Sociedad Civil Catalana (SCC) es objeto de gran preocupación para JxCat. La última muestra de esta preocupación es la batería de preguntas que el partido de Carles Puigdemont ha registrado en el Senado. Pero no la única. En los últimos tres meses los eurodiputados de JxCat han cuestionado la entrevista concedida por el comisario europeo de Justicia a responsables de la entidad.

La entidad constitucionalista responsable de las grandes manifestaciones contra el proces de 2017 y 2017 ha sido desde su fundación blanco preferente de los ataques del independentismo. Ya lo fue en sus orígenes con la campaña orquestada en torno a uno de sus impulsores y posterior presidente de la entidad, Ramón Bosch.

No es la única. TV3 ha recibido esta semana un severo correctivo del Consejo de la Información de Cataluña por no permitir que la Asamblea por la Escuela Bilingüe se defendiera de las acusaciones de la consejera de Universidades, Gemma Geis, que la tachó de organización "fascista".

Preguntas de JCat en el Senado

El portavoz de JxCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha registrado esta semana una decena de preguntas al Gobierno para saber si Sociedad Civil Catalana ha recibido subvenciones. Cleries pregunta si SCC ha recibido "dinero público, en forma de subvenciones o cualquier otra forma" y "qué cantidad de dinero se ha concedido, presuntamente" desde su fundación en 2014 hasta la actualidad.

También se pregunta el portavoz de Junts "por qué concepto esta entidad ha recibido, presuntamente, dinero público". Unas preguntas que, según el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, no tendrán el resultado que los independentistas espera. "En esto han pinchado hueso" responde con ironía Sánchez Costa.

"Nosotros no hemos recibido ni un euro de dinero del Gobierno. Evidentemente tampoco nada del dinero de la Generalitat" añade el dirigente de Sociedad Civil, que reconoce que los independentistas "están obsesionados con nosotros". Sobre todo, añade, desde que la entidad recibió el Premio Ciudadano Europeo de 2014 en detrimento de otras entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Proyección europea

La proyección europea de SCC está en el origen de esta nueva ofensiva. Casualmente, la batería de preguntas llega después de que la cúpula de Sociedad Civil se reuniera hace apenas dos semanas con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders para denunciar el acoso a jueces y fiscales en Cataluña.

Durante el encuentro, organizado por el eurodiputado de Cs Juan Ramon Bauzá, la entidad denunció ante Reynders la "deriva iliberal" de la Generalitat y entregó un informe sobre la "desertización judicial" que está provocando en Cataluña el acoso de los independentistas a jueces y fiscales. SCC reclamó además el apoyo del comisario para que se cumpla la sentencia del 25% en castellano a las escuelas catalanas con la misma firmeza con la que impone el estado de derecho a países como Polonia o Hungría.

La reacción de Junts no se hizo esperar. Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí enviaron una queja a la CE por la reunión, denunciando los "estrechos lazos" de la entidad con la extrema derecha. "Le he preguntado al comisario cómo puede ser que tenga la cara dura de reunirse con Sociedad Civil Catalana, una organización extremista y anticatalana con vínculos con la extrema derecha" anunciaba indignada Ponsatí en sus redes sociales.

Sin agenda internacional

No es para menos. Desde el referéndum del año 2017, el ejecutivo europeo no ha mantenido ningún encuentro público con los máximos representantes del Govern, ya no digamos con entidades independentistas. De hecho, ningún presidente de la Generalitat se ha reunido ni con el expresidente de la CE, Jean-Claud Juncker, ni con la actual presidenta, Ursula von der Leyen, desde el inicio del procés.

Y eso que "la internacionalización del conflicto" ha sido desde 2017 el gran argumento del partido para excusar la huida de Puigdemont, Comin y Ponsatí, además de Lluís Puig o Meritxell Serret.

Hay que remontarse al año 2011, cuando Artur Mas se entrevistó con José Manuel Durao Barroso, para encontrar el último contacto de la Generalitat con el gobierno comunitario. Pero en los años previos al referéndum el ex consejero de Exteriores Raul Romeva desplego una intensa actividad diplomática en Bruselas, aprovechando los contactos de su etapa como eurodiputado.

Ahora, el ostracismo de los responsables independentistas en Bruselas es considerable, especialmente en el caso de JxCat. Los tres eurodiputados de JxCat solo cuentan con el apoyo de los partidos regionalistas de extrema derecha, como los flamencos N-VA, la Lega Norte de Salvini o el Frente Nacional de Marinne Le Pen, junto a diputados de la izquierda nórdica.

En cambio, el líder del PSC en el Parlament y líder de la oposición, Salvador Illa, sí que mantuvo una reunión a principios de noviembre de este año con varios eurocomisarios. Su antecesor, Miquel Iceta, también se reunió con miembros del ejecutivo comunitario en Bruselas.