El módulo 15, una década a la espera de los presos de ETA en Zaballa

Es el módulo número 15. Hasta hace apenas un año estaba vacío. Así llevaba prácticamente desde la inauguración de la cárcel de Zaballa en 2011. Se trata del centro penitenciario más moderno y grande de Euskadi y el único con capacidad para acoger aún a un mayor número de internos. Cuando se puso en marcha la idea era poder un día absorber un posible movimiento en la política penitenciaria, un final de la dispersión de los cientos de presos de ETA que cumplen sus condenas en cárceles alejadas del País Vasco. Actualmente rondan los 150.

Zaballa cuenta con 15 módulos y el último es el que se había pensado como una posible solución a la llegada de internos de la banda a centros penitenciarios vascos. Ha pasado una década y en los últimos dos años el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha comenzado a trasladar reclusos de la organización terrorista a cárceles vascas o cercanas a Euskadi. La inmensa mayoría ya han sido trasladados a prisiones más cercanas y en 46 casos a los centros penitenciarios de Basauri, Martutene y Zaballa. En la cárcel de Zaballa están internos 16 condenados por pertenencia a ETA. El citado módulo podría acoger a más de 65 internos, una capacidad que sería insuficiente en un escenario de posible acercamiento de todos los militantes de la banda hoy en prisión.

Tras no tener una utilización precisa, al no existir problemas de capacidad, -Zaballa podría incrementar los 670 internos actuales a casi un millar-, la dirección del centro optó por instalar en ese módulo el Centro de Integración Social. Los CIS, a los que acuden a dormir los presos que afrontar la última fase de su condena, en régimen abierto, habitualmente está previsto que se instalen fuera de las estructuras de los centros carcelarios. A este módulo es al que acude de lunes a jueves a dormir Iñaki Urdangarín, quien afronta ya la fase final de su pena.

La administración vasca ha comenzado a prepararse para asumir la gestión de las prisiones y entre ellas la de Zaballa, por sus características y capacidad, está llamada a ser el eje central de su gestión. No será hasta dentro de dos años cuando se pueda mejorar los recursos con la prisión de Zubieta que está proyectada para sustituir a la vieja cárcel de Martutene en San Sebastián. Euskadi tiene firmada ya la asunción de la competencia de prisiones pero no será hasta el 1 de octubre próximo cuando lo hará de modo efectivo.

46 presos de ETA

Hasta entonces, el Ejecutivo de Urkullu está ultimando cómo será su modelo penitenciario. Fuentes consultadas por ‘El Independiente’ señalan que ya se ha trasladado a los cerca de 700 trabajadores que la prioridad será la apuesta por modelos basados en la reinserción y en el que la apuesta será reducir los periodos de privación de libertad en las últimas fases de cumplimiento de las condenas, en favor de vías que faciliten la reincorporación a la sociedad del interno. Un diseño del modelo que lidera el juez Jaime Tapia, en su condición de asesor principal del departamento en política penitenciaria.

Así, se fomentará el empleo de medidas como las pulseras telemáticas o reducir la privación de libertad en los casos de condenas inferiores a los cinco años. El Gobierno vasco ha comenzado a seleccionar a los altos cargos que asumirán la gestión y los puestos de responsabilidad a partir de octubre y entre ellos destaca el peso que se ha otorgado a algunos responsables de los tratamientos de reingreso que se aplican a los internos.  

La Administración vasca ha insistido en que la llegada de los presos de ETA a las cárceles vascas se debe ver como un proceso ajustado al cumplimiento de la ley y en ningún caso como un privilegio. Recuerdan que todos los presos tienen derecho a que, preferentemente, su castigo se cumpla en cárceles próximas a su lugar de origen o arraigo personal o familiar. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, lo volvió a asegurar ayer a los representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ante los que se comprometió a que los presos de la banda reciban el mismo trato que el resto de internos. Desde la AVT le reclamaron que se les exija un "arrepentimiento sincero" además de una colaboración con al Justicia. Actualmente hay 46 reclusos vinculados a la banda que cumplen condena en prisiones vascas: 7 en Basauri, 16 en Zaballa y 23 en Martutene.

La izquierda abertzale ha defendido que se acerque a todos los presos a las cárceles vascas y poner fin de modo definitivo a la dispersión de este colectivo. Diversos medios publicaban ayer que los parlamentarios de EH Bildu, Jon Iñarritu y Julen Arzuaga, han solicitado una reunión con el director de la cárcel de Basauri para abordar las condiciones de encarcelamiento, régimen tratamental, “expectativas de retorno y reintegración social" de los siete presos de ETA internos en esta prisión vizcaína. Ayer el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta se mostró partidario de facilitar este tipo de encuentros: “"Si cualquier partido político quiere tener un contacto con el director de un centro penitenciario puede hacerlo con toda tranquilidad, con toda normalidad", aseguró durante una visita a Bilbao.

Encuentro frecuentes

Fuentes penitenciarias aseguran que este tipo de encuentros en las cárceles entre representantes de EH Bildu y los presos son relativamente frecuentes. Señalan que es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la que debe autorizarlos. No es la primera ocasión en la que cargos de la coalición abertzale mantienen visitas con presos de ETA.   

Los encuentros con los responsables de las prisiones sin embargo no suponen en ningún caso una vía para influir en la política penitenciaria que se aplique. Esta seguirá en manos del Gobierno central y sólo su interpretación recaerá en la Administración vasca. El Gobierno vasco ya ha avanzado que se ajustará siempre a la ley pero que lo hará dentro del amplio margen que considera que le otorga.

Uno de los aspectos más determinantes será que “interpretación” se hace de la Ley General Penitenciaria y de lo cual podrían derivar instrucciones y directrices de funcionamiento. Desde el momento de la transferencia el Gobierno vasco tendrá autonomía para la elaboración de los informes relativos a los presos. Se trata de evaluaciones muy importantes ya que de ellas dependen en gran medida decisiones como las concesiones de progresiones de grado o los beneficios penitenciarios. En caso de discrepancias con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias correspondería a un juez de vigilancia penitenciaria pronunciarse, basándose siempre en los informes emitidos.