El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad este lunes, en un pleno extraordinario, su informe sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal promovida por el Gobierno. El documento, de 109 páginas, valora positivamente varios aspectos de la propuesta, aunque también expresa objeciones relevantes. Una de ellas se refiere a la previsión de que la Policía Judicial pase a depender de la Fiscalía, algo que el órgano de gobierno de los jueces considera que excede el ámbito propio del estatuto.

Según el informe, la reforma "introduce novedades relevantes que trascienden el ámbito propio de un estatuto orgánico" y "se proyecta sobre un ámbito personal que trasciende al de los integrantes del Ministerio Fiscal". Entre esas novedades, el CGPJ subraya "la regulación de la función de dirección de la Policía Judicial en la que se introducen deberes y obligaciones de los funcionarios de la Policía Judicial".

La reforma es clave en la estrategia del Gobierno para que la instrucción de los procedimientos penales deje de recaer en los jueces y pase a manos de los fiscales. Esto implicaría que la Policía Judicial trabajase bajo las órdenes del Ministerio Público y que el fiscal jefe de cada territorio designase a los fiscales responsables de cada investigación.

Por ejemplo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —que ha ejercido como Policía Judicial en causas sensibles para el Gobierno, como el 'caso Koldo', la investigación al fiscal general o las pesquisas sobre la esposa y el hermano de Pedro Sánchez— pasaría a depender del fiscal que asumiera la instrucción del procedimiento. Son numerosas las voces que advierten de que, con esta medida, el Ejecutivo busca de facto controlar la fase de instrucción a través de la Fiscalía, una institución jerárquica cuyo máximo responsable es nombrado por el propio Gobierno.

Este anteproyecto —junto al proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal— forma parte del paquete de reformas judiciales, comúnmente conocidas como 'leyes Bolaños', que el Ejecutivo pretende aprobar en las próximas semanas. Su tramitación ha motivado la convocatoria de una huelga los días 1, 2 y 3 de julio por parte de cinco asociaciones de jueces y fiscales. Todas, salvo las de corte progresista.

Entre otras cuestiones, denuncian que, con estas reformas, el Ejecutivo busca socavar la independencia judicial, que no responden a una demanda social real y que tampoco abordan los verdaderos problemas estructurales de la Justicia. Aseguran que ambas leyes incrementan el riesgo de politización y debilitan los valores sobre los que se sustenta el Estado de derecho en España. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que ambos proyectos seguirán adelante.

La de la Policía Judicial no es la única objeción que recoge el dictamen del CGPJ. También lamenta que no se subraye desde el inicio "el carácter de órgano independiente" del Ministerio Fiscal, lo que considera esencial para garantizar los principios de legalidad e imparcialidad en su actuación.

"Aunque el principio de independencia del Ministerio Fiscal no está expresamente proclamado en nuestra Constitución, está ínsito en la regulación constitucional de la institución”, señala el informe. "La independencia es precondición necesaria de los dos principios funcionales (...) esto es, el principio de legalidad y el principio de imparcialidad".

Asimismo, el CGPJ reprocha que la reforma no dote a la Fiscalía de potestad reglamentaria ni de capacidad de gestión presupuestaria, al seguir careciendo de un presupuesto propio. Según el informe, estas condiciones son imprescindibles para garantizar su autonomía funcional.

Los aspectos positivos

Entre los puntos que el CGPJ sí valora positivamente, figura que, por primera vez, la ley regule de forma expresa las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado. Celebra que se establezcan límites a las solicitudes que Moncloa pueda dirigir al jefe del Ministerio Público, de forma que no puedan referirse a casos concretos. Sin embargo, advierte de que habría sido deseable una prohibición explícita que impidiera emitir órdenes, instrucciones o indicaciones de cualquier tipo al fiscal general.

También considera un avance que se desligue el mandato del fiscal general de la duración de la legislatura, y que se elimine como causa automática de cese la caída del Gobierno que lo propuso. A ello se suma la introducción de ciertas garantías para aplicar la causa de cese por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, al exigirse un informe preceptivo previo del CGPJ.

En la misma línea, valora que se suprima la intervención del Ministerio de Justicia en decisiones clave sobre la carrera fiscal —como nombramientos, ascensos o régimen disciplinario—, que pasarán a depender exclusivamente del fiscal general. No obstante, el informe detecta una incoherencia en que, al mismo tiempo, Justicia conserve la competencia para declarar las situaciones administrativas de los fiscales, como excedencias o jubilaciones, lo que en su opinión desdibuja la autonomía que se pretende reforzar.