¿Qué opina sobre la llamada 'ley Bolaños' y la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal? ¿Son unas reformas que exige Europa, tal y como afirman desde el Ministerio de Justicia?

Se dice que Europa lo exige, pero ¿quién lo pide realmente? Bolaños dice que lo exige la Comisión Europea. Sin embargo, no hay ni un sólo informe que diga que hay que convertir en funcionarios de carrera a jueces y fiscales sustitutos. Lo que sí ha dicho la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que hay que tomar medidas para acabar con el abuso de la interinidad. Y además, que esas medidas no pueden contradecir el derecho nacional. El Tribunal Supremo ya ha señalado que estas estabilizaciones no son legales. Europa pide que se adopten medidas para evitar que vuelva a pasar, no que se metan 1.000 personas por un procedimiento extraordinario y poco transparente. Lo preocupante es que creo que se va a volver a hacer. Poco a poco, puedes acabar con una minoría de jueces por oposición libre y una mayoría colocada por vía extraordinaria. Eso es peligrosísimo. Hoy lo hace un partido, mañana otro.

Yo no le debo nada a ningún partido. Solo a mi madre, que me apoyó económica y emocionalmente durante la oposición. Pero si te han metido por un procedimiento extraordinario aprobado por un Gobierno, es lógico que exista una sospecha de afinidad, es inevitable. Si tu salario depende de una estabilización aprobada por un político, eso condiciona. Además, el procedimiento es preocupante. Se pretende que puedan entrar personas con Derecho, cinco años de ejercicio procesal y un caso práctico. ¿Quién elabora ese caso? ¿Quién lo corrige? Cualquiera que sepa Derecho sabe que la corrección de un caso práctico es subjetiva. ¿Qué valoras, el fallo, el razonamiento jurídico? Es muy difícil de objetivar. Por eso se quitó el dictamen de la oposición en 2004: por su subjetividad y el riesgo de filtraciones.

De cara al futuro, si el Ministerio no retira estas medidas, ¿qué pasos valoran tomar?

El comité de huelga ha mandado un comunicado: tras los tres días de huelga no hemos iniciado la indefinida porque hay un plazo de convocatoria y también porque ahora se inician las vacaciones. No cuenta como huelga. Existe el riesgo evidente de que vamos a estar muchos de vacaciones y no podemos contar, que el número oficial sea del 50% y se venda por parte del Ministerio —como ya ha pasado— que el apoyo ha disminuido. Si no se retira o modifica totalmente, las medidas serán reiniciar la huelga en septiembre, o cuando sea necesario. No se descarta ninguna medida. Lo que se ha vendido por parte del ministro, de que Europa ha avalado la reforma, es absolutamente falso: no ha avalado nada de nada.

¿Qué opina del argumento de que el sistema de oposiciones está anquilosado y es demasiado duro? ¿Cuál es su visión al respecto?

No vas a tener nada en la vida sin esfuerzo. Si quieres ser juez, que es uno de los cargos más importantes que existen, lo mínimo es que la preparación sea dura. Una oposición a judicatura tiene una exigencia similar a la de Registro de la Propiedad o Notarías. El proceso consta de tres partes: un test y dos exámenes orales. El test sirve para cribar, porque se presentan unas 5.000 personas. Suelen pasar unas 1.500. En mi año, para superarlo necesitabas al menos un 7,2. La dureza no está tanto en el temario —que puede ser de 350 o 400 temas—, sino en el sacrificio prolongado. Durante años, prescindes prácticamente de todo. Cuando tienes 22 años y tus amigos empiezan a trabajar, tú estás encerrado estudiando.

