El alto directivo de la empresa Villafuel, Pedro Marín, investigada en el caso Hidrocarburos, cree que hay motivos para que el juez deje de considerarlo como investigado. Entre otras razones, esgrime ser "un buen padre y abuelo", así como una "buena persona".

En un reciente escrito aportado a la Audiencia Nacional, la defensa de Marín, a quien la Guardia Civil considera un "testaderro cualificado" de la compañía, afirma que en la instrucción no se han aportado "algún indicio que permita inferir su participación en los hechos investigados".

Villafuel es la empresa propiedad de Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama. Se investiga un fraude de unos 180 millones en el pago de impuestos. Según Marín, entró a trabajar a la empresa por recomendación de una persona (de la que no dice su nombre) que según fuentes conocedoras sería Luis Martín Lara, colaborador de la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como desveló este periódico.

En su escrito niega ser testaferro, y que sólo se dedicaba a cobrar su nómina. En su declaración de hace algo menos de un mes, que hizo voluntariamente, también admitió cobrar varios bonus entre 25.000 y 140.000 euros. También ha explicado que no tomó ninguna decisión sin consultar con las consultoras a las que Villafuel contrató.

El trabajo de Marín

Según los informes de la Unidad Central Operativa, Marín fue el encargado de hacer las tramitaciones con el Ministerio de Transición Ecológica (con Teresa Ribera al frente). Su versión, lejos de desmentirlo, es que participó en las gestiones con el ministerio y dice que ser un administrador con experiencia en el sector es lo que exigía la ley para obtener la licencia. Entre sus peticiones, está la de que testifique Joaquín Motos, que era el asesor jurídico de Villafuel.

Durante el proceso de obtención de la licencia de operadora, recibió presiones del asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García para que dejara de insistir en el avance del trámite. Todas sus gestiones con el Ministerio se realizaron telemáticamente, y no tiene constancia de irregularidades en la compañía, que contaba con auditorías periódicas positivas y un programa de cumplimiento normativo penal.

Aunque la defensa de Marín asegura que "es una persona intachable, que carece de antecedentes penales y que no ha hecho otra cosa que trabajar toda la vida para mantener su familia, encontrándose ya en el umbral de la edad de jubilación", en uno de los informes de la Guardia Civil se recoge que fue detenido por otra causa de hidrocarburos. Se le investigó por delitos de fraude, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delito de falsedad documental.

Los mensajes sobre la licencia

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional, ha pedido a instancias de la Fiscalía extraer de los móviles del empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García todos los mensajes relativos a las gestiones con el Ministerio de Transición Ecológica para la obtención de la licencia de hidrocarburos de la empresa Villafuel.

Con este movimiento, la Fiscalía busca aclarar el proceso que llevó a que la empresa, propiedad del socio de Aldama, Claudio Rivas, obtuviese la licencia: "A fin de proceder a su análisis con el único y exclusivo objetivo de determinar con precisión la participación de cada uno de los intervinientes en los expedientes seguidos para la obtención de la condición de operadora por la entidad Villafuel". En su escrito, el Ministerio Público apunta que existen "indicios racionales" de la comisión de delitos que podrían ser tipificados como cohecho y tráfico de influencias.

Pedraz se ha dirigido por ello a su compañero Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, para pedirle copia de los archivos vinculados a los trámites por los que Villafuel solicitó la licencia como operadora. Según expone la Fiscalía en su escrito, uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que Aldama recurrió a Koldo "para la gestión de trámites ante distintas administraciones" con el objetivo de lograr dicha autorización.

Las pesquisas apuntan a que estas gestiones comenzaron en diciembre de 2020 y se prolongaron durante todo el año siguiente. Según Anticorrupción, fue en ese momento cuando Aldama comunicó a Koldo que Claudio Rivas iba a constituir una operadora de hidrocarburos, y le pidió que intercediera ante el Ministerio competente.