La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada por la gestión de la DANA del 29 de octubre, ha ampliado la queja que presentó el pasado mes de mayo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la instrucción que está llevando a cabo la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, con el objeto de añadir la denegación de la transcripción íntegra y literal de la declaración que realizó el 11 de abril.

Pradas, representada por el despacho Kepler-Karst Law Firm, cuestiona la denegación de la transcripción "íntegra y literal" de la declaración que realizó ante la instructora el pasado 11 de abril, "que se prolongó durante casi tres horas y en la que respondió a aproximadamente 140 preguntas".

Según ha informado la defensa en un comunicado, "la transcripción oficial se ha limitado a una versión resumida de 10 folios, sin incluir las preguntas formuladas, ni determinadas citas legales y matices presentes en las respuestas, aspectos que consideramos relevantes para la defensa".

Asimismo, expone que, tras haber pedido la agrupación de las cerca de 40 acusaciones existentes en la causa, con el objetivo de "agilizar" el procedimiento, la instructora ha habilitado un plazo "inexistente" en la fase de instrucción para que las acusaciones populares y particulares manifiesten los indicios de responsabilidad penal que consideren que existen contra Pradas y el otro investigado, el ex secretario autonómico Emilio Argueso.

"Juicio anticipado de culpabilidad"

A su juicio, esta actuación puede conllevar "un juicio anticipado de culpabilidad impropio de la fase de instrucción". Al respecto, recalca que ya se había concedido previamente un plazo de 15 días a las partes para pronunciarse sobre la agrupación solicitada.

Esta ampliación de la queja se suma a los hechos previamente comunicados al CGPJ el 14 de mayo de 2025 y que la defensa de Pradas entiende que afectan a las garantías procesales y al derecho de defensa de la exconsellera.

En ese primer escrito, apuntó que el derecho de defensa de su clienta estaba siendo "gravemente afectado" por la forma en la que se está conduciendo la instrucción por parte de la magistrada, con "irregularidades" que, a su juicio, "vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento".

Entre los motivos de la queja, la defensa de Pradas citaba en ese momento la "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente"; predeterminación del objeto de la instrucción; denegación "reiterada" de diligencias solicitadas por las partes; "limitación" del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas "ajenas" al procedimiento judicial.