El juez atribuye a Pardo de Vera una "notoria discrecionalidad" en la adjudicación de obra pública y destaca el interés de Cerdán en que ascendiera a secretaria de Estado

El juez que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, atribuye a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera una "notoria discrecionalidad" a la hora de adjudicar contratos de obra pública para favorecer a "determinadas constructoras", y destaca el interés que mostraron en su ascenso a secretaria de Estado de Transportes tanto el exasesor ministerial Koldo García como el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Así consta en un escrito fechado el pasado 25 de junio, al que ha tenido acceso El Independiente. El magistrado explica que, según muestra un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil incorporado al sumario, Koldo llegó a decir que había dado indicaciones a Pardo de Vera para beneficiar a determinadas empresas en procedimientos de contratación. En una de las conversaciones analizadas, incluso aseguró que iba a dar la orden, tanto a ella como al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, para adjudicar una licitación al empresario Víctor de Aldama.

Para el juez, estos indicios podrían explicar el "interés" que mostraron tanto el propio Koldo como Cerdán en promover a Pardo de Vera al cargo de secretaria de Estado de Transportes, una posición con mayor capacidad de decisión dentro del ministerio. Ese ascenso no se produjo durante el mandato de José Luis Ábalos, pero sí se hizo efectivo tras su salida del Ejecutivo en julio de 2021.

Los contratos presuntamente amañados, según el juez, se concentraban en el ámbito del Ministerio de Transportes, concretamente en Adif y la Dirección General de Carreteras. Para orientar esas adjudicaciones, Koldo se sirvió de la posición de Pardo de Vera. Su capacidad de maniobra es, a juicio del instructor, lo que justificaría el interés que tanto Koldo como Cerdán mostraron para que ascendiera a la Secretaría de Estado.

La pieza separada abierta por el magistrado investiga si estos hechos pueden constituir delitos de tráfico de influencias, cohecho o pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional ya investigaba a Pardo de Vera por su papel en la contratación de la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez en dos empresas públicas dependientes de la cartera de Transportes, Ineco y Tragsatec.