Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) no es muy dado a prodigarse en los medios, pero esta semana han brotado entrevistas suyas en casi todas las portadas de los periódicos de tirada nacional. El juez más popular del Tribunal Supremo y uno de los más respetados dentro de la Sala de lo Penal estrena libro y se ha atrevido, por primera vez, a contestar a todo lo que se le quiera preguntar por escrito.

Bueno, a todo todo, no, porque Marchena, fiel siempre a la prudencia, sabe bien cómo evadir cualquier cuestión que tenga que ver la rabiosa actualidad de tribunales que afecta a la política o a todo aquello que sea susceptible de llegar a su mesa en el alto tribunal en el futuro. Por eso, dice, no ha dedicado unas líneas en 'La justicia amenazada' (Espasa) a hablar del papel actual del Tribunal Constitucional o ha pasado de puntillas por la Ley de Amnistía.

No es la primera vez que el canario se enfrenta a la escritura, pero sí se estrena en un libro dedicado al gran público. "La verdad es que tengo especial ilusión, pero le aseguro que me gustaría pasar el tiempo de promoción. Es agotador", comenta a El Independiente en una conversación más personal.

El juez ha tenido no pocas ofertas sobre la mesa para escribir todo tipo de ensayos como uno sobre el procés, el juicio contra los nueve líderes independentistas catalanes que elevó su fama. "Me habría encantado escribirlo, pero me parece que no debo apropiarme de la 'memoria histórica' -nunca mejor dicho- de ese juicio. Éramos siete magistrados. Todos ellos fueron protagonistas directos del juicio y le garantizo que mi seguridad era la seguridad que ellos me transmitían. No me parece leal apropiarme de lo que fue un trabajo colectivo".

Que ahora se haya atrevido a escribir sobre las injerencias y las grietas del sistema judicial tiene mucho que ver, dice, con "largas conversaciones con mi querido amigo David Cebrián", director de la editorial. En escribirlo no ha tardado mucho tiempo: "Igual suena pretensioso, pero lo he escrito aprovechando los momentos libres que me ha dejado mi trabajo después de haber dejado la presidencia de la Sala. Fíjese que el libro no contiene ninguna referencia numérica a textos legales. Tampoco transcribo fundamentos jurídicos de sentencias. He tratado de volcar mi opinión sobre temas que permanentemente son objeto de controversia. Y lo he hecho con un estilo que pretende llegar a cualquier ciudadano, sin necesidad de que tenga conocimientos jurídicos".

Marchena dejó la presidencia de la Sala de lo Penal en diciembre del pasado año tras diez años llevando la batuta del coro de jueces que juzga a los aforados en España. Ahora, revela en la obra que le parece excesivo el ejército de aforados que existe en España. Solo en la actualidad, el Supremo instruye casos contra el eurodiputado Alvise Pérez, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el exministro de Transportes José Luis Ábalos. A su juicio, este privilegio debería quedar circunscrito a los reyes, al presidente del Gobierno, a los ministros y a diputados y senadores.

El libro acude continuamente a los principios históricos de donde beben las estructuras que sostienen el derecho penal actual, pero sin entrar a valorar ningún procedimiento pasado ni presente con nombres y apellidos. "Es evidente que yo no puedo explayarme en comentarios acerca de procesos penales que todavía están en marcha en el Tribunal Supremo o que, en su día, podrían llegar a la Sala Penal. Es un elemental ejercicio de prudencia".

Marchena defiende que la justicia está amenazada cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se estanca y no puede ser renovado; se resienten las plantillas del Tribunal Supremo; la Fiscalía muestra su dependencia del Gobierno; la acción popular cae en manos de partidos políticos; y los juzgados se convierten en un escenario para la confrontación política. "Y, por si fuera poco, cuando la descalificación de los jueces se asume con naturalidad, se está fomentando la desconfianza ciudadana de quienes estamos llamados a hacer posible la convivencia".

Y se adentra también en el cuarto poder, el de la prensa. El libro sostiene que el principio de publicidad de los procedimientos judiciales era una forma de control del ciudadano frente a la actividad de los jueces, pero que en la actualidad esta publicidad ya no es una garantía sino un ingrediente negativo que acompaña a los acusados en su paso por un tribunal de justicia. Preguntado por los límites entre la libertad de información y la revelación de secretos, a raíz de la causa que se ha iniciado contra el fiscal general precisamente por este delito, Marchena explica que los periodistas no deberían sentirse amenazados.

"La profesión de periodista, desde luego, no invita al sosiego y a la tranquilidad. Pero a mí me parece que cualquier periodista que se precie no debe renunciar a divulgar noticias que lleguen a sus manos, que revistan interés público y que puedan calificarse como veraces. El periodista no debería sentirse amenazado, claro es, por la eventual exigencia de responsabilidades penales. Será suficiente con que acomode su actuación a los límites que hacen legítimo el derecho a la libertad de expresión y de difusión informativa".

Él, de hecho, de no haber sido juez hubiera sido periodista. El togado asegura que cerrará este paréntesis promocional para volver a tomar distancias con los medios como siempre ha hecho. Al fin y al cabo, ya ha cumplido todas las cosas que unodebe hacer en la vida: tener un hijo (dos, de hecho, y dos nietas), escribir un libro y... "jajaja también he plantado un árbol", confiesa.