El pleno Consejo de Estado debatió el martes el dictamen del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para hacer recaer en los fiscales la instrucción de las causas judiciales, según el texto elaborado por el departamento del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Y su defensor fue el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Allí, en el caserón de la calle Mayor de Madrid, recibió noticia del revolcón de la Sala de Apelaciones del Supremo. Rechazaba, por dos votos a tres, el recurso por el que quería evitar sentarse en el banquillo acusado de revelación de secretos en el caso que se sigue contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

El fiscal, que insiste en seguir en el cargo a pesar de su imputación y procesamiento, defendió ante los miembros del Consejo la "independencia" de los fiscales para instruir los casos judiciales. También el necesario acompasamiento del sistema con el resto de los países de nuestro entorno y la necesidad de abrir un debate "ajeno a las circunstancias actuales", según ha podido conocer El Independiente de fuentes presentes en el pleno.. Unas circunstancias en las que su figura no aparece precisamente como un ejemplo de independencia respecto del Gobierno.

“No estamos aquí para reproducir un debate parlamentario”, dijo Carmen Calvo

A la tesis de olvidar lo que estaba pasando más allá de las puertas del edificio del Consejo se sumó la presidenta de este órgano consultivo, que no vinculante, Carmen Calvo. La ex vicepresidenta primera del Gobierno apeló a que "no estamos aquí para reproducir un debate parlamentario". Pero la decisión de la Sala de Apelaciones alteró la cita a través de las alertas en los móviles que les llegó a todos con la decisión del Supremo de mantener el procesamiento del fiscal.

De ahí que el debate se viera cruzado por "las circunstancias" ajenas, esto es la situación judicial del propio fiscal. Ello no ayudó a engrasar una larga sesión que arrancó a las 10 de la mañana y terminó a las 16,30 horas, más de seis horas en la que se escucharon voces críticas al proyecto de Bolaños de reformar la LECrim, vieja aspiración de Justicia nunca culminada por el modelo fiscal español.

Voces críticas

Entre esos críticos estaban Miguel Herero y Rodríguez de Miñón, dispuesto a un voto particular. De hecho, también defendió la imposibilidad de "hacer abstracción de las sombras y dudas que hay en torno a la Fiscalía" para aceptar una reforma que pondría en manos de los fiscales la instrucción de los casos y a los jueces como garantes de derechos.

Pendiente de reforma está también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo. Entre sus principales medidas establece un mandato de cinco años del Fiscal General del Estado para no coincidir con las legislaturas, de cuatro. Este proyecto motivó tres jornadas de paro convocadas por las principales asociaciones de jueces y fiscales. Otros miembros del Consejo de Estado, como los populares Soraya Sáenz de Santamaría y José María Michavila, pusieron el acento que dicha reforma tiene que “sincronizarse” con la ley de Enjuiciamiento. Porque la gran diferencia con respecto a los países de nuestro entorno reside en la dependencia del fiscal general del poder ejecutivo.

El caso de García Ortiz llegó al Informe sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea conocido este mismo mes. El Fiscal General, rezaba el texto, "se encuentra en proceso judicial. Un juez de instrucción del Tribunal Supremo solicitó su procesamiento. El 9 de junio de 2025, el Tribunal Supremo lo acusó de presunta filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal. El Fiscal General ha presentado un recurso de apelación", cuya resolución se ha conocido ahora.

La Comisión Europea apela a "continuar los esfuerzos para fortalecer el estatuto del Fiscal General"

Pero por otro lado, destaca que "ya se han tomado algunas medidas, y otras se están preparando, para modificar el estatuto del fiscal general del Estado, si bien algunas partes interesadas se muestran abiertamente críticas con esta reforma". Cree la Comisión Europea que se han producido "nuevos avances en el fortalecimiento del estatuto del fiscal general, en particular en lo que respecta a la separación" de su mandato con el del Gobierno, "teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía". Aún así, apela a "continuar los esfuerzos".

El Gobierno, salvo alguna posición mucho más matizada como la de Margarita Robles, no ha dudado en salir otra vez en defensa cerrada de 'su' fiscal general, categoría que le otorgó el propio Pedro Sánchez. Cabe recordar que incluso exigió que se le pidiera perdón porque los mensajes y correos del fiscal demostraban la ausencia de delito... olvidó señalar que esos mensajes y correos habían sido previamente borrados.

Esa defensa cerrada ha llevado al PP ha acometer una nueva ofensiva parlamentaria. Pide a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la convocatoria de una Diputación Permanente al objeto de debatir la comparecencia de Bolaños "en un pleno extraordinario para que explique por qué el Gobierno respalda a Álvaro García Ortiz tras confirmarse su procesamiento por revelación de secretos". También reclama al ministro de Presidencia una comparecencia urgente en la Comisión de Justicia del Senado, según ha anunciado la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García.

"Directrices de un presunto delincuente"

Todo va acompañado de una batería de 18 preguntas por escrito en en el Senado, "para que Bolaños responda si no considera esto una anormalidad democrática, si considera que es sostenible seguir siendo fiscal general tras el auto dictado por el Supremo que le aboca al banquillo o si se plantea instar su suspensión cautelar si se abre juicio oral contra él". También si el ministro "considera acorde a los principios democráticos tener procesado a un fiscal general, que tiene el mandato constitucional de defender la legalidad y perseguir los delitos, y que este no dimita, y si ha valorado el descrédito que supone para la Fiscalía el estar bajo las directrices de un presunto delincuente".