El magistrado del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, autorizó el registro del domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluye grabaciones intervenidas a su exasesor Koldo García, en las que se le vincula con la adjudicación presuntamente irregular de contratos de obra pública cuando estaba al frente del Ministerio.
Así consta en el auto fechado este pasado lunes, 9 de junio, al que ha tenido acceso El Independiente, donde el juez apunta que Ábalos "pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica".
Según explica el magistrado, en el informe de la Benemérita, que recibió el 5 de junio, figura una identificación concreta de las obras que supuestamente fueron adjudicadas indebidamente con la participación del exministro, que se describen en relación con ciertas grabaciones halladas en los dispositivos intervenidos a Koldo.
Puente considera que existen elementos suficientes para pensar que dichas adjudicaciones se produjeron como consecuencia de "la eventualmente ilícita intervención del afectado [Ábalos] por las medidas que aquí se adoptan y obteniendo por ellas un determinado beneficio económico, tal y como él mismo podría haber venido a admitir en determinados pasajes de las mencionadas conversaciones".
El instructor concluye que, a partir de "la solidez de los indicios", la entrada y registro estaba justificada por la posible comisión de delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal.
Por orden de Puente, agentes de la UCO se personaron este martes a las 7:00 horas en el domicilio de Ábalos en Valencia, donde practicaron el registro durante más de nueve horas, hasta pasadas las 16:30. Durante la operación, clonaron el contenido del teléfono móvil de Ábalos y se llevaron varias memorias digitales con el objetivo de analizarlas en busca de documentación relacionada con contratos de obra pública.
Fue el pasado abril cuando el juez ordenó a la Guardia Civil investigar la adjudicación de las obras públicas que aparecen destacadas en fluorescente en los documentos aportados por el "nexo corruptor" de la trama, el empresario Víctor de Aldama. En concreto, pidió al Instituto Armado que identificara a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalizara todo el procedimiento de adjudicación.
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