El juez del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que rastree casi 500 cuentas bancarias vinculadas al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a los cinco empresarios vinculados a la trama para obtener mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública por parte del Ministerio de Transportes cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos.

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En un escrito fechado este viernes, el magistrado acuerda también citar como investigados a Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola. Según señala, estos empresarios intervinieron supuestamente en adjudicaciones públicas irregulares actuando como administradores de hecho de varias compañías beneficiadas por contratos públicos a cambio de mordidas.

Parte de esos fondos pudieron acabar en manos de Ábalos, único aforado en la causa, lo que a juicio de Puente justifica que su conducta esté "indisociablemente unida" a la de los nuevos investigados. Todos ellos tendrán que declarar entre el 4 y el 7 de julio.

La orden se apoya en el último informe que la UCO entregó al Supremo, y extiende el rastreo bancario a las cuentas de los nuevos imputados, así como a las de las sociedades para las que actuaban: Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR), Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Servinabar. También incluye las cuentas de la fundación Fiadelso, vinculada a Ábalos.

La información solicitada por el magistrado abarca todos los productos financieros en los que aparezcan como titulares, autorizados o representantes, y busca determinar el origen y destino de los fondos obtenidos, además de movimientos sospechosos de blanqueo de capitales.

Estas diligencias llegan el mismo día que los agentes de la UCO han acudido a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para clonar el contenido del correo corporativo de Cerdán. Han permanecido en el edificio durante tres horas y también se personaron en el Ministerio de Transportes, en Adif y en la Dirección General de Carreteras para recabar los correos del exministro Ábalos y documentación relacionada con las adjudicaciones bajo sospecha de la Guardia Civil.

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