La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su último informe remitido al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo', abre la puerta a que el PSOE, como persona jurídica, pueda ser investigado por financiación irregular. Aunque el documento de 490 páginas no utiliza esta expresión de forma literal en ninguno de sus párrafos, los agentes sí deslizan que existen elementos indiciarios suficientes para que se abra esta línea de investigación.
Así lo confirman fuentes jurídicas a El Independiente, que explican que uno de los pasos que se contemplan a partir de ahora es requerir tanto a Hacienda como al PSOE la relación de donaciones que haya recibido el partido o sus fundaciones vinculadas por parte de los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos o Santos Cerdán.
Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó tajantemente que su formación se haya financiado de forma irregular, y subrayó que la Guardia Civil no ha incluido en su informe ningún dato que lo evidencie: "Si nos atenemos a lo que dice el informe de la UCO, no hay ninguna derivación o señalamiento de una supuesta financiación irregular del PSOE", respondió al ser preguntado si podía garantizar que no se había producido una financiación en negro. "Me están preguntando por cosas que ni la UCO está señalando", aseguró.
Sánchez también se refirió a la palabra "impuesto" que aparece en el informe del Instituto Armado y recurrió al argumento ya expresado por los ministros Félix Bolaños y Óscar López: se trata de una cuota voluntaria que los cargos públicos abonan al partido. "No es financiación irregular, al contrario, lo que hace es evitarla porque, entre otras cuestiones, estamos contribuyendo con nuestros propios recursos a la financiación de la estructura de nuestra organización", afirmó.
Sin embargo, la UCO sí contempla como una hipótesis plausible que Ábalos y su exasesor Koldo García fueran apartados del Gobierno por recibir mordidas a espaldas del PSOE. "Habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido, lo que, presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021", escriben los investigadores en el informe remitido al Supremo.
Esta conclusión se apoya en un intercambio de mensajes interceptado entre Koldo y el constructor José Ruz, amigo de Ábalos y administrador de las sociedad Levantina, Ingeniería y Construcción, una de las empresas señaladas. En esas comunicaciones, el empresario pide hablar con Cerdán sobre los "heridos inocentes" y la "gente fuera del baile". La conversación tuvo lugar en marzo de 2022, varios meses después de la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio de Transportes.
Según los agentes, esta última expresión puede aludir a la decisión del partido —al que en los mensajes se refieren como "la ganadería"— de excluir a determinadas empresas de la trama de adjudicación de obra pública. La UCO resalta que este hecho resulta "de especial interés".
En relación con esta hipótesis, la Guardia Civil señala cuatro elementos clave. El primero, que Koldo vinculó al PSOE en sus gestiones con Antxón —un empresario navarro que actuó como intermediario en contratos de obra pública— y en la obtención de adjudicaciones. En segundo lugar, que Cerdán, según los audios intervenidos, intentó conseguir un puesto en Indra para donar el 80% de su sueldo al partido.
También se pone de manifiesto que desde la Gerencia del PSOE se "requirió" la aportación económica del exdirector general de Carreteras Javier Herrero en concepto de "impuesto", siempre según el relato de Koldo. Por último, los investigadores destacan que este último fue supuestamente cuestionado por recibir pagos de empresarios mientras no se le reprochaban otros ingresos que se obtenían a través de Cerdán.
Por otro lado, como ya explicó este medio, el juez instructor, Leopoldo Puente, ha asumido a la hora de dirigir las pesquisas el relato del "nexo corruptor" de la trama, el empresario Víctor de Aldama, quien en sus declaraciones judiciales aseguró que Cerdán había recibido un sobre con 15.000 euros delante de él y que Koldo le dijo "en muchas ocasiones" que parte del dinero iba a parar al partido.
Con el avance de la instrucción, varias de sus aseveraciones han empezado a sostenerse a partir de pruebas recabadas por la Guardia Civil o, en el caso de los amaños en obra pública, incluso a quedarse cortas frente a lo que han terminado exponiendo los investigadores. Las declaraciones previstas para la próxima semana de Koldo, Ábalos y Cerdán se antojan decisivas de cara a los próximos pasos del juez instructor, Leopoldo Puente.
Qué es la financiación ilegal
El delito de financiación ilegal de partidos políticos, tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal, castiga la recepción o entrega de fondos fuera de los cauces legalmente establecidos. También prevé la responsabilidad penal de los partidos como personas jurídicas, lo que permite imponerles sanciones como la suspensión de actividades, la pérdida de subvenciones o incluso la disolución.
En el caso del PSOE, los indicios recogidos por la UCO apuntan a que algunas aportaciones económicas vinculadas a contratos públicos pudieron haberse dirigido al partido de forma encubierta, bajo el ya mencionado "impuesto". Por ahora no existe ninguna investigación judicial abierta en este sentido. Lo que plantea la Guardia Civil es una hipótesis que, en caso de prosperar, puede derivar en diligencias específicas si se llegara a acreditar que hubo donaciones prohibidas u ocultación en las cuentas oficiales.
Un punto clave será el análisis del material incautado en los registros a constructoras de Navarra, Toledo, Granada y Valencia, así como en los domicilios de Ábalos, del empresario Joseba Antxon —propietario de Servinabar—, del exdirectivo de Acciona Fernando Merino, del constructor José Ruz y de los hermanos Fernández Menéndez —Obras Públicas y Regadíos—. Su contenido puede ser determinante para aclarar si hubo financiación irregular vinculada al partido en el Gobierno. Como ha desvelado este medio, la Guardia Civil ya está tratando de seguir el rastro del dinero obtenido de las mordidas de obra pública.
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