España | País Vasco Comisión Mixta de Transferencias

Euskadi asume hoy prisiones tras acabar el Gobierno con la dispersión de presos de ETA

Miquel Iceta firma hoy en Bilbao la transferencia de las tres cárceles y los 700 funcionarios. Urkullu diseñará su "modelo vasco" de reinserción para los 1.300 reclusos. El traspaso se completa tras 182 acercamientos y sólo una decena pendiente.

Iceta y Sánchez, en Tarragona.

Miquel Iceta y Pedro Sánchez, EFE

Euskadi firmará hoy un acuerdo largamente esperado. La asunción de la competencia de prisiones será una realidad tras años de negociaciones y después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya prácticamente culminado el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi. Con los dos traslados aprobados el pasado viernes, apenas resta una decena de reclusos de la banda por ser aproximados al País Vasco. Desde que en agosto de 2018 el Ejecutivo socialista comenzara a revertir la política de dispersión aplicada desde 1989 a los presos de la banda han sido trasladado 182. Los reclusos que por ahora no se han beneficiado de esta medida son, en algunos casos, los que se considera que pertenecen al colectivo crítico con el entorno afin a EH Bildu y Arnaldo Otegi y al colectivo mayoritario de presos, el EPPK.

Esta mañana el ministro de Política Territorial y Función Pública visitará Bilbao para firmar la cesión de la gestión de las prisiones en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. La aplicación del ‘modelo vasco’ de prisiones será efectivo desde el mes de octubre. Hasta entonces, la Administración de Urkullu comenzará a asumir y planificar la gestión de la competencia. En las cárceles vascas cumplen condena alrededor de 1.300 presos. En los últimos meses ha ido en aumento el colectivo de presos de ETA que han sido trasladados a alguna de las tres cárceles vascas –Basauri, Zaballa y Martutene- y que suman ya 46 reclusos. El resto se encuentran cumpliendo condena en cárceles próximas, principalmente la de Pamplona, con 11 presos de ETA, o en Logroño, Cantabria, Zaragoza o Asturias.

Además de prisiones, Euskadi asumirá oficialmente hoy otras tres competencias; la titularidad del transporte por carretera, la gestión de los códigos bibliográficos ISSN y el inmueble correspondiente al Distrito Marítimo de Ondarroa. De la entidad y relevancia que el Gobierno de Urkullu quiere revestir la cita de esta mañana da muestra que el Ejecutivo contará en la mesa con hasta seis consejeros, los relacionados con algún aspecto de las cuatro materias. El proceso ha sido largo y ha tenido que ser aplazado en numerosas ocasiones. Comenzó negociándolo la primera responsable de la política territorial de un Gobierno de Sánchez, Meritxell Batet, lo continuó su sucesora, la hoy ministra de Sanidad, Carolina Darias, y lo ha culminado su sucesor, Miquel Iceta.

El Ejecutivo vasco considera que es un “hito” importante al que debe seguir el acuerdo sobre el resto de materias aún pendientes para la culminación del Estatuto de Gernika de 1979. El pacto alcanzado con Sánchez en 2018 contemplaba una treintena de transferencias, -las recogidas en el Estatuto y aún pendientes-, entre ellas el estudio del régimen económico de la Seguridad Social.

Estatuto por apoyo

Es precisamente ésta negociación en la que en gran medida se soporta el apoyo que el PNV está brindando el Gobierno PSOE-Unidas Podemos. Lograr el desarrollo íntegro del Estatuto se ha convertido en la mayor oportunidad que en muchos años ha tenido el nacionalismo vasco para hacer cumplir esta vieja aspiración.  El PNV está convencido de que con un gobierno del PP dar este paso sería más complicado y por ello ha convertido esta aspiración en la principal y casi única contraprestación que de modo reiterado reclama a Sánchez a cambio de su apoyo.

Incluso tras el revés del PSOE en las elecciones de Madrid del pasado 4-M el PNV ha evitado cuestionar al Gobierno socialista. Dio garantías al Ejecutivo de que no virará su apoyo hacia el PP. Sabin Etxea no ve aún a los populares como una “alternativa” que hoy pueda poner en peligro el Gobierno sanchista: “El PP carece de capacidad para articular una alternativa” y de “influencia para lograr mayorías”, subrayó Aitor Esteban horas después de la victoria de Ayuso en Madrid. Más aún, consideró que lo sucedido en las elecciones madrileñas en realidad puede provocar “un alargamiento de la legislatura”.

