Los gobiernos de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu han cerrado este viernes el acuerdo para la transferencia de cuatro competencias a Euskadi, entre ellas la cesión de la gestión de las prisiones. El acuerdo, cuya negociación se venía demorando, se ha concretado hoy a falta de que se firme en una próxima convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias a celebrar el 10 de mayo. Durante la comparecencia para presentar los detalles de las transferencias, el vicelehendakari, Josu Erkoreka, ha asegurado que se trata de "un hito importante" en el "largo y tortuoso camino de cumplimiento del Estatuto de Gernika".

Erkoreka ha señalado que a partir del 1 de octubre, para cuando está previsto que la Administración vasca asuma plenamente la gestión de las tres cárceles vascas, se pondrá en marcha el "modelo penitenciario vasco" basado en "las tres erres, la resocialización, la reeducación y la reinserción". Con la transferencia, el Gobierno vasco no sólo asumirá la titularidad sobre los inmuebles carcelarios sino también los cerca de 700 trabajadores que ahora prestan el servicio en Euskadi.

Ha reconocido que el País Vasco asumirá la competencia para definir "siempre bajo una misma ley penitenciaria que dependerá del Estado" su propio modelo de Juntas de Tratamiento, de políticas de reinserción o de cumplimiento de penas. Erkoreka ha subrayado que existe "un margen importante" en la interpretación de las leyes que permite modelos penitenciarios distintos bajo un mismo paraguas legal. Ante la posibilidad de que la llegada de presos de ETA y el aumentó de traslados a cárceles vascas de este tipo de reclusos pueda suponer algún tipo de beneficio para los presos, ha asegurado que "no hay que establecer ninguna causa-efecto con una transferencia que nos deben desde hace 40 años".

Ha señalado que "no hay motivo para la desconfianza": "No acabamos de comprender que exista desconfianza alguna. Podremos hacer uso del margen que nos da la ley para hacer políticas propias pero siempre con lealtad a la ley. No hay motivo para plantear sombras de sospecha de una posible actuación irregular".

Una "deuda histórica"

Por su parte la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha asegurado que el acuerdo alcanzado es muy relevante, tras tres meses de negociaciones. Ha recordado que pese a ello, sólo es parte del compromiso alcanzado y que pasa por el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika de 1979, "una deuda histórica" en cuyo cumplimiento "no cejaremos en la exigencia", ha apuntado.

El compromiso responde al cronograma de transferencias alcanzado entre ambos Gobiernos y con el que el Ejecutivo central quiere completar las transferencias previstas en el Estatuto de Gernika y que establecía hasta una treintena de materias por transferir. Además de prisiones, las otras tres competencias que se firmarán el próximo 10 de mayo son las referidas a la titularidad del transporte por carretera, la gestión de los códigos bibliográficos ISSN y un inmueble del Distrito Marítimo de Ondarroa.

El listado y calendario de competencias fue actualizado por la anterior titular de Administraciones Públicas, Carolina Darias y la negociación ha sido concluida por su sucesor, el ministro Miquel Iceta.

Sin duda la gestión penitenciaria es la más relevante de cuantas se incluían en el primer bloque. Con ella el Gobierno vasco asumirá, como ya lleva a cabo el Gobierno de Cataluña, la gestión de las tres cárceles vascas -Basauri, Zaballa y Martutene-, donde cumplen condena alrededor de 1.300 presos, entre ellos algo más de una cuarentena de militantes de ETA. Precisamente hoy tres nuevos presos de la banda han sido autorizados para ser trasladados a cárceles vascas. Junto con la cárcel de Pamplona, los centros vascos y navarros cuentan ya con más de medio centenar de presos de la organización terrorista.

1.300 presos y tres cárceles

Además, las autoridades vascas asumirán la implantación de las políticas de reinserción social, de progresión de grados y de cumplimiento de condenas o aspectos como los relacionados el funcionamiento y gestión de las instalaciones y el personal de prisiones. El acuerdo detallado esta tarde establece que la Administración vasca asumirá las prisiones de Basurto (Bizkaia) y Zaballa (Alava) y que en el caso de Martutene (Gipuzkoa), éste edificio será reintegrado al Estado una vez concluya la nueva prisión de Zubieta, en fase de construcción y que se prevé esté terminada en primavera de 2023. Además, la antigua prisión de Nanclares, ahora en desuso, también pasará a formar parte de la cesión material al País Vasco. La cuantificación de la competencia se ha fijado en 70 millones de euros que será descontada del pago del Cupo.

La asunción de la competencia de Transportes por carretera supondrá que el Gobierno vasco asumirá la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera en el seno de la comunidad autónoma. Quedará en sus manos aspectos como la autorizaciones de operadores de transporte, el otorgamiento y gestión de concesiones de transporte y la gestión de los exámenes de competencia profesional. Dado que ya existe un acuerdo que data de 1950 que cede estas competencias a la Diputación de Álava, el compromiso pasa por reproducir la cesión de la titularidad en las otras dos diputaciones forales.

El traspaso de la competencia de la identificación ISSN hace referencia a las publicaciones seriadas que hasta ahora asumía la Biblioteca Nacional de España. A partir de ahora será la Administración vasca la titular de esta materia referida a aspectos como la recepción de solicitudes de los editores, la selección de títulos que ingresan por Depósito Legal, la validación y comprobación de toda la documentación y la catalogación de las publicaciones periódicas.

Por último, el acuerdo que se firmará el próximo 10 de mayo en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias incluye el traspaso de un inmueble ubicado en el puerto de Ondarroa, hasta ahora de titularidad del Estado. se trata de edificio de la sede del Distrito Marítimo, lo que permitirá completar las obras de regeneración de este puerto vizcaíno.