El proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral marcó el inicio de este ciclo de sesiones político que está apunto de cerrarse. Las exigencias de Sumar en enero para materializarlo a la vez que se trabajaba en una nueva subida del SMI, llevó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al choque con el ministro de Economía, de la cuota socialista del Gobierno, Carlos Cuerpo. En paralelo, entre enero y marzo, periodo en el que se acabó superando la crisis y se elaboró el borrador de la ley, Sumar diseñó una ruta de actos por distintos puntos geográficos para meter presión al PSOE y reivindicar sus objetivos.
"Trabajar menos, vivir mejor", fue el eslogan pactado por Sumar. Esta medida, después de la reforma laboral y la subida del salario mínimo, fue la principal apuesta de Díaz en la campaña de las últimas generales. Su ley estrella. Tal es el grado, que se lleva insistiendo en ella prácticamente todo el año, hasta el punto de lanzarse una campaña de recogida de firmas para meter presión a PP y Junts. Del voto favorable de una de estas dos formaciones depende el éxito o el fracaso de la norma de Sumar.
Sin embargo, a menos de un mes de que se afronte la primera votación clave, y ante el mantenimiento de ambas formaciones de la derecha —nacional y independentista catalana— en el rechazo a la ley, Sumar empieza a allanar el terreno para salir del paso. Además de la Vox, populares y neoconvergentes presentaron una enmienda a la totalidad de la ley. Como mínimo, en Sumar esperan que la presión y la posibilidad de descrédito social pueda con Junts y le haga rectificar, tumbar su enmienda y ceder al trámite para negociar dentro de la Comisión de Trabajo del Congreso junto al resto de socios de la mayoría de la investidura.
"La enmienda es una técnica negociadora", comentan en Sumar. Piden esperar a ver cómo se avanza en las próximas semanas. De hecho, este jueves está previsto que se produzca una nueva reunión con Junts para seguir abordando el asunto, después de la necesidad de aplazamiento de la semana pasada por la ronda de consultas de Sánchez tras el caso Cerdán. Pese a todo, y de no desencallarse la situación con los de Carles Puigdemont, fuentes magentas y otras ligadas a Trabajo, coinciden en restar relevancia al impacto que podría tener un eventual fracaso del Gobierno el próximo 22 de julio. Será entonces cuando se debatirán en pleno extraordinario esas enmiendas, además de otras propuestas que se han quedado en el cajón parlamentario.
La rebaja del impacto que podría generar el fracaso de la ley estrella de Díaz a la primera de cambio, tras ser su gran apuesta de la legislatura y garante para una posible nueva candidatura a la izquierda del PSOE, contrasta con ese discurso de principios de año. Ahora en Sumar, de hecho, hablan de la ley como un elemento "simbólico". De hecho, de fracasar, creen que podría revitalizar el espacio y hacer más sólida la competencia contra el PP y Vox. Aunque el compromiso es aprobarla, insistir en la negociación hasta el final.
Batalla cultural como alternativa
Dentro de Sumar se extiende la tesis de que a veces una derrota es una victoria. Creen que si la derecha se opone a aplicar una medida que "piden 12 millones de trabajadores" y "tres de cuatro españoles" tanto PP como Junts se habrán "quitado la careta". Tendrán "muy difícil explicar" la posición a sus electorados y eso permitirá a Sumar y a la izquierda en general dar la batalla cultural junto a cuestiones como el rearme europeo. Ven que eso puede penalizar a las derechas en las urnas, sobre todo cuando Alberto Núñez Feijóo "habla de conciliación".
Sumar insiste en que la negativa de PP y Junts a la propuesta generará desafección entre sus electorados. Confía en que la presión pueda con Puigdemont
Lo cierto es que ante el rechazo a la reforma de la jornada laboral en febrero de 2022, de hecho, el PP no solo no perdió electorado en las siguientes convocatorias, sino que se recuperó definitivamente frente a Ciudadanos y ya con Feijóo a los mandos. Al final, un episodio puntual, en las dinámicas actuales del Congreso, acaba pasando a un segundo plano hasta que se olvida. En Sumar se pone como ejemplo el voto en contra de Junts —en septiembre del año pasado— a la regulación y limitación de los alquileres de temporada. Eso generó desafección social y llevó al partido a cambiar de posición y a apoyar la proposición de ley a su vuelta este 2025 al Congreso.
Sin embargo, los neoconvergentes ahora están muy seguros de que rechazando la ley dan cumplimiento a lo que les exige la mayoría de su electorado: la protección de la pequeña y mediana empresa. En la exposición de motivos de la enmienda de Junts, se habla de la escasa rigurosidad del texto y la falta de consideración del impacto económico que puede generar. Eso les une al PP en cuanto a apreciación. Se une por otro lado la denuncia de que el proyecto se ha pactado solo con los sindicatos y sin la patronal. La catalana, Foment del Treball, viene presionando a Junts.
De caer el proyecto de ley, en Sumar aseguran que volverán a intentarlo. Aunque se descarta que se vuelva a registrar entre finales de julio y agosto, dado que debería negociarse antes para tener claro que en otra situación sí saldría adelante. No se presentaría para volver a llevarse un golpe parlamentario si Junts sigue bloqueando. Fuentes de Trabajo garantizan que hay "otras vías" para llevar a cabo parte del contenido de la ley lo antes posible. Especialmente, lo relativo con el control de los horarios y a las duras sanciones por incumplimiento. Y es que los magentas advierten que es lo más relevante de la norma.
De fracasar, Sumar volverá a presentar el proyecto. Se abre a un real decreto ley que actúe directamente sobre el control horario e implemente las sanciones por incumplimiento
La reducción "ya la aplican muchas empresas en sus convenios" y sí requiere modificación mediante un proyecto o proposición de ley, pero lo importante es acabar con "todas esas horas extra" que "no se pagan". Se sugiere que podría aplicarse esa supervisión del control horario vía real decreto ley a diferencia de la rebaja de horas. De acordarse en Consejo de Ministros, entraría en vigor inmediatamente, pero el problema es que volvería a toparse con la falta de apoyos y decaería después de los 30 días otorgados para la convalidación del Gobierno.
Sumar y PSOE, a distintos ritmos
En el seno socialista son varios los sectores que tienen asumido desde hace tiempo que no habrá capacidad de acuerdo con Junts. Fuentes de la cuota socialista en el Gobierno, en cambio, dicen apreciar algunos cambios en los neoconvergentes. "Junts se está abriendo", detectan, pese a que en privado los independentistas catalanes niegan que estén por la labor. Prefieren que Díaz deseche el proyecto y se centre en atajar cuestiones como el absentismo laboral o el acceso de los jóvenes al empleo. Hay disponibilidad a seguir sentándose las veces que haga falta, pero insisten en que la situación es de bloqueo y que se necesita volver a empezar.
Cuerpo, en enero, apostaba por plantear la ley de forma más calmada, más equilibrada y con consenso entre todos los actores implicados para garantizar su buena aplicación. Por ello, que no prospere no preocupa al PSOE. Sí llevarse al verano una nueva imagen de derrota en el último pleno en pleno asedio de la oposición por los casos de supuesta corrupción que rodean al partido. En el Gobierno hay perfiles que creen que debería retirarse del orden del día la votación de enmiendas si no se garantiza que prospere, para dar más tiempo a la negociación. Sin embargo, la versión de Sumar dista mucho de la ofrecida por los socialistas. Garantizan que el PSOE está "al cien por cien" con la norma y que esta se vote independientemente del resultado el día 22 de julio. Sumar niega tutelas por parte de los socialistas, y seguirán con todo.
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