El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán seguirá en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo. La Sala de Apelación integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena ha decidido que el riesgo de destrucción de pruebas permanece y ha rechazado el recurso del exdiputado. Esto supone que el navarro pasará, al menos, todo el verano en una celda del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

La vista celebrada este martes desde las 10:30, a puerta cerrada, tenía el objetivo de estudiar un recurso presentado por el equipo de letrados de Cerdán formado por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, quienes señalan que no hay "indicios suficientes" en su contra.

El exdiputado se dice víctima de una "causa general" y acusa al instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que es quien dirige la investigación por supuestos amaños de contratos públicos a cambio del cobro de mordidas, de tener una actitud "inquisitiva" y de conducir la investigación "contra reo".

Entre las tesis de los letrados está que el encarcelamiento ha sido promovido para buscar una confesión como ocurrió con el empresario Víctor de Aldama, que estuvo en esa misma prisión en noviembre del pasado año y pronto pidió salir para contar todo lo que conocía de la actividad supuestamente ilegal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor en el Ministerio Koldo García y el propio Cerdán. Los tres son los vértices que perimetran, de momento, esta trama de corrupción.

Ambos defendieron que el Supremo está intentando proteger un riesgo, el de destrucción de pruebas, sin argumentos sólidos porque en todo este tiempo no han ordenado la entrada y registro de su vivienda, ni han ordenado un volcado del teléfono móvil, ni acudieron a detener a Cerdán cuando dejó de ser aforado el pasado 16 de junio. Además, indican que tampoco existe ya peligro alguno de manipulación de testigos, toda vez que todos han sido ya citados a declarar.

Los letrados aseguraron que se les estaba "vigilando", incluso, en prisión, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidiera a Instituciones Penitenciarias que informara detalladamente sobre todas las visitas que recibía el interno. Los abogados señalaban que esta solicitud lesionaba gravemente el derecho de defensa, si bien, finalmente, Interior ha decidido no enviar estos datos al Instituto Armado pues no existe orden judicial en vigor. "Hemos pasado de la presunción de inocencia a la presunción de indecencia", reclamaron sus letrados.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se opuso al recurso de apelación considerando que existe un "amplísimo caudal de indicios" contra Cerdán. El jefe de esta Fiscalía Especial, Alejandro Luzón, coloca al político en la cúspide de la corrupción y cree que tiene en ningún momento ha colaborado con la justicia, pues su interrogatorio el pasado 30 de junio fue un "masaje" a modo de entrevista y no una declaración formal.