En la tarde de este viernes un individuo encapuchado ha irrumpido en la sede del PSOE de Cantabria, ubicada en Santander, para lanzar en el interior explosivos caseros dentro de botellas de plástico. Ha sucedido mientras se celebraba un acto sobre Memoria Democrática en el que participaba su secretario general, Pedro Casares.

Las botellas han explosionado finalmente en la entrada principal de la sede socialista después de que una de las participantes en el acto, en el que había más de 70 asistentes, las cogiera y lanzara fuera de la sede.

En las mismas se puede leer "frente a las mentiras revanchistas. PSOE=Satanás".

En un comunicado, los socialistas cántabros han condenado el acto violento y han señalado que los hechos han sido denunciados "inmediatamente" a la Policía Nacional, que se ha desplazado hasta la sede para recoger las pruebas y las imágenes de las cámaras de seguridad.

El suceso ha tenido lugar durante el acto titulado 'De la memoria al respeto' en el que participaban junto al secretario general de los socialistas cántabros, la directora general de Atención a las Víctimas del Gobierno de España, Zoraida Hijosa, y el profesor e historiador, Antonio Santoveña.

Casares ha expresado que "frente a los totalitarios, vamos a alzar la voz aún más fuerte en defensa de una sociedad libre y democrática, en el que defender la memoria se hace más necesario y urgente que nunca".

Además, ha aseverado que estos ataques "nos reafirman en la importancia de seguir reivindicando la memoria democrática que hace sociedades más libres, más decentes y más dignas".

El objetivo del acto organizado por el PSOE era reivindicar el cambio de nombre de 18 calles que aun mantenían la nomenclatura franquista en Santander, así como que la Fiscalía de Cantabria haya conseguido la primera declaración de injusticia de una condena a una víctima del franquismo, a la que se sometió "a un juicio sin garantías y a cadena perpetua".

El cambio de los nombres de las calles ha sido aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de este jueves 24, tras el plazo de un mes dado por la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria al Consistorio a finales de marzo para el cumplimiento de la ley, ha informado el PSOE cántabro.