El incendio originado en la planta baja del recurso destinado a menores extranjeros no acompañados, ubicado en la calle Comadre de Teruel fue presuntamente intencionado. Así lo ha determinado la investigación policial en un auto que confirma que existen indicios de que fue uno de los residentes, que está tutelado por la Generalitat de Cataluña, quién causó el siniestro ocurrido en la madrugada del pasado 11 de julio. Dos de los educadores tuvieron que ser ingresados por inhalación de humo.
Según informa Europa Press, en estos momentos, el fiscal que lleva el caso ha dictaminado medidas cautelares de internamiento en régimen cerrado para el menor, hasta que se celebre el juicio. Una vez que haya sentencia firme, el Gobierno de Aragón solicitará el traslado del joven a Lérida, puesto que es el Gobierno catalán quien tiene la tutela del menor, que se trasladó por voluntad propia a Teruel el pasado mes de mayo.
Tras su llegada, el Gobierno de Aragón requirió al servicio de menores de Lérida, dependiente de la Generalitat de Cataluña, que recogiera al menor y lo trasladara a su Comunidad Autónoma. Dicho servicio se negó a recoger al menor, presuntamente causante del incendio.
De la misma manera, Aragón exigirá a Cataluña el coste de la reparación de los daños ocasionados en el centro turolense, cuando hayan sido valorados, así como el importe de la responsabilidad civil derivada en caso de sentencia firme.
Por su parte, el Ejecutivo aragonés insiste en que el Gobierno de España está "reventando" los sistemas de menores de las comunidades autónomas, que dejan de ser de protección para convertirse en sistemas de reforma para el que ni hay herramientas ni personal profesional para sostenerlo.
En estos momentos, los educadores sociales trabajan por y para la protección de los menores en situación de vulnerabilidad, pero esta tipología de menores escapa de las capacidades de los profesionales y de sus responsabilidades.
Para el Gobierno regional, el bienestar del menor debe ser siempre la prioridad. Por eso, medidas como esta resultan imprescindible para proteger a la mayoría de los menores que sí desean integrarse en la sociedad.
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