No tardó en reaccionar Génova a las palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en materia de inmigración en las últimas horas. Ante la reticencia y las críticas de las comunidades del PP a la acogida de algo más de 3.900 menores extranjeros no acompañados desde las Islas Canarias a la Península, Torres alertó que de haber un rechazo explícito a esas acogidas tendría que acudirse a la Fiscalía y, posteriormente, hacer uso de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado. Con todo, a su juicio, dudó de que vaya a hacer falta llegar a ese extremo ante la necesidad de "solidaridad obligatoria". Pero "si una comunidad no lo asume, la Fiscalía de Menores hace que se cumpla la ley", recordó Torres.

En concreto, comunidades como Galicia y Cantabria denuncia falta de medios económicos y logísticos para realizar esas acogidas. También lo hace Baleares, que insiste en la magnitud de las llegadas a las islas en los últimos meses —alrededor de 5.000 en todo el año— o que los criterios de cupo fijados por el Ejecutivo se incumplen en algunos Consell como el de Formentera. Se le niega a Baleares acogerse a la contingencia migratoria extraordinaria porque no triplica, como exige el Gobierno, sus plazas disponibles.

A ello se une la Comunidad de Madrid, que además de haber participado en los recursos al Tribunal Constitucional en marzo con diez autonomías, anunció este miércoles que recurriría por tercera vez, en esta ocasión ante el Tribunal Supremo. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se denuncia que este nuevo reparto no es equitativo entre comunidades y que responde a los intereses del independentismo, dado que deja fuera a País Vasco y Cataluña —la Generalitat acogerá voluntariamente a 31 menores— de la obligatoriedad. Moncloa asegura que todo es "trasparente" y que se tiene en cuenta las acogidas previas y la presión actual. Madrid, tras Andalucía, deberá acoger a 461 menores.

La propia Comunidad de Madrid censuró las palabras del ministro Torres, asegurando el consejero de Vivienda y Transportes, Jorge Rodrigo, que no se reprende del mismo modo cuando hay exaltación de ETA por parte de socios del Gobierno como EH Bildu. En esa línea de diferenciación de los socios y la oposición ahondó la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez. "Si el ministro Torres quiere hacer uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo primero que tendría que hacer es utilizarlas para controlar las fronteras, no para amenazar a las comunidades del PP", avanzó Fúnez.

La vicesecretaria popular, que no perdió oportunidad en criticar la falta de apoyo a las comunidades en la extinción de los incendios en Galicia, Castilla y León o Extremadura, incidió en materia migratoria. "Antes la inmigración irregular no era un problema para los españoles". Ahora el Gobierno usa "un lenguaje absolutamente inadecuado en democracia, con insultos y amenazas, que no se había visto. Menos en una crisis como esta. Entiendo que están acostumbrados a ese lenguaje de chantajes por sus relaciones con los independentistas, pero no vamos a tolerar que se use contra las comunidades