El acuerdo está muy avanzado. Sólo falta cerrar los últimos flecos y una vez acordados poder remitirlo al Gobierno. Las tres grandes compañías energéticas del país con intereses nucleares ultiman su negociación antes de solicitar al Ejecutivo que retrase el calendario de desnuclearización que pactó con ellas en 2019. La petición será que, por ahora, el cierre de Almaraz se pueda retrasar a, al menos, el año 2030, tres años más tarde de lo previsto. Será tiempo más que suficiente para seguir reflexionando sobre cuál debe ser el futuro a más largo plazo de la energía nuclear en España, de las cinco centrales y siete reactores que ahora aportan el 20% de la energía que consume el país.

El acuerdo de Almaraz necesita encontrar el consenso entre sus tres propietarios: Iberdrola, Endesa y Naturgy. En el seno del CNAT –la sociedad propietaria de Almaraz y Trillo- las decisiones se adoptan por unanimidad. Mientras Endesa apostaba por solicitar una prórroga de diez años, Naturgy consideraba que tres años era tiempo suficiente para reevaluar el cronograma de cierre. Finalmente, Iberdrola, pese a defender la extensión de la energía nuclear en España, también se habría sumado a explorar esa tesis: extender la vida útil, al menos por ahora, tres años más.

La clave que facilita esta propuesta está en su licencia de operaciones. Además del tiempo de vigencia poco común, siete años en lugar de los diez habituales, permitiría limitar, al menos en un primer momento, el impacto económico que supondrían planes a más largo plazo. Seguir con la actividad de Almaraz en el periodo 2027-2030 no conllevará un cambio profundo de los planes e inversiones anuales que ahora requiere. Bastará con seguir con los planes que ya fueron autorizados para el periodo 2020-2027.

En julio de 2020 Almaraz recibió la renovación del permiso de explotación para siete años más, en el caso del primero reactor –hasta el 1 de noviembre de 2027- y de ocho para el segundo –hasta el 31 de octubre 2028-. Era la primera ocasión en la que los permisos no se concedían para un periodo de una década. En el caso de Almaraz hubo que limitarlo para cumplir con los plazos de cierre acordados en 2019 y que situaban a la central extremeña como la primera en la lista de desmantelamiento.

¿Aval con validez para diez años?

Sin embargo, aquella excepción temporal es ahora una oportunidad. Obtener este tipo de autorizaciones para operar una central nuclear conlleva procesos complejos de planificación e inspección. Para lograr la autorización las instalaciones tuvieron que ser sometidas a un riguroso control y verificación de sus planes de funcionamiento y seguridad para el periodo a autorizar. Debían ser avalados por el Consejo de Seguridad Nuclear. En estos planes se detallan las inversiones y actualizaciones de las instalaciones a los que se compromete la propiedad de una central cada año.

Ahora, con la petición para extender por tres años más la vida útil de Almaraz, no se tendría por qué volver a someter a ese proceso. En la misma resolución ministerial de 2020 en el que se concedió la licencia de operaciones a Almaraz hasta 2027, se incluía, por ejemplo, la autorización a la central de Valdellós, en este caso por un periodo de diez años, hasta el 26 de julio de 2030. Sin embargo, fuentes conocedoras de estos procesos no descartan que en caso de acceder a la prolongación de Almaraz se puedan establecer otros requerimientos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.

En el caso de Almaraz, otra de las claves con la que los propietarios confían en no tener problemas para que el Gobierno autorice prolongar su vida es el buen estado de las instalaciones. Recientemente la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares concedió la calificación WANO 1 a la central. Se trata de la calificación más alta que otorga este organismo que, con un equipo de 25 profesionales revisó las instalaciones durante tres semanas. Unas instalaciones que además la dirección asegura que reunirían las condiciones para extender su vida útil hasta el año 2063, cuando cumpliría 80 años en funcionamiento. La central de Almaraz se asemeja a modelos de instalaciones nucleares construidos en EEUU, donde las autorizaciones en muchos casos se han prorrogado hasta los 80 años.

Lo que no ha trascendido es si las compañías incluirían en la propuesta que remitirán al Ejecutivo otro tipo de requisitos. Sin duda una de las peticiones más repetidas es que se les reduzca la carga tributaria que soportan las nucleares. En particular, reclaman que se revierta el último incremento, del 30%, de la llamada ‘tasa Enresa’. Recuerdan que el Gobierno se había comprometido a no incrementarla. A ello suman reclamaciones para que también desde los gobiernos autonómicos se pueda rebajar o incluso eliminar la carga tributaria que consideran que hace inviable económicamente la generación nuclear.   

Acercamiento de posturas

Desde el Ministerio de Transición Energética reconocen que en los últimos días ha habido contactos para abordar distintas cuestiones relacionadas con la actualidad energética, pero sin detallar de modo expreso si se han producido avances en materia nuclear. En el sector vienen reconociendo en las últimas semanas que la posición del Gobierno hacia un cierre nuclear se habría modulado tras el apagón y que las posibilidades de un entendimiento serían hoy mayores.

El Gobierno mantiene que está dispuesto a escuchar a las energéticas, pero les recuerda que cualquier modificación del calendario de cierre deberá garantizar tres aspectos. Por un lado, que extender la actividad no afecte a la seguridad de las instalaciones, que tampoco supongan un perjuicio para el sistema eléctrico y que el sobrecoste que generaría no lo tengan que soportarlo los ciudadanos.

La fortaleza a la red eléctrica que aportan la energía nuclear es una de las bazas que ahora más esgrimen las compañías. La necesidad de soportes síncronos para dotar de mayor robustez a la red y reducir así el impacto negativo de posibles oscilaciones de la tensión e inercia, es uno de los argumentos que hoy más repiten para justificar su continuidad. El CEO de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle subrayaba recientemente que sería un error “enterrar 50.000 millones de euros en centrales nucleares” cuando países como Francia avanzan en dirección contraria. Recordó que el país galo instalará 10.000 MW más de potencia nuclear por un valor de 67.000 millones de euros: “¿Nosotros vamos a cerrar 7.300 MW nucleares? ¿Vamos a enterrar 50,000 millones de euros porque no los necesitamos? Parece que algo sí las necesitamos…”.

Reiteran que para ello el Gobierno también debería pensar en el futuro y cumplir sus compromisos en forma de construcción de infraestructuras de almacenamiento. El sector recuerda que en España los planes para la construcción de almacenes donde depositar los restos de combustible gastado o incluso en un futuro los restos de un próximo desmantelamiento nuclear, siguen pendientes.