En el Gobierno vasco llevan décadas esperando el momento. Está todo preparado a falta de pequeños detalles. En menos de un mes les corresponderá a ellos tomar las riendas. El ministro lo confirmó el pasado miércoles, será en abril cuando el Estado ceda la gestión de las prisiones a Euskadi y con ella, la responsabilidad del día a día de los casi 1.300 presos que cumplen condena en cárceles vascas, de su evolución penitenciaria y de la gestión de los tres centros penitenciarios: Basauri, Zaballa y Martutene. Sin duda la principal inquietud en el Ejecutivo Urkullu la suscitan los presos de ETA y su entorno. También las mayores resistencias fuera del País Vasco y en algunos colectivos de víctimas. Por el momento, las prisiones de Euskadi apenas cuentan con algo más de una veintena de miembros de ETA pero a medio plazo esa cifra se incrementará. En un radio de menos de 400 kilómetros ya están 77 reclusos más en cárceles cercanas y el resto se irán acercando semana a semana.
El Gobierno de Urkullu lleva años preparando el día en el que tendrá que gestionar las cárceles y con ellas la trayectoria penitenciaria de sus presos. Especialmente, la de los presos de ETA. Actualmente en los centros penitenciarios españoles cumplen condena 188 miembros de la banda, a los que se suman otra treintena que lo hace en centros franceses. La inquietud radica en la especial incidencia política e impacto social que rodea a este colectivo de reclusos y que el Ejecutivo considera que puede ser determinante para asentar la convivencia en la sociedad vasca. Por ello, ultima ya un plan específico para la resocialización de los presos de ETA que abarca desde su reinserción en prisión hasta su ‘resocialización’ una vez en libertad y que contempla el acceso prioritario como colectivo en riesgo de exclusión social a todos los servicios, ayudas y prestaciones públicas.
La política penitenciaria la seguirá marcando el Gobierno central, pero la gestión de las cárceles, la concesión de beneficios, las juntas de tratamientos, el personal y la reinserción dependerá, en apenas un mes, de la Administración vasca. Apenas un año después de que Urkullu jurara por primera vez el cargo su Gobierno ya presentó un ‘Plan de Paz y Convivencia 2013-16’ en el que, entre sus 18 iniciativas, incluía un plan de “resocialización” dirigido de modo específico a presos de ETA y que el 1 de octubre de 2014 se materializó con el proyecto: ‘Hitzeman’ (Dar la palabra).
El Gobierno considera que el tratamiento a estos reclusos es una cuestión que genera “controversia” pero que debe cuidarse por su “gran influencia en el proceso de normalización de la convivencia” en Euskadi. En 2016 el entonces secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, avanzó que el objetivo es hacer de su política penitenciaria y de reinserción una suerte de “política de convivencia para la sociedad y de confluencia para las víctimas”. Años después, los principios del Ejecutivo vasco no han variado y el cierre de su “modelo penitenciario vasco” continúa basado en la aplicación de herramientas para la reinserción de presos por terrorismo como ‘Hitzeman’.
'Distanciamiento crítico' previo
La pasada legislatura ya planteó la necesidad de dotar de cobertura normativa a este programa que regulará cuál será el proceso de reinserción y de “reintegración social” que aplicará a los presos de ETA. Pese a que por ahora son un reducido número de reclusos, el horizonte a medio plazo pasa por ir asumiendo cada vez más la absorción de los presos etarras. Tanto el Gobierno vasco como el Ejecutivo de Pedro Sánchez defienden la necesidad de desmantelar la política de dispersión y brindar a todos los presos, los de ETA incluidos, su derecho a cumplir las penas en sus lugares de origen. En apenas dos años San Sebastián verá ampliada su cárcel con un nuevo centro, el de Zubieta, que sustituirá a la actual cárcel de Martutene.
El Gobierno vasco plantea un tratamiento a los presos de ETA que incluye dos fases. La primera de ellas será la de su “reinserción” dentro de la cárcel y la segunda, la de su “reintegración” en la sociedad. En la primera se exigirá al preso de ETA que desee acogerse a esta vía que acredite un distanciamiento crítico, reconozca el daño causado y se comprometa con la paz y la convivencia. Sólo después, el Gobierno vasco planteará darles acceso a la segunda etapa de su plan: un programa de apoyo asistencial y material en todos los ámbitos para facilitar su reingreso social.