Mucha gente no entiende que tienes un horario rígido, que cantas temas con tu preparador, que no puedes permitirte distracciones. Esa es la dificultad real. Desde el Ministerio se critica que es una oposición excesivamente memorística, pero todas las ramas del saber requieren memoria. Es imposible memorizar 350 temas sin comprenderlos. El derecho teórico lo aprendí en la oposición, no en la carrera. El práctico lo adquieres trabajando, como ocurre en cualquier otra profesión. Después tienes la Escuela Judicial, donde haces simulaciones. Luego seis o siete meses de prácticas, acompañando a un juez en cada uno de los órdenes jurisdiccionales. Le ayudas y poco a poco vas haciendo tareas reales. Tras eso, viene una fase de refuerzo o sustitución de unos diez meses, y sólo después te entregan tu primer destino. Todo eso se omite interesadamente en muchos discursos.

Se habla de que la carrera judicial es un estamento privilegiado, incluso que se hereda. ¿Qué opina?

Si miramos los datos de la Escuela Judicial, los jueces con padre o madre en la carrera son apenas un 5%. En promociones de 170 o 180 personas, más del 30% proviene de familias donde los padres ni siquiera tienen estudios universitarios. Mi caso: tengo 30 años, aprobé hace cinco, pago mi alquiler, mis letras del coche, tengo amigos, hobbies... somos gente normal. Mi madre es gestora; mis abuelos, agricultor y ama de casa. En mi promoción sólo había una chica cuyos padres eran jueces, y era algo rarísimo. Es lógico que muchas personas terminen dedicándose a lo mismo que han visto en casa. También sería interesante analizar cuántos políticos son hijos de políticos, ¿no? El debate está sesgado. La mayor parte de la carrera la forman personas jóvenes, repartidas por pueblos de toda España. Tardas entre 10 y 15 años en conseguir un destino en una capital. Ser juez es un honor. Pero el relato de que somos privilegiados no se sostiene. Quien realmente tiene muchos recursos no se pasa cinco años encerrado estudiando. El perfil más habitual en la carrera es el de una mujer andaluza de entre 29 y 30 años. ¿Por qué andaluza? Por lo mismo que en mi familia: mucha gente del sector primario busca que sus hijos consigan estabilidad económica a través de una oposición.

¿Percibes una banalización del Derecho en el discurso público?

Sí. Hay una percepción de que el Derecho es algo accesible a cualquiera. Por ejemplo, el delito del fiscal general del Estado es de los más técnicos del Código Penal. He tenido que estudiarlo a fondo para entenderlo bien. Mucha gente ni siquiera se lee los autos. Va directamente a la parte dispositiva a ver si le gusta o no. Y así no se entiende nada.

El último informe de la Comisión Europea, aparte de mostrar su preocupación por la independencia judicial, recuerda la renovación del CGPJ. Parece que se ha quedado guardada en un cajón. ¿En qué grado es importante que se renueve el Consejo?

Cuando se constituyó el primer CGPJ, con la Ley Orgánica de 1980, lo que se indicó fue, de acuerdo con el mandato que establece la Constitución, que se compone de 20 miembros: 12 que son jueces y 8 que son juristas de reconocido prestigio. En 1980, los 12 los elegían los jueces. Los otros 8, 4 el Congreso y 4 el Senado. Hasta ahí, todo bien. En 1985 se hizo otra Ley Orgánica, y se dijo que los 12 vocales del Consejo también los elegían las Cámaras. En vez de cuatro y cuatro, todos. Eso fue muy criticado porque, si coges la voluntad de la Constitución, se entiende que no era esa. Lo que dice es que los 12 se eligen entre jueces y magistrados; 4 el Congreso, 4 el Senado. Se recurrió ante el Tribunal Constitucional, y lo que hizo fue dictar una sentencia que decía que el cambio era válido, pero con un matiz: que nunca se distribuyeran atendiendo a las fuerzas que existen en el Congreso y el Senado, que no sea un reparto en función de los diputados que tengas, que es lo que ha acabado pasando. Se lo reparten entre el principal partido en el Gobierno y la oposición: el PP y el PSOE.

