Las tres empresas de la trama que obtuvieron contratos por más de 620 millones de euros

Una parte sustancial del extenso informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' versa sobre las empresas que, presuntamente, recibieron contratos amañados de obra pública por parte del Ministerio de Transportes a cambio de contraprestaciones para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Principalmente, son tres las compañías señaladas por el Instituto Armado: Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). En total, y según los datos recogidos en el informe, estas empresas se adjudicaron contratos por más de 620 millones de euros en total, concedidos por dos entidades públicas dependientes de la cartera de Transportes: ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y la Dirección General de Carreteras.

Acciona

La multinacional española, una de las mayores del sector de infraestructuras, es la empresa que más fondos recibió entre las tres investigadas. La UCO detalla en su informe que se adjudicó cinco contratos vinculados a obra pública por un importe total de 537.270.003 euros.

Una de las adjudicaciones bajo sospecha fue la correspondiente a las obras de soterramiento en el barrio murciano de Santiago El Mayor, concedida en 2020 por ADIF a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Ferrovial y Acciona. El contrato se adjudicó por 158,8 millones tras obtener la mejor valoración técnica.

El informe también destaca la adjudicación del proyecto de construcción del Puente del Centenario de Sevilla, por 102,8 millones, que estuvo precedida de presiones atribuidas de Cerdán a Koldo para cerrar la licitación. Otras obras bajo lupa son la integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat (62 millones), la obra de plataforma del AVE Murcia-Almería en su tramo Pulpí-Vera (121,1 millones) y una actuación para hacer una carretera en Logroño, adjudicada a una UTE liderada por Acciona por 92,4 millones.

Los investigadores subrayan que las condiciones de algunos de estos contratos se adaptaron de forma que Acciona resultara favorecida frente a otros licitadores. También recogen comunicaciones entre Koldo y distintas personas del entorno de las empresas en fechas próximas a la firma de los contratos. Además, señalan que la relación entre Acciona y Koldo se remonta a su etapa en Navarra, un período que estuvo "marcado por una clara dependencia tanto laboral como personal" de éste con Santos Cerdán.

Obras Públicas y Regadíos (OPR)

Esta compañía, especializada en obras hidráulicas y de regadío, también figura en el núcleo de las pesquisas. Se benefició de al menos tres contratos de obra pública, si bien sólo uno de ellos tiene cuantía conocida: 7.383.932 euros por la adaptación parcial de la autovía A-63 en Asturias.

Los otros dos contratos fueron en Úbeda (Andalucía) y Monforte-Lugo (Galicia), aunque la Guardia Civil no especifica su importe. En uno de los contratos, los investigadores recogen que OPR presentó una oferta técnica "muy, muy floja", según trasladó a Koldo el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, lo que no impidió que finalmente resultara adjudicataria del proyecto. En una de las conversaciones intervenidas, Herrero le aseguró al exasesor ministerial que estaban "enredando" para "tener más control" en futuras licitaciones.

Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC)

La tercera empresa señalada por la UCO es Levantina, Ingeniería y Construcción, una constructora con sede en la Comunidad Valenciana, que logró contratos públicos por 78.809.695 euros.

Entre los proyectos bajo sospecha figuran las obras de emergencia de estabilización de taludes en la línea de ancho métrico de Asturias (592.053 euros), una adjudicación para conservación de carreteras en Teruel (5,77 millones) y un contrato valorado en 72,4 millones para las obras en la autovía A-12 del Camino de Santiago, entre La Rioja y Burgos.

En este último caso, la empresa obtuvo la puntuación global más alta a pesar de que su oferta económica era la decimocuarta más cara, gracias a los 100 puntos recibidos en el apartado de juicio de valor.

Ábalos recibidó 1.070.000 euros

En conjunto, los importes adjudicados a estas tres compañías suman 623.464.630 euros: 537,2 millones para Acciona, 7,3 millones para OPR —en su único contrato con cuantía conocida— y 78,8 millones para LIC, según las cifras recogidas por la Guardia Civil. No obstante, el sustancioso informe va más allá de las cifras, e incorpora conversaciones entre Koldo, Ábalos y Cerdán, en las que se aprecia cómo se interesaban por las contraprestaciones económicas tras la adjudicación de obra con dinero público.

Asimismo, el documento de la Benemérita especifica que, según las grabaciones intervenidas, al exministro le correspondían 1.070.000 euros en mordidas, de los cuales se cobraron 620.000. Esta cantidad tiene su origen en los cinco contratos adjudicados a Acciona entre 2018 y 2022. En concreto, 550.000 euros estarían vinculados a las dos obras en la Región de Murcia —el soterramiento de Santiago El Mayor y el tramo Pulpí-Vera del AVE Murcia-Almería—, mientras que otros 450.000 euros pendientes de cobro se asocian a los proyectos de Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat. Además, se alude a una percepción de 70.000 euros relacionada con el bajo de un inmueble no vinculado por Koldo directamente a ninguna licitación.

La Guardia Civil subraya que Cerdán habría actuado como intermediario en estas gestiones, reclamando pagos tanto para Ábalos como para Koldo. Tras hacerse público el informe, Acciona anunció que ha abierto una investigación interna para indagar en lo ocurrido, así como comunicó "su total desconocimiento, sorpresa y preocupación" por los hechos que recoge la UCO.