La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), donde el exsecretario de Estado de Organización Santos Cerdán está cumpliendo su medida de prisión provisional, que informe sobre las visitas que recibe "a poder ser con antelación a que se produzcan". Los abogados del expolítico advierten de que esta situación es muy grave y que se trata de un "atropello al derecho de defensa de Cerdán". El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que instruye el caso, ha señalado que no se trata de una petición judicial y que Interior haga lo que estime oportuno.

En la documentación que se ha remitido al alto tribunal, y a la que ha tenido acceso El Independiente, se observa que los agentes han realizado dicha petición a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias --que depende en última instancia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska-- por ser relevante para la causa conocer quién y cuándo visita a Cerdán, incluso, en lo relativo a los abogados. La defensa del exdiputado está valorando pedir amparo a algún colegio de abogados.

La petición del Instituto Armado indica literalmente: "Ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan. En caso de que estas sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados, se informe a la mayor brevedad posible. Es de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas".

El propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avisado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de que la UCO había realizado esa petición y ellos iban a proceder a recopilar la información sobre Cerdán, a no ser que el magistrado se opusiera a la misma. "Para los efectos que estimen oportunos, adjunto se remite la solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil [...] significándose que se está cumplimentando dicha solicitud por parte de esta Secretaría General, salvo que por este Tribunal se ordene lo contrario".

El juez Puente ha contestado este mismo viernes a la Secretaría de prisiones que él en ningún momento ha dictado una resolución judicial sobre las visitas que pudiera "ratificarse, modificarse o dejarse sin efecto", así que da libertad a Interior para que actúe como crea que debe actuar: "Frente a esa solucitud recibida esa Secretaría General en los términos que considere normativamente conducentes".