El Tribunal Supremo ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el 'caso Koldo', atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

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Así lo ha acordado el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, tras escuchar su declaración como imputado, que ha durado alrededor de una hora y en la que solo ha contestado a preguntas de su abogado, ni siquiera del propio magistrado ni del fiscal.

Tras decretarse su ingreso en prisión, el que fuera secretario de Organización del PSOE y 'número tres' de Pedro Sánchez ha salido del Supremo sobre las 14:20 horas de la tarde, y ha sido trasladado hasta la prisión madrileña de Soto del Real.

Ahora, Cerdán tendrá que someterse a los trámites previstos en los ingresos antes de adjudicarle el módulo donde permanecerá en prisión preventiva.

Esta era la primera vez que Cerdán daba explicaciones después de que el pasado 5 de junio la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentara un informe demoledor en el que se transcribían unas grabaciones que Koldo García realizó durante años en las que se evidenciaba que tanto Cerdán como el exministro de Transportes José Luis Ábalos habían amañado presuntamente contratos públicos para derivarlo a empresas amigas que luego les pagaban mordidas. El exsecretario de Organización del PSOE se ha desvinculado de todo, pero sus argumentos no han sido convincentes ni para Anticorrupción ni para el juez Puente.

La UCO sitúa el inicio de la corrupción, al menos, en 2015 cuando Koldo y él trabajaban aún en Navarra. Los agentes señalan que en el momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designó a Ábalos en la cartera de Transportes, Cerdán utilizó su influencia para colocar a ciertas personas de su confianza y así poder controlar el Ministerio. Los investigadores han encontrado indicios de que las empresas Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR), Levantina e Ingeniería y Construcción (LIC) pudieron hacer pagos a los integrantes de esta trama para conseguir adjudicaciones favorables.

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