También en el Gobierno vasco se ha evitado estos días la crítica directa a Sánchez. Ni siquiera el lehendakari, en su reiterada petición de una prórroga del Estado de Alarma, desoída por Sánchez, ha optado por los reproches directos. Pese a que Euskadi se encuentra en la peor posición de la ‘cuarta ola’ y que el País Vasco era la comunidad más interesada en seguir en Estado de Alarma, ni en Lakua ni el PNV han elevado la voz. Urkullu y Ortuzar saben que el apoyo del PNV a un Gobierno inestable como el de Sánchez puede convertirles hoy en imprescindibles y con ello acelerar el cumplimiento de compromisos adquiridos.

El consejero de Seguridad y vicelehendakari Erkoreka recordó al anunciar el acuerdo que la competencia de prisiones no es más que “algo que nos deben desde hace 40 años” y que tras él deben legar el resto de materias aún pendientes. Desde hoy el Gobierno vasco será el titular de la competencia cuya cuantificación económica es de 70 millones de euros, a descontar del Cupo.

Resocializar, reeducar y reinsertar

La política penitenciaria la seguirá marcando el Gobierno central pero la gestión de las cárceles, la concesión de beneficios, las juntas de tratamientos, el personal y la reinserción dependerá de la Administración vasca. Hasta el momento el Ejecutivo vasco ha insistido en que el suyo será un modelo centrado en la “resocialización, reeducación y reinserción”. Ante las acusaciones sobre el impacto que la asunción de la gestión penitenciaria pudiera tener en forma de beneficios hacia los presos de ETA, la Administración vasca ha insistido en que no se deben vincular ambas cosas. “No hay por qué desconfiar”, aseguró Erkoreka. El Gobierno vasco insiste en que “actuaremos dentro de los amplios márgenes que nos deja la ley”.

Por el momento ultima cuál será su modelo penitenciario. Deberán aplicarlo los casi 700 funcionarios de prisiones que pasarán a formar parte de la Administración vasca. Además, en apenas dos años Euskadi será la titular de la nueva cárcel guipuzcoana cuyo proceso de construcción ya está en marcha, la prisión de Zubieta, que sustituirá a la vieja prisión de Martutene.   

El Gobierno de Urkullu defiende un modelo basado en la llamada ‘justicia restaurativa’ que permita que el cumplimiento de las condenas facilite el regreso a la sociedad de los internos. En este sentido, desde hace años trabaja en un programa específico para los presos de ETA. La inquietud del Ejecutivo vasco radica en la especial incidencia política e impacto social que rodea a este colectivo de reclusos. Se considera que puede ser determinante para asentar la convivencia en la sociedad vasca. Por ello, la resocialización de los presos de ETA abarcará desde su reinserción en prisión hasta su ‘resocialización’ una vez en libertad. También se plantea facilitarles el acceso prioritario como colectivo en riesgo de exclusión social a todos los servicios, ayudas y prestaciones públicas.

‘Reintegrar’ a los presos de ETA

El Gobierno considera que el tratamiento a estos reclusos condenados por terrorismo es una cuestión que genera “controversia” pero que debe cuidarse por su “gran influencia en el proceso de normalización de la convivencia” en Euskadi. En 2016 el entonces secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, avanzó que el objetivo es hacer de su política penitenciaria y de reinserción una suerte de “política de convivencia para la sociedad y de confluencia para las víctimas”.

El tratamiento a los presos de ETA incluiría dos fases. La primera de ellas será la de su “reinserción” dentro de la cárcel y la segunda, la de su “reintegración” en la sociedad. En la primera se exigirá al preso de ETA que desee acogerse a esta vía que acredite un distanciamiento crítico, reconozca el daño causado y se comprometa con la paz y la convivencia.

Sólo después, el Gobierno vasco planteará darles acceso a la segunda etapa de su plan: un programa de apoyo asistencial y material en todos los ámbitos para facilitar su reingreso social. Ayudas que contemplan desde el acceso a una renta mínima, hasta ser demandantes prioritarios -por constituir un colectivo “en riego de exclusión”- de las prestaciones de acceso a la vivienda, al empleo, a formación, a servicios sociales, a prestaciones sociosanitarias…

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