La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas de la Generalitat Valenciana ha asegurado este viernes ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29-O que no tenía funciones técnicas en materia de emergencias, y ha involucrado al Gobierno central en la dirección del operativo que se desplegó ese día. Pradas ha defendido que su papel era meramente institucional en ese contexto, que carecía de conocimientos técnicos y que nunca antes había ejercido un cargo relacionado con la gestión de catástrofes. Entre lágrimas, ha afirmado que todos en la reunión del Cecopi (el órgano de coordinación de emergencias) eran expertos, salvo la delegada del Gobierno y ella misma.

Así lo confirman a El Independiente fuentes jurídicas presentes en la declaración. La exconsellera sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, que ha pedido que su comparecencia no fuera grabada, petición que la titular del Juzgado número 3 de Catarroja ha denegado. Ha detallado que el comité de dirección que se activó con el nivel 2 de emergencia estaba formado por representantes tanto de la Generalitat como del Gobierno, como prevén los planes de actuación. "Las medidas las proponían los técnicos, cuando se constituye el Cecopi había un comité asesor. Los planes de emergencias están diseñados para una aplicación automática, para no tener que pensar", ha explicado.

Según ha especificado ante las preguntas de su abogado, el centro de coordinación incluía técnicos de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) y de la UME (Unidad Militar de Emergencias), así como de otros cuerpos especializados. Ha destacado que ese día en la sala “había más de cien años de experiencia acumulada” en gestión de emergencias. Asimismo, ha defendido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegurando que no fue su responsabilidad que la alerta a los móviles se enviara tarde.

Pradas ha declarado como investigada por su gestión durante la catástrofe. También está citado como investigado su ex número dos, Emilio Argüeso. A su llegada al juzgado, ha sido recibida entre gritos de “asesinos”. Tras la declaración, la Asociación Liberum, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa, ha pedido a la jueza que se libre oficio a la Presidencia del Gobierno de España y al Consejo de Seguridad Nacional para que certifiquen si el presidente del Gobierno convocó al Consejo de Seguridad Nacional, y si fue así, que se aporten todas las comunicaciones entre ambos organismos, especialmente si se redactaron informes o dictámenes relacionados.

La investigación judicial apunta a una posible falta de diligencia en la gestión de la emergencia por parte del entonces equipo de Emergencias de la Generalitat Valenciana. La jueza considera que el aviso a la población se produjo de forma tardía, pese a las alertas emitidas con antelación por Aemet y otros organismos. Según el auto, la activación del Cecopi no se convocó hasta bien entrada la tarde, y las decisiones de autoprotección llegaron aún más tarde, cuando ya se habían producido desbordamientos en varios puntos de la provincia.

Argüeso también defiende a Mazón

Por su parte, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha afirmado ante la jueza que el día de la dana, como no le hacían caso por los rescates que le pedían, se enfadó y se fue al '112', donde "salvó muchas vidas". En la misma línea que Pradas, ha defendido a Mazón y ha asegurado que no estaba convocado al Cecopi ni tenía por qué ir.

El exnúmero dos de Emergencias ha explicado con detalle todo lo que hizo el día 29 de octubre, así como las llamadas y mensajes que realizó, y ha asegurado que él no tenía competencias para convocar al Cecopi, potestad que recaía en la consejera. Así mismo, ha afirmado que a Mazón no le convocaron al Cecopi y que, además, "no tenía que ir". Aunque hubiera ido, ha apostillado que la dirección la llevaban Pradas y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.