El exsecretario de Organización Santos Cerdán acaba de recurrir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo su entrada en la cárcel rebatiendo parte de los argumentos con los que el juez Leopoldo Puente acordó el pasado lunes esta medida cautelar y advirtiendo de que no le pueden privar de su libertad para lograr una confesión. Para él, "única persona ingresada en prisión provisional", es un "agravio comparativo" que el resto de investigados como Koldo García o el exministro de Transportes José Luis Ábalos que "se encuentran relacionados con una imputación fáctica mucho más amplia" estén en la calle y él no.

El abogado de la defensa Benet Salellas indica que la prisión no puede usarse de instrumento para hacerle confesar. "No puede aspirar a forzarle o compelerle a realizar una concreta declaración o actuación positiva", dice, en el recurso al que ha tenido acceso El Independiente. No es "constitucionalmente legítimo pretender desarrollar mediante la prisión provisional una finalidad que responda a lo que sintéticamente puede denominarse una concepción inquisitiva de esta medida", dice.

Pone de ejemplo lo que ocurrió con el empresario Víctor de Aldama: "Como mínimo uno de los investigados en el procedimiento matriz de esta causa especial fue ingresado en prisión y posteriormente, al confesar su participación en varios delitos y proporcionarle material investigador a la acusación pública, fue ouesto en libertad". Aunque el juez no ha mencionado explícitamente esta finalidad, indica Salellas, que el antecedente es "tan cercano procesalmente" que les lleva a preguntarse si también quieren que Cerdán se haga un Aldama.

Sobre la actitud del exdiputado frente al juez, aduce transparencia. "Ha comparecido voluntariamente en las ocasiones que ha sido citado ante este Tribunal, ha aportado su declaración de vienes", "su vida con las autoridades fiscales", se sometió a un interrogatorio [...] de más de una hora de duración y de más de cincuenta preguntas"... Se compara así con otros, como Koldo García, que se han acogido a su derecho a no declarar o que han "declarado parcialmente" como Ábalos y no están en la misma situación que él.

Salellas pretende desmontar los argumentos del magistrado y dice que sí se le ha investigado patrimonialmente de forma somera, a pesar de que el juez ha dicho que no; indica que no hay acreditados pagos a Cerdán ni consta la existencia de ningún "botín" y que, además, esa estimación del 1% en el reparto de las adjudicación que, dijo Puente, conllevaría el reparto de las obras es "creatividad judicial".

Sigue dudando de la autenticidad de las grabaciones y, además, coloca la incógnita en la figura de Koldo García que era, recuerda, una persona muy cercana a la Guardia Civil. Por eso, que ponga en el audio "motivos bastantes" a su juicio no es suficiente: "Nos parece que unos audios realizados y preservados de forma fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como coinvestigado no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para utilizar una prisión provisional en un proceso penal democrático".

Contestación a Luzón

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, habló de "grave ofensa" cuando Cerdán aludió en su comparecencia a que estaba allí por haber sido el "arquitecto" de Gobiernos progresistas. Dijo que se sentía perseguido por algunos poderes del Estado a quienes molestaban estas gestiones al fiscal le pareció una declaración ofensiva para el trabajo del Ministerio Público.

Sobre esto, el letrado Salellas cita a otro abogado, Miguel Castells, que consiguió una condena para España por vulneración de su libertad de expresión: "Hay juicios en los que los fiscales hablan de política, la policía habla de política, la prensa habla de política y los únicos a quienes no les está permitido hablar de política es a los abogados y a sus defendidos".

Señala el recurso que "inescindiblemente" se mezclan los aspectos relativos a la vida política de Cerdán porque lleva años en ese entorno profesional y que como se considera inocente es normal que "busque en el universo político los motivos de su estatus procesal".

Y en esta línea, le dice al juez por ejemplo, que el hecho de que presupongan que colocaron cargos en el Ministerio de Transportes para amañar obras y no como parte de su trabajo político es la evidencia de que no se puede dividir el trabajo de Cerdán de su imputación. "Interpretar como indicio algo propio de la actividad política de partidos que conforman gobiernos en las distintas administraciones públicas es actuar claramente contra reo".