El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de la Presidencia que entregue la documentación preparatoria de un Consejo de Ministros celebrado durante la dictadura de Francisco Franco, en concreto el correspondiente al 25 de octubre de 1955. La decisión responde a una reclamación ciudadana presentada tras la negativa –o, más bien, la ausencia de respuesta– del departamento que encabeza Félix Bolaños a una solicitud de acceso a estos archivos.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que no existen actas oficiales de las reuniones del Consejo de Ministros entre 1939 y 1957. Pese a ello, Transparencia reconoce el derecho del solicitante a acceder a los documentos preparatorios y complementarios que aún se conservan en el Archivo Central del Estado.

La petición aludía a los acuerdos adoptados en aquella sesión del 25 de octubre de 1955 en relación con las actuaciones del Juzgado Especial de Delitos Monetarios, entonces implicado en casos de falsificación documental vinculados a operaciones de importación. Ante la incomparecencia del Ministerio durante el procedimiento y su silencio administrativo, el CTBG ha estimado íntegramente la reclamación.

Un precedente importante

El organismo presidido por José Luis Rodríguez Álvarez recalca que el derecho de acceso a la información pública tiene rango constitucional y que cualquier restricción debe estar debidamente motivada y ajustada a criterios de proporcionalidad, conforme establece la Ley de Transparencia. En consecuencia, insta al Gobierno a entregar la documentación requerida en un plazo máximo de diez días hábiles y a remitir una copia de la misma al propio Consejo.

La resolución se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha respaldado en varias ocasiones la competencia del CTBG para conocer este tipo de reclamaciones, incluso cuando puedan entrar en juego otras normativas sectoriales, como la Ley de Patrimonio Histórico Español. Asimismo, el Consejo recuerda que la Administración debe considerar siempre la posibilidad de conceder un acceso parcial si alguna parte de la información solicitada se encontrase sujeta a límites legales.

Aunque se trata de una documentación parcial y técnica, la decisión abre la puerta a una posible revisión más amplia del acceso público a los archivos de la dictadura, especialmente en un periodo –entre la posguerra y el inicio del desarrollismo– del que apenas existen registros institucionales detallados.