Es la gran pregunta: ¿en qué situación queda el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, que borra una década de delitos vinculados al procés? La respuesta es que, de momento, nada cambia, salvo que decida volver a España. La corte de garantías aún no se ha pronunciado sobre la malversación, porque el recurso del PP resuelto en este primer fallo ni siquiera la mencionaba.

La cuestión es clave, ya que la interpretación que el Tribunal Supremo hace de este delito impide aplicar la amnistía a los cabecillas del independentismo, como Puigdemont u Oriol Junqueras. El texto sólo excluye la malversación cuando existe un "propósito de enriquecimiento", entendido como beneficio patrimonial personal, fórmula pactada entre PSOE y Junts para blindar al expresident. El Supremo sostiene que el referéndum ilegal del 1-O, al financiarse con fondos públicos, supuso un ahorro económico para Puigdemont, y ese ahorro constituye un beneficio patrimonial. Por tanto, en estos casos no cabe aplicar la ley del perdón.

¿Qué pasaría si regresara mañana? Al pisar territorio español se activaría la orden de detención que pesa sobre él: sería arrestado, declararía ante el instructor Pablo Llarena y después comparecería ante el tribunal que enjuició el procés, presidido por Manuel Marchena. Entre ambas declaraciones permanecería en prisión, pero, según indican a El Independiente fuentes del alto tribunal, tras comparecer ante los magistrados de la Sala de lo Penal, "no duraría en la cárcel ni 48 horas". Lo más probable es que quedase en libertad con medidas cautelares.

No obstante, Puigdemont aún tiene una bala en la recámara: el recurso de amparo. Minutos después de conocerse el fallo del Constitucional, su abogado, Gonzalo Boye, anunció que presentará ese recurso para que se le aplique la amnistía —malversación incluida— y pedirá, como medida cautelar, el levantamiento de la orden de detención. Para resolverlo, el Constitucional deberá pronunciarse sobre el encaje de la malversación en la ley, que previsiblemente también avalará.

Si ocurre, el Supremo puede optar por no acatar de forma inmediata una eventual resolución del Constitucional favorable a la aplicación de la amnistía por malversación. Entre sus opciones está plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), alegando que dicha resolución podría entrar en conflicto con el derecho europeo. También podría decidir simplemente suspender su aplicación hasta que Europa se pronuncie sobre las cuestiones que ya tiene sobre la mesa en relación con el procés.

En cualquier caso, incluso si el Constitucional concluye que se han vulnerado derechos fundamentales al denegar la amnistía por malversación, ello no implicaría automáticamente que Puigdemont pueda volver sin que se la aplique ninguna medida cautelar. Antes de alcanzar ese escenario, será clave lo que determine el TJUE, cuya interpretación del derecho europeo es vinculante para todos los tribunales nacionales, incluido el Supremo.