Ayudas que contemplan desde el acceso a una renta mínima, hasta ser demandantes prioritarios -por constituir un colectivo “en riego de exclusión- de las prestaciones de acceso a la vivienda, al empleo, a formación, a servicios sociales, a prestaciones sociosanitarias…
El plan que ya tiene perfilado el Ejecutivo para los reclusos que quedarán bajo su responsabilidad aspira a imponer una nueva política penitenciaria y de resocialización. Su aplicación se llevaría a cabo, según establece en su programa ‘Hitzeman’, a través de dos comités de expertos, uno para la fase aún privado de libertad y otro a partir de su salida de la cárcel. En prisión, cada recluso que quiera acogerse al programa deberá obtener un informe favorable si supera la primera de las etapas, la de la reinserción.
Con este informe lograría un documento clave para solicitar ante la Junta de Tratamiento de la prisión y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acceso a progresiones de grado, beneficios u otras medidas dirigidas a su reinserción. Permitiría además, en una fase posterior, su acceso, en caso de necesidad, a los recursos asistenciales previstos “en igualdad de oportunidades con otros colectivos en riesgo de exclusión”.
Estas medidas y beneficios que aún se ultiman se concretarán en un ‘Proyecto de promoción, asesoramiento, apoyo y acompañamiento’, según recoge la propuesta inicial. En un principio se limita su acceso a los presos condenados por delitos de terrorismo y que cumplan penas de más de cinco años de cárcel. Se exige que hayan nacido en Euskadi o acrediten haber residido al menos dos años en el País Vasco antes de ingresar en la cárcel.
Programa de apoyo social
Para cada preso por terrorismo el Gobierno vasco quiere que recorra un itinerario personalizado en el que se deberá acreditar “un triple compromiso con la paz y la convivencia”. El preso deberá comprometerse con un futuro en el que renuncie a la violencia, con un presente en el que apueste por la reparación a las víctimas y una convivencia en una sociedad plural y un distanciamiento crítico con el pasado y con el delito cometido.
La norma en la que se trabaja desde hace años estaría bajo aplicación de una Comisión Asesora compuesta por diez miembros. Serían ellos los que velarían por el procedimiento de resocialización de los etarras. Estaría compuesta por seis expertos en derechos humanos, tres designados por el Gobierno vasco y tres del Parlamento Vasco, y otros tres nombrados por el Consejo Vasco de la Abogacía. El Ejecutivo designaría además a quien ocupe la Secretaría Técnica de la comisión, con voz pero sin voto.
A cada preso de ETA se le remitiría información detallada del programa y de las posibilidades y ayudas a la reinserción a las que tendría derecho. Quienes soliciten entrar en el programa deberán hacer una declaración expresa de su “voluntad de contribución a la convivencia”, informar sobre su situación penitenciaria y de cuáles son las razones para incorporarse al proyecto. Según lo previsto en ‘Hitzeman’, la Comisión asesora diseñará en cada caso un recorrido personalizado dentro de la cárcel que puede incluir acciones de carácter académico, asociativo, institucional, solidario o de otro tipo a cargo del preso y que puede completar con otras que favorecerían esa resocialización que se pretende: encuentros restaurativos con víctimas, ‘participaciones en reflexiones colectivas’, talleres, seminarios, etc. Una vez completado, cada preso tendrá que presentar sus conclusiones “según sus propias capacidades”, bien por escrito, bien de forma oral.
A partir de ahí, la Comisión Asesora será la encargada de emitir un dictamen favorable o desfavorable en torno a la preparación del peso para abordar su reintegración. Se evaluará su capacidad para “vivir respetando la ley”, su grado de compromiso con la paz y la convivencia y su reconocimiento crítico del daño causado a las víctimas. En caso favorable, a su salida de la cárcel, el preso pasará a forma parte del ‘Programa de apoyo asistencial’ dirigido a favorecer las necesidades materiales que requiera y le faciliten la reintegración social a su salida de prisión.
Vivienda, empleo y RGI
Para esta fase, el programa del Gobierno vasco plantea la constituir un Servicio Asistencial Poste-penitenciario (SAP) integrado por servicios de multitud de departamentos del Ejecutivo. Como miembros de un colectivo “vulnerable o en riesgo de exclusión”, estos presos serán merecedores de una “especial atención en las acciones de fomento y de asistencia social acometidas por las Administraciones públicas vascas”, se apunta.
Se habilitará una ventanilla única que integrará toda la información y servicios que se les ofrecerán, desde la posibilidad de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos -a partir de sus clasificación en el tercer grado-, hasta facilitar el acceso a una vivienda a través de los servicios públicos, El Servicio vasco de Empleo ofertará las vías de formación y capacitación laboral para el acceso a un empleo. Sanidad incluirá en el folleto de servicios todas sus prestaciones y se incorporarán también los recursos sociales ofrecidos a colectivos en circunstancias especiales.
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