El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide como medida cautelar la suspensión de su entrada en prisión provisional, acordada el pasado 30 de junio por delitos de corrupción. "No se justifica debidamente la concurrencia de ningún riesgo de alteración o destrucción de pruebas", refleja. Fuentes del tribunal de garantías que dirige Cándido Conde Pumpido explican que al haberse interpuesto el recurso en julio no corresponde a la Sala de Vacaciones su análisis por lo que mañana se decidirá la fecha para deliberación.

En el recurso, al que ha tenido acceso El Independiente, el político alega que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor de la investigación por presuntos amaños de obra pública, está vulnerando su derecho a la libertad, a la integridad moral, a no declararse culpable y a la defensa. Dice que para acordar la privación de libertad los indicios de delito deben ser sólidos y en el caso de Santos el Supremo se basa en un "marco de sospecha".

Los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo explican que el procedimiento se inició en la Audiencia Nacional y por un asunto de mascarillas y que, "a pesar de que el objeto del procedimiento no incumbía hechos relacionados" con Cerdán, la Guardia Civil ha elaborado un atestado respecto de las obras. Circunscriben el recurso al asunto de la prisión, pero dejan claro que no porque no vayan a pelear la inocencia de Cerdán, lo que ocurre es que son conscientes de que esto deben hacerlo en el Supremo primero, puesto que el Constitucional es la vía última de revisión de algunos asuntos que afecten claramente a derechos en el texto fundacional.

El Supremo acusa al exdiputado de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y lo concidera cabecilla del grupo en el que también integra al exasesor del ministerio Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, por eso justifica la prisión provisional en la posible destrucción de pruebas.

Para los letrados este riesgo es "hipótetico y ficticio" y se argumenta de una forma "absolutamente genérica". "La doctrina científica y también el texto legal han establecido de manera clara que es necesario que exista una concreción sólida sobre esta concreta finalidad y que por tantoel riesgo de destrucción u ocultación de pruebas debe siempre basarse en sospechas fundadas y concretas", reflejan.

A su juicio, ni el instructor ni la Sala de Apleación, que también ha revisado la prisión provisional, ha explicado por qué cree que Cerdán puede igualmente manipular o influir testigos. El papel predonimante que se le presupone en la trama corrupta también lo niegan: "Un supuesto papel directivo inferido únicamente por un análisis subjetivo en relación a unos audios que a fecha de hoy no conocemos ni su veracidad, ni el soporte de los mismos, ni quién los grabó y por qué motivo y que han sido convenientemente editados y filtrados a los medios de comunicación".

A los abogados les parece una "contradicción flagrante" el hecho de que el juez considere al navarro el jefe de los supuestos corruptos y no haya acordado un registro en su domicilio como sí lo hizo con Koldo o con Ábalos. "También guarda silencio respecto la valoración de los antecedentes de manipulación o comportamiento obstructivo del Sr. Cerdán. Y entiende esta defensa que no los analiza simplemente porque no los hay", reflexiona.

El recurso se apoya también en que el patrimonio de Cerdán es público y que no se le ha encontrado todavía ningún tipo de enriquecimiento ilícito. "¿Deberá agotar el periodo máximo de prisión provisional previsto simplemente porque no aparecerán nunca activos econónimocos ilícitos?", se preguntan los letrados.

Para ellos, que Cerdán esté durmiendo en Soto del Real (Madrid) desde hace un mes es desproporcionado y subyace la posibilidad de que se esté utilizando la prisión como un "mecanismo de coacción del investigado". Por todo ello creen que el Tribunal Constitucional debe manifestarse.