La jueza Beatriz Biedma ha acordado continuar el procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, al apreciar indicios de delito en el acceso del primero a la administración extremeña en 2017 como coordinador de conservatorios, y pide que ambos sean juzgados. En concreto, les imputa delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Además, también propone juzgar al exasesor de Moncloa Luis Carrero, que comenzó a trabajar junto a Sánchez en la Diputación a finales de 2023, y a otros seis trabajadores de la entidad pacense.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso El Independiente. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en una resolución de 70 páginas, hace un repaso pormenorizado de la investigación. Sostiene que existen "indicios suficientes" de que la contratación del hermano de Pedro Sánchez fue irregular. Razona que David Sánchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación se había "creado para él", se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".
Asimismo, considera "inverosímil" que Gallardo, que "conociéndose de forma generalizada" que el puesto "estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara activamente en los hechos". Biedma también menciona el correo electrónico que se intercambiaron los directores de conservatorios de Badajoz con el asunto "El hermanísimo" antes de que la plaza fuera oficialmente adjudicada, lo que para la magistrada evidencia que eran conscientes de que estaba decidida de antemano para Sánchez.
"Lo anterior no tiene otra explicación lógica posible que no sea que los Directores de los Conservatorios, en esa fecha, y por tanto con anterioridad al desarrollo del procedimiento administrativo para la adjudicación del puesto, ya conocían que la creación de dicho puesto estaba destinada al Sr. Sánchez.", resalta en su escrito.
Además, manifiesta que el trabajo de Sánchez en la Diputación de Badajoz "ni se prestó de forma habitual, ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación" para justificar el puesto.
El exasesor de Moncloa
Sobre la modificación del puesto de coordinador al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, indica que ni el propio Sánchez ni el resto de investigados supieron explicarla con claridad cuando declararon. Por otro lado, afirma que el hermano del jefe del Ejecutivo utilizó su influencia en la Diputación para obtener un "beneficio propio": en primer lugar, que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y, en segundo lugar, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba en el proyecto Ópera Joven -Luis Carrero- fuera contratada y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho.
En concreto, el exaseor de Moncloa fue desginado jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, su cargo actual. La magistrada explica que su puesto fue cubierto mediante comisión de servicios, ya que era "la fórmula más rápida para la incorporación del señor Carrero", y apuntado que a pesar de su naturaleza provisional, "actualmente no consta que se haya convocado el concurso de méritos previsto como provisión de dicho puesto".
Biedma manifiesta que "no puede permitirse que una persona, sea quien sea, desarrolle sus aspiraciones profesionales utilizando recursos públicos, en detrimento de otras personas más capacitadas o de otras necesidades más acuciantes de los administrados". El auto de procesamiento, que supone el paso anterior a la apertura de juicio, puede ser recurrido.
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