están acordando incluso contra el criterio de los centros penitenciarios. De ahí que les parezca importante conocer los expedientes y consideren que esta resolución judicial abre el camino a que se tenga que hacer con otros casos.
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