El Gobierno vasco no quiere perder ni un minuto. Los acuerdos y compromisos alcanzados ayer por el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu para abordar el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979, -con 37 materias pendientes-, y el cambio de la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA no tiene plazos pero sí urgencia. Sí al menos para Urkullu, que hoy ha urgido a sus consejeros a trabajar «ya mismo, sin más demora» para avanzar en la consecución de los objetivos. Sin duda uno de los más delicados, y que ya ha suscitado inquietud entre determinadas asociaciones de víctimas, es la modificación de la política penitenciaria que se aplica a los etarras. Una cuestión al frente de la cual el Ejecutivo de Urkullu ya tiene un interlocutor designado: Jonan Fernández (Tolosa, 1962).

El actual Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación asume desde la pasada legislatura la dirección de todas las cuestiones que en torno al final de ETA, la situación de sus presos y la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi lleva a cabo el Ejecutivo vasco. El lehendakari lo designó por su trayectoria singular. Quien se convertirá en interlocutor con el Gobierno de Sánchez para proceder y acordar el cambio de la política carcelaria que se aplica a los presos de ETA, formó parte del entorno radical abertzale. Jonan Fernández llegó a ser concejal de Herri Batasuna (HB) en su localidad natal, Tolosa, entre los años 1987-91. Incluso años después constituyó una plataforma Lurraldea, de componente ecologista, que como hizo ETA y el entorno radical, se opuso a la Autovía de Leizarán. Una infraestructura contra la que la banda terrorista actuó.

En todos estos años la evolución de Fernández ha sido evidente. Tanto que quienes un día fueron sus compañeros de ideología comenzaron a verlo con recelo. A comienzos de la década de los 90 constituyó y lidero la plataforma Elkarri, que abogaba por buscar una solución dialogada con ETA con la que poner fin a la violencia. De modo progresivo, su desmarque del entorno radical fue creciendo casi en la misma medida en la que lo hacía el rechazo que hacía él se producía desde las filas de la izquierda abertzale, que nunca aceptó el papel de mediación que reivindicaba para su plataforma en busca de una salida negociada.

Su evolución desde la radicalidad hasta la moderación le han convertido en el valedor de las políticas en favor de la convivencia que lidera Urkullu

En 2013 el lehendakari Iñigo Urkullu lo fichó para ponerse al frente de todas las acciones que desde la administración vasca se llevarían a cabo para gestionar el final de ETA y favorecer un clima que contribuyera a la paz y la convivencia en Euskadi. Jonan Fernández ha estado detrás de los procesos de entrega de armas primero y de disolución de ETA después en representación del Gobierno vasco. En esta segunda legislatura de Urkullu el lehendakari ha vuelto a confiar en él para asumir la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.

«Sufrimiento añadido»

Siempre se ha mostrado contrario a la política de alejamiento que desde los años 80 se aplica a los presos de ETA. Fernández ha impulsado de igual modo las apelaciones al colectivo de presos para que den pasos que permitan una modificación del marco penitenciario, y al Gobierno de España para que ponga fin al alejamiento de etarras en prisiones fuera de Euskadi. Para quien es el interlocutor del Gobierno vasco, alejar a los presos de ETA supone un castigo y un «sufrimiento añadido» para las familias de los presos y que considera «inhumano e innecesario». En noviembre de 2017 presento un informe que evaluó el impacto de este modelo carcelario y en el que concluía que alejar a los reclusos «no es compatible con la reeducación y la reinserción social» que requiere una convivencia normalizada en una sociedad en paz.

Fernández considera que el alejamiento de los presos de ETA es un «sufrimiento añadido innecesario» para sus familias

El viraje de la radicalidad a la moderación que en todos estos años ha experimentado Jonan Fernández le ha convertido a ojos de Urkullu en un referente esencial que no sólo escenifica la evolución que desde el entorno más afín a ETA se debería producir, sino que le convierte en un interlocutor con autoridad para impulsar las acciones que en materia de paz y reconciliación ha desarrollado el Ejecutivo vasco. El reto con el que asumió su responsabilidad en el Ejecutivo vasco pasa por «contribuir a la consolidación de los consensos entre instituciones, partidos y agentes sociales en aras a un afianzamiento de la paz y la convivencia en la Euskadi sin ETA. A Fernández se le asigna una buena capacidad de diálogo y de búsqueda de consensos, además de una discreción necesaria para alcanzar pactos en materias tan sensibles.

Por el momento el Gobierno vasco no se atreve a poner un plazo para que se puedan materializar los cambios en las políticas carcelarias. Hoy el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, sí ha señalado que el deseo del Gobierno vasco es que se produzca «cuanto antes» y así se lo ha trasladado hoy el lehendakari, «nos ha dicho que no hay tiempo que perder y que manos a la obra». Una urgencia que también se quiere imprimir al resto de equipos de trabajo que se ha comenzado a conformar para la segunda de las mesas de trabajo acordadas ayer; la relativa al traspaso de las 37 materias pendientes de ejecutar, según establece el Estatuto de Gernika.