Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las de corte progresista, se han concentrado este sábado a las 12:30 frente al Tribunal Supremo para protestar contra las dos reformas que el Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas y que, según denuncian, suponen una grave amenaza para la independencia judicial. La manifestación es el preludio de la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Las reformas en cuestión —la que modifica el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal— han sido bautizadas como 'leyes Bolaños', en alusión al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su principal promotor. Las asociaciones consideran que introducen cambios de calado que alteran el equilibrio institucional y comprometen la autonomía de la Justicia. Han elegido el Supremo por su "carga simbólica", al ser el lugar donde culminan los años de oposición quienes acceden a la carrera. Aseguran que no es una protesta contra ningún poder del Estado, sino una advertencia sobre la relevancia del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales.

Bajo el lema "Sin Estado de Derecho no hay democracia", los concentrados van a leer un manifiesto con el compromiso de mantener un tono estrictamente institucional y al margen de cualquier filiación partidista. En él, las asociaciones alertan de que las reformas debilitan al Poder Judicial y lo hacen "más vulnerable frente a presiones políticas y mediáticas". Critican que la modificación del sistema de acceso, tramitada por vía de urgencia, rebaja el nivel de exigencia e introduce pruebas "más subjetivas y susceptibles de filtración".

Respecto al anteproyecto de reforma del Ministerio Fiscal, denuncian que amplía las competencias del fiscal general del Estado —que nombra el Gobierno— y elimina garantías internas de autonomía. Consideran que eso incrementará el riesgo de injerencias políticas, especialmente en causas sensibles como las de corrupción.

Por su parte, Bolaños ha calificado de "infundadas" estas críticas y sostiene que las reformas son imprescindibles para modernizar la Justicia, y que es natural que un sector "reacio al cambio" exprese reticencias. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad este jueves que no puede dar por formalmente convocada la huelga de jueces y fiscales prevista para la próxima semana, ya que, si bien la Constitución reconoce el derecho a huelga, no existe una regulación específica para estos cuerpos, lo que no quiere decir que no tengan derecho a realizarla.