Los jueces y fiscales mueven ficha. Este miércoles, exceptuando a las progresistas, todas las asociaciones —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han convocado un paro de 10 minutos a las 12:00 en las puertas de las sedes judiciales de toda España para expresar su rechazo a los dos proyectos de ley que el Gobierno pretende aprobar en las próximas semanas: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras —la 'ley Bolaños'— y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales.

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La protesta, anunciada el pasado 23 de mayo, ha sido promovida por las cinco asociaciones firmantes, que exigen la retirada de ambas iniciativas legislativas. En un comunicado conjunto, denunciaron que la reforma del sistema de acceso supone "medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial" y advirtieron de que no responde a una "verdadera demanda social" ni contribuye a solucionar los "verdaderos problemas de la Justicia". Además, aseguran a El Independiente que no descartan ir a la huelga en las próximas semanas si el Gobierno mantiene su hoja de ruta.

La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, señala que el núcleo del problema está en que la reforma crea un sistema de estabilización para jueces y fiscales sustitutos que "abre la puerta a cualquier profesional del ámbito jurídico con más de cinco años de experiencia" sin especificar de qué tipo. A su juicio, esto derivará en "un examen sencillo que convertirá el acceso a la carrera judicial en un coladero".

Asimismo, critica que el Ministerio de Justicia justifica la nueva ley en el cumplimiento de la normativa europea, algo que niega de plano: "No es verdad. Los jueces y fiscales sustitutos no son interinos, cubren bajas temporales, traslados, ausencias por enfermedad… no están destinados de forma fija", explica. Aunque reconoce que algunos sustitutos realizan un buen trabajo, advierte de que "el índice de error es significativamente mayor" entre quienes acceden por esta vía y añade que algunos ni siquiera han superado la oposición, lo que evidencia "que carecen del mérito y de la capacidad para ser juez”.

La presidenta de la APM considera también que la reforma socava principios básicos del sistema: "No sólo afecta al mérito y la capacidad, también a la igualdad. En la oposición vamos todos en igualdad de condiciones, hombres y mujeres —de hecho, la mayoría somos mujeres—". Para Del Barco, lo que subyace tras la iniciativa legislativa es una intención clara de influir en el poder judicial: "Estoy convencida de que se trata de un intento más de controlar la justicia. No sólo por esta reforma, sino por muchas de las que se han impulsado últimamente, que atentan de forma permanente contra la independencia judicial".

"Cuando debes tu puesto a alguien, dejas de ser independiente"

Según su análisis, permitir que accedan a la judicatura personas sin una formación rigurosa o que deban su plaza a decisiones políticas convierte al juez en alguien vulnerable ante injerencias externas: "Cuando alguien no sabe, duda o debe su puesto a alguien, deja de ser independiente. Si metes a alguien en un sitio, ese alguien te va a deber el favor".

En cuanto al otro proyecto de ley, que busca modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que las investigaciones penales pasen a manos de los fiscales, las asociaciones alertan de que se pierde una oportunidad de blindar su autonomía funcional frente a posibles injerencias. Del Barco recuerda que en España la instrucción está en manos de jueces "porque la Constitución garantiza su independencia", mientras que el fiscal general depende del Gobierno que lo nombra y de él se articula una estructura jerárquica de la que dependen todos los fiscales.

"Los jueces independientes garantizan una instrucción basada en la legalidad", defiende. A su juicio, las actuaciones recientes de fiscales generales del Estado, como Dolores Delgado o Álvaro García Ortiz, han reforzado la necesidad de mantener el modelo actual: "Nadie ha hecho tanto como ellos para que los jueces sigamos instruyendo".

Desde el Ministerio de Justicia, en cambio, se defiende que la reforma es necesaria para "modernizar el acceso a las carreras, blindar las becas, garantizar los ascensos automáticos y estabilizar a jueces y fiscales sustitutos". Sin embargo, las asociaciones consideran que sus objeciones han sido ignoradas y no perciben una voluntad real de alcanzar consensos.

Al margen de la convocatoria de estas asociaciones, unos mil jueces y fiscales han impulsado una huelga contra las mismas reformas en un manifiesto —difundido en la cuenta de X @Huelga2025— que cuenta con "más de mil adhesiones en tres días". Son en su mayoría pertenecientes a las últimas promociones, aunque también se encuentran jueces y fiscales veteranos apoyando la iniciativa. La misma ha surgido a raíz del movimiento y el intercambio de mensajes realizado en las últimas semanas, cristalizando en el grupo llamado Unión de Fiscales y Jueces.

La "inquietud" del Tribunal Supremo

Este martes, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se sumó a la "extendida inquietud" por la reforma del acceso a la carrera judicial anunciada por el Gobierno, y en un comunicado defendió el actual sistema por "garantizar la objetividad y la transparencia" en la acreditación del mérito y la capacidad.

El alto tribunal advierte de que los cambios en curso, como la implantación de los tribunales de instancia y la modificación de aspectos clave de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han generado "un intenso debate" y descuidado otros problemas estructurales que lleva tiempo reclamando resolver.

En concreto, mostró su preocupación por la propuesta sobre jueces sustitutos y magistrados suplentes, al considerar que afecta directamente al ejercicio de la potestad de juzgar, sobre la que el Supremo debe pronunciarse "en último término".