Es una cuestión de mayorías. En 2013 se renovó el CGPJ, que tiene una duración de cinco años. En 2018 había que renovarlo, y ahí es cuando vino el lío. El problema principal era que necesitas tres quintos del Congreso, 210 diputados, para renovar el CGPJ. Nadie los tiene, no se ponían de acuerdo, cada uno quería a sus vocales. Se habla de que estuvo secuestrado, pero la obligación de convocar para votar a los vocales es de los presidentes del Congreso y el Senado, que son los que han incumplido un mandato constitucional. Es como los presupuestos: no los llevamos porque no tenemos la mayoría. La Constitución dice otra cosa: tienes que llevarlo y que se vote. Se han tirado seis años, y en 2024 para mí fue una vergüenza ver cómo el PP y el PSOE iban a Europa con mediadores, que era el señor Reynders, y parecía que estaban negociando un alto el fuego.

Llegaron a otro acuerdo que consistió, y de ahí vienen los problemas que hay, en que cada uno nombraba a 10 vocales. Se da la circunstancia de que, cuando han estado en la oposición, han prometido cambiar la ley para volver a lo que dice la Constitución, pero en el Gobierno ya no, porque ya no te interesa que cambie. Ahí había un problema: nombrar al presidente, que requiere 12 votos, otros tres quintos. Volvemos al mismo problema. Se pusieron de acuerdo entre muchos problemas y nombraron a Isabel Perelló, que lo está haciendo bastante bien dadas las circunstancias.

¿Es necesario que se renueve el CGPJ para que se despolitice la Justicia?

El acuerdo de renovación se hizo mediante una Ley Orgánica. En esta, aparte de la renovación, se dijo que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor el CGPJ tenía que presentar un informe con un sistema para el cambio de la forma de elección de los vocales. El PP puso esta condición. ¿Qué era más importante: renovar y reformar, o reformar y renovar? Dijeron que en seis meses presentaban el informe. No lo hicieron: lo presentaron un poco después, y presentaron un informe con dos modelos porque no se pusieron de acuerdo. Los diez que eran más afines al PSOE propusieron uno en el cual los jueces no intervenían y que se quedara todo más o menos como estaba. Y los próximos al PP propusieron introducir uno en el que los jueces tienen que intervenir en dicha elección. La ley decía que, una vez presentado el informe, el Gobierno y las Cortes podían tenerlo en cuenta para, si querían, presentar un proyecto de ley. No han presentado ninguno.

Aquí es donde viene la Comisión Europea, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que llevan diciendo muchos años que hay que intervenir para despolitizar el CGPJ. El último informe ha vuelto a decir lo mismo. Somos el último país, junto con Polonia, donde el órgano máximo de gobierno de los jueces es elegido por el poder político. No hago distinciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque en la práctica están demasiado fusionados como para diferenciarlos. Nos dicen que cambiemos de una vez el sistema y que cambiemos los jueces. ¿Por qué interesa tanto? ¿Por qué no lo quieren soltar? El CGPJ tiene una serie de funciones muy golosas, como nombrar a los principales puestos de las altas judicaturas. Con lo cual, es una lucha de poder. Malos los que se politizan, malos los que se dejan politizar. Al final, nombran a gente de su cuerda. Esto es indiscutible.

Luego, por otro lado, estos magistrados del Supremo, de la Sala Segunda y Tercera, son los que más interesan. Lo que haga la Primera no tiene trascendencia pública: importan la Penal y la Contencioso-Administrativa. Y un matiz: el CGPJ ejerce las funciones de inspección y sanción, y no hay unos criterios, un catálogo de infracciones, y puede llegar a ser utilizado para realizar algún tipo de presión sobre jueces. Siempre critico tanto a los partidos políticos. Y luego, este Consejo está formado por diez miembros o afines de la APM y otros diez de Juezas y Jueces para la Democracia. Las otras dos asociaciones, la AJFV presenta candidatos, y FJI no presenta hasta que se cambie el sistema.