La oscuridad se instaló hace ya más de un mes. Desde el apagón, apenas ha comenzado a aflorar cierta penumbra sobre quién fue el culpable. Acusaciones cruzadas, insinuaciones intencionadas y declaraciones exculpatorias son lo que tenemos 34 días después. La guerra abierta entre Red Eléctrica y el Gobierno contra las compañías energéticas ha ido elevando el tono. Nadie quiere ser el señalado. El coste es demasiado elevado, no sólo en reputación, sino sobre todo, en los más que previsibles millones de euros que deberá afrontar en indemnizaciones quien finalmente sea declarado responsable.

Lo único cierto más de un mes después de que España se fuera a negro es que las cuatro investigaciones abiertas en paralelo aún no han encontrado la causa del apagón. Los millones de datos que se están analizando –más de 1.000 millones- parece que hasta el momento sólo han arrojado claridad en cuanto a la localización del punto en el que todo comenzó a venirse abajo, donde las oscilaciones de la red empezaron a ser insostenibles: Granada, Badajoz y Granada. Falta esclarecer por qué ocurrió.

La factura a la que se tendrá que hacer frente quien o quienes finalmente sean declarados culpables tiene ya un importe aproximado. El Ministerio de Economía lo ha cuantificado en 200 millones de euros. Es al menos el impacto que tuvo el apagón en la economía española. Pero esa sólo podría ser parte de la factura a asumir.  

En el pulso que vienen librando las energéticas y Red Eléctrica se está poniendo sobre la mesa muchos más aspectos. La batalla postapagón plantea una revisión integral de todo el modelo energético español. En realidad, lo está abriendo en canal. El apagón del 28 de abril ha sacado a la luz las carencias que todos los agentes del sistema vienen detectando. Las energéticas cuestionan el insuficiente plan de inversiones que se está llevando a cabo en la red. También urgen a una reconsideración del modelo energético renovable español basado que arrincona a las energías síncronas en favor de las renovables. También ha puesto el foco en el estado de las interconexiones energéticas con Francia o la necesidad de una revisión del futuro de la energía nuclear, la gestión y acceso a la información del sistema o la configuración del ‘mix’ energético diario.

Cuatro investigaciones

Lo que está claro es que las consecuencias del impacto irán mucho más allá del incidente que provocó el ‘cero energético’. Lo ocurrido ha puesto en cuestión lo que el Gobierno de Pedro Sánchez mostraba como una de las ‘joyas de la corona’ de su gestión. Los plazos en los que se quiere implantar un sistema casi exclusivamente renovable -en la que España es un referente internacional- están siendo cuestionados. Ahora, el ritmo con el que se quiere alcanzar ha sido puesto en duda, incluso señalado como uno de los posibles orígenes de lo ocurrido. Saber equilibrar el peso de las energías convencionales, más sólidas ante oscilaciones del sistema, con las nuevas fuentes limpias, asíncronas, es lo que empieza a repensarse.

En estos momentos son cuatro las investigaciones en marcha. De cada una de ellas podrían salir fallas del sistema. La primera, la Comisión de Investigación impulsada por el Gobierno, anuncia conclusiones en el plazo de un mes o mes y medio. Por el momento tan sólo han trascendido algunos detalles sobre el dónde y cuándo se originó el problema, pero no el porqué. La comisión sigue a día de hoy reclamando información y datos a las energéticas, a las que la ministra Sara Aagesen ya ha acusado de estar ralentizando en su entrega.

La presidenta de Red Eléctrica es la única que por ahora da por acreditadas las primeras conclusiones: ellos no fueron. Beatriz Corredor ha repetido en varias ocasiones que sus datos acreditarían que “las energías convencionales no controlaron la tensión correctamente”. También que REE funcionó “acorde con los protocolos marcados” y que no se ha detectado ningún error en su actuación”. Respecto a la causa, por ahora se ha limitado a señalar que "sabemos que no pasó": "No faltó potencia síncrona, estaban acoplados grupos nucleares y térmicos, y no faltó inercia en el sistema, era correcto".

El malestar con las energéticas se agravó el pasado jueves cuando corredor acusado expresamente a las energías hidráulicas, ciclos combinados y nucleares que estaban conectadas a la red en el momento del ‘cero energético’ de estar operando sin la “potencia reactiva” necesaria y a la que estarían obligadas. Sin ella, relató, fueron incapaces de absorber las oscilaciones de tensión que se produjeron. Unas medidas que “les obliga la normativa de control de tensión”: “Les obliga a que ‘se tomen la tensión’ conforme evoluciona el sistema”.

Sanciones e indemnizaciones

El Ejecutivo ha dado por descartado que fuera un ciberataque. También Red Eléctrica. Sin embargo, en la segunda de las investigaciones abiertas, la que lleva a cabo la Audiencia Nacional, se sigue indagando esta posibilidad. Más aún, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, tras recibir los informes de Red Eléctrica y el Centro Criptológico Nacional acerca del apagón, ha acordado extender el secreto de sumario en su investigación al menos un mes más.

En Europa también quieren saber qué pudo ocurrir. Lo hace la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E). En este caso sus conclusiones llegarán más tarde. Este organismo se ha dado seis meses para presentarlas. El gestor de redes europeas ha adelantado de manera preliminar que el apagón se debió a una "compleja secuencia de eventos" y que se registraron dos periodos de oscilaciones de tensión y frecuencia en el sistema eléctrico durante la media hora previa al incidente. Dos oscilaciones de potencia y frecuencia entre las 12.03 y las 12.07 y entre las 12.19 y las 12.21 horas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha puesto en marcha un expediente informativo. En su investigación del apagón, el organismo regulador tiene capacidad para imponer sanciones de hasta 60 millones de euros a los culpables si detecta infracciones graves, además de aplicar la inhabilitación o pérdida de autorización administrativa. El plazo para culminar la investigación es en este caso mucho más amplio, marzo de 2026.

Por último, el Senado ha aprobado crear una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido y analizar la actuación del Gobierno y de las compañías eléctricas. La propuesta del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, contó con el apoyo de Vox, y el rechazo del PSOE. También 13 abstenciones, entre las que han estado PNV, Junts y ERC.

Acusaciones cruzadas

Investigaciones que avanzan mientras la tensión entre Red Eléctrica y las energéticas no deja de agravarse. El CEO de Endesa, José Bogas recordaba esta semana que es Red Eléctrica la responsable de la estabilidad del sistema y la que determina qué centrales pueden producir y cuáles no para que la red sea estable. Bogas insiste en que hubo “falta de inercia” y que prueba de que no se tomaron buenas decisiones en la configuración de la red ese día es que desde entonces Red Eléctrica “opera con seguridad reforzada”.

En Iberdrola el malestar no ha hecho más que aumentar con el paso de los días. Además de reclamar información a Redeia –que ésta se niega a portar por considerarla confidencial- han recordado a Corredor que no permitirán que se ponga en cuestión “a una empresa con 125 años de historia en España y que tiene una reputación y que ya dijimos desde el día uno que íbamos a cuidar”, aseguró esta semana el CEO de la compañía, Mario Ruiz-Tagle.

En esta guerra cruzada, sobre la mesa se ha puesto en cuestión el modelo energético que España impulsa y que dota a las energías renovables de cada vez mayor peso en la generación energética. Las compañías han recordado que la red basada de modo mayoritario en energías asíncronas es más vulnerable a posibles incidencias en la tensión e inercia y que no se puede reducir en exceso la presencia de otras fuentes energéticas convencionales, síncronas, que dotan de robustez al sistema como la hidráulica, los ciclos combinados o la nuclear.

A ello se ha sumado la crítica de falta de inversión en la red eléctrica y en las interconexiones energéticas con Francia. Una circunstancia que ha hecho que el sistema, según las compañías, no esté adecuado a la realidad de la demanda energética.