La justicia valenciana ha asestado un revés al modelo de gestión del agua impulsado durante décadas por la Diputación de Valencia a través de Egevasa, una empresa de capital mixto. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia ha declarado extinguido el convenio que desde 1994 permitía a esta compañía prestar el servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de Casinos, al entender que su prórroga automática resulta incompatible con la legislación.

Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Independiente. Dictada el pasado 2 de junio y aún recurrible, estima íntegramente la demanda de la empresa Aqlara y concluye que el convenio ha perdido su vigencia como consecuencia de los cambios introducidos en la ley en 2015. El fallo señala que Egevasa, al convertirse en sociedad mixta en 1999, dejó de poder operar bajo encargo directo de la administración sin concurso público, o mediante convenios prorrogados automáticamente, y que desde 2016 es exigible la convocatoria de un concurso público para poder seguir prestando el servicio.

El juez José Luis Fenellós considera que la falta de adaptación del convenio a los nuevos marcos legales conlleva su extinción, y que no cabe prorrogarlo "como si se tratara de una mera irregularidad formal". A juicio del magistrado, permitir la continuidad del contrato vulneraría los principios de concurrencia y transparencia al excluir a otras empresas del acceso a la gestión de un servicio público esencial.

Esta sentencia se suma a otras resoluciones judiciales recientes que han cuestionado la legalidad de los contratos de Egevasa en municipios como Ontinyent o Canet d’en Berenguer. Además, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana obligó el pasado año a revisar los convenios de la empresa público-privada en otras 31 localidades. Todo ello esboza un escenario de incertidumbre para el modelo de gestión directa externalizada que ha venido aplicando la Diputación de Valencia en las últimas décadas.

Egevasa (Empresa General Valenciana del Agua S.A.) es una sociedad de economía mixta participada mayoritariamente por la Diputación de Valencia, que mantiene el control público de la compañía. Según se puede consultar en su página web, su objeto es la gestión integral del ciclo del agua —desde el abastecimiento hasta la depuración— en municipios de la provincia. Desde 1999, tras incorporar a un socio privado, dejó de ser una empresa íntegramente pública.

En el caso concreto de Casinos, el juzgado da la razón a Aqlara, que impugnó la negativa del Ayuntamiento y la Diputación a declarar extinguido el convenio firmado en 1994. Egevasa actuaba como entidad interesada en el procedimiento judicial. Prorrogado en 2014 hasta 2034, el convenio carecía de un límite máximo de duración y contemplaba prórrogas indefinidas, lo que a juicio del juez vulnera el plazo máximo de ocho años que fija la ley.