Las indemnizaciones llegarán un lustro después de ocurrir lo hechos. Y lo hará sólo a una parte de las víctimas, menos de la mitad. Serán un total de 130 víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña las que recibirán indemnizadas por un importe total de 7.228.798,78 millones de euros, según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Efe.
Hasta 355 víctimas figuran en la relación de hechos probados de la sentencia del caso, ratificada por la Audiencia Nacional en sus aspectos fundamentales el pasado mes de julio, aunque solo 216 han solicitado algún tipo de ayuda o indemnización a Interior. De esas 216 personas, 130 obtendrán finalmente una compensación por los daños físicos o psíquicos causados por los acontecimientos de aquel 17A.
De los expedientes de las 86 víctimas restantes que solicitaron algún tipo de indemnización, 84 fueron desestimados por distintos motivos y dos se encuentran actualmente pendientes de resolución. El resto de víctimas reflejadas en la sentencia, 139, no han presentado solicitud de compensación en plazo por motivos que se desconocen.
La gran mayoría de esos afectados son personas que aparecen en los hechos probados del atentado de Las Ramblas de Barcelona, y casi todos figuran como víctimas de síndrome de estrés postraumático (66) o de lesiones y secuelas de carácter leve (73).
Tres condenados
El pasado mes de julio la Audiencia Nacional ratificó los aspectos fundamentales de la sentencia que condenó a tres acusados por los atentados yihadistas del 17A, si bien rebajó 10 años la pena a dos de ellos, a 43 y 36 años de prisión, por una cuestión técnico-jurídica.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, responsable de revisar los recursos que se interpusieron contra la primera sentencia, rechazó considerar a los tres únicos acusados como responsables de los 16 asesinatos cometidos por el resto de miembros de la célula terrorista -todos abatidos- en Las Ramblas de Barcelona y en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona).
Las asociaciones de víctimas pretendían que la condena como coautores de los crímenes fuese dirigida a los acusados Driss Oukabir y Mohamed Houli, algo que declinaron los magistrados. Las asociaciones de víctimas se mostraron insatisfechas con la sentencia, aunque la AVT y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo decidieron no recurrirla ante el Tribunal Supremo.
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