El presidente de ERC advirtió este miércoles al Gobierno: si no hay financiación singular para Cataluña, no habrá Presupuestos. Que el PSOE "decida". "Si los quiere, tendrá que demostrarlo cumpliendo para que Cataluña tenga el sistema de financiación que se merece", expresó Oriol Junqueras en una intervención en Catalunya Ràdio. Este nuevo órdago del republicano llega apenas 48 horas después de que el Gobierno verbalizase su disposición a presentar un nuevo proyecto de Presupuestos para 2026, después de dos prórrogas de las cuentas de 2023 por la imposibilidad de coordinarse con sus socios.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su paso por Rota (Cádiz) este lunes, fue tajante: "Rotundamente, sí. Presentaremos ese proyecto". El Ejecutivo viene mostrando optimismo para encarar una próxima negociación pese a que los números no acompañan. Aunque por sus reacciones, tanto Junts como ERC le han condicionado la previa a ese inicio del diálogo mostrando sus líneas rojas. A día de hoy, sólo EH Bildu se postula ya como favorable a entregar sus seis votos a PSOE y Sumar para sacar adelante las cuentas. En conjunto quedan a 23 escaños de lograrlo. Muy alejados de los 179 escaños máximos que respaldaron a Pedro Sánchez en su investidura.

El Ejecutivo presentará el borrador a diferencia del año pasado, cuando extendió esa posibilidad hasta el primer trimestre de este 2025. La falta de garantías con los socios les echó atrás, algo que ahora Moncloa no contempla. Otra cosa será si termina llevando el borrador al Congreso de los Diputados. El PP viene recalcando que es esencial que un Gobierno presente su propuesta anualmente. De hecho, ante la ausencia, se ha arremetido contra Sánchez por no seguir los pasos de homólogos como el excanciller alemán Olaf Scholz convocando elecciones.

En plena guerra política a cuenta del debate de incendios que asola el costado oeste de la Península, el PP cuestionó la ausencia de cuentas para fortalecer la inversión en prevención y extinción de incendios. El miércoles la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, afeó que nada más expresar Montero su voluntad presupuestaria, socios como ERC salen "a volver a hacer chantaje" pidiendo "el cupo separatista" o "la condonación".

La reacción de ERC y del PP se da una vez se ha conocido que la intención del Gobierno es la de llevar "en breve" el anteproyecto de ley que regulará la condonación de deuda a las autonomías. Algo que se pactó con ERC en febrero y que tendrá el mayor impacto en Andalucía y en Cataluña. Lo que se percibe como un guiño del Ejecutivo para facilitar la apertura de los republicanos a esas negociaciones, provocó que Junqueras se mostrase tajante y sacara a relucir la importancia del cupo.

La intención del Gobierno es la de comenzar esas negociaciones con los grupos a la vuelta, cuando se reactive el curso en septiembre. A la vez, quiere abordar ese trámite de condonación y de financiación singular. En el caso de este cupo, quiere llevarlo a Consejo de Ministros pronto y abordarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, especialmente, llevar al Congreso las modificaciones necesarias para materializar esa reforma: de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la ley de cesión de tributos y la que regula el sistema de financiación del régimen común.

Sin embargo, la posición de Junts tampoco es alentadora al respecto. Cree que este acuerdo de julio entre el Estado y la Generalitat no pone fin al déficit fiscal, por lo que plantean rechazarlo. Junqueras, que no matizó en su advertencia si debe aprobarse antes de hablar con el Gobierno o se conforman con empezar los trámites, arremetió veladamente contra los de Carles Puigdemont. "Si alguien no nos está acompañando, quizá no acaba de acertar", expresó, a la vez que desautorizaba a Montero por estar más centrada, dijo, en las elecciones andaluzas que en coordinar esta negociación.

Entre los socios, los dos diputados de Compromís, Àgueda Micó —de Més Compromís— y Alberto Ibáñez —de Iniciativa—, ahora divididos en el Congreso, rechazarán esa financiación singular catalana salvo que la reforma de la LOFCA incluya un incremento de la financiación de la Comunidad Valenciana, la más infrafinanciada. Hay diferencias respecto a la quita de la deuda. Micó cree que no es de recibo que Andalucía tenga mejores

Puigdemont aprieta: amenaza con un otoño caliente

A los siete votos republicanos que quedan en el aire, se unen otros siete por el costado derecho del independentismo catalán. Las exigencias de Puigdemont para negociar unos presupuestos son prácticamente inasumibles para el Gobierno. Así lo verbalizaron fuentes de Moncloa para zanjar las negociaciones anteriores.

Junts exige que se aseguren todos los beneficios de la ley de Amnistía, de la que su presidente quedó fuera por el delito de malversación. También se exige seguir presionando para la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Pero, especialmente, se clama por que el Gobierno transfiera las partidas pendientes a Cataluña. Se cifran en 50.000 millones de euros. Se añaden otras cuestiones como mejores ventajas económicas o la transferencia de las competencias de inmigración para la Generalitat pactada en marzo de este año.

Más allá de ellas, la primera aparición de Puigdemont tras formular Montero el compromiso de presentar las cuentas ha sido contundente. Advierte de que puede darse un otoño duro para el Gobierno. La posición del neoconvergente se dio horas antes de que emergiese Junqueras. Alertó de que la confianza del Gobierno debe de irse ganando "periódicamente". Y aunque no dio detalles, sí advirtió de que en los próximos meses se irá dilucidando el respaldo de Junts. Fue la portavoz Miriam Nogueras la que en julio aseguró a Sánchez en el Congreso que su relación se encuentra en la "prórroga". Esas reclamaciones mencionadas anteriormente tendrán mucho que ver.

"En otoño quizá pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora. Ya hemos dado suficiente tiempo", aseguró Puigdemont el martes, en una intervención en el Liceu Renouvier, en Prada del Conflent (Francia). Las exigencias de ERC y las presiones de Junts dejan en un lugar complicado al Gobierno.

Los cuatro votos de Podemos lo complican todo

El clima con socios como el PNV o Coalición Canaria, a raíz de las novedades del caso Koldo y el escándalo de Santos Cerdán, es complicado. Ambas fuerzas optan por ir 'partido a partido' para valorar las propuestas que vengan desde Moncloa. Ahora bien, las dos formaciones vienen demandando la necesidad de contar con Presupuestos. Difícilmente dirían que no. El BNG, a cambio de partidas beneficiosas para Galicia tampoco pondrían trabas. Pero incluso aunando a todos los socios en un hipotético entendimiento, Podemos apenas deja garantías al Gobierno.

Las condiciones de los de Ione Belarra son elevadas desde el año pasado. Lo seguirán siendo en un momento de tensión máxima con PSOE y los partidos de Sumar, en el que busca ser una fuerza autónoma, desvinculándose de potenciales pactos. Tampoco hay disposición a negociar nada con el Gobierno. Simplemente pondrán sus condiciones sobre la mesa. Si se aceptan votarán a favor. Si no, irán tanteando en cada pleno. Misma dinámica se estima para las nuevas cuentas.

Israel y el problema de la vivienda son cruciales para Podemos. Las bases decidieron imponer esas condiciones al PSOE, de hecho. De primeras, se insta a no elevar el gasto militar al 2,1% del PIB comprometido en la última cumbre de la OTAN. Algo imposible de arrancar. Ni si quiera Sumar, el socio minoritario del Gobierno lo ha conseguido y ha tenido que asumirlo pese a ser una propuesta anti belicista. Igualmente, se pide romper relaciones diplomáticas y comerciales en su totalidad con Israel.

Por otro lado, se exige dureza en cuanto a legislación de vivienda. Se demanda bajar en un 40% el precio de los alquileres a todos los contratos que tengan que renovarse o prorrogarse. Cuando se trate de viviendas nuevas que salgan al mercado, el alquiler no deberá superar el 60% del precio fijado en el sistema estatal de referencia. Podemos lo reclama para localidades mayores de 200.000 habitantes y para las menores que hayan experimentado subidas del 35% del alquiler. Los morados quieren limitar la compraventa de viviendas que no sean para uso residencial e instaurar un plazo de cuatro años de mínimo para poder ponerla en alquiler.

Las políticas de vivienda se tornan necesarias para otras fuerzas como Compromís, Més per Mallorca o Chunta Aragonesista, que pueden moverse de forma distinta a Sumar en el Gobierno. Aunque se buscará una posición común.

El primer escollo que debe afrontar el Gobierno son el establecimiento de los objetivos de estabilidad —de déficit, deuda y regla de gasto—, cruciales para determinar las condiciones de 'juego' nacionales y con la UE. El año pasado se presentó y terminó decayendo en julio por el voto en contra de Junts. Requiere de varias semanas y el Gobierno ya va tarde. Estos objetivos deberán presentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración Local. De sacarse adelante, comenzará la negociación interministerial y con los grupos de forma oficial, aunque se prevé un terreno allanado previamente para agilizar trámites. En esa tarea, la senda deberá pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría, lo que añade más complejidad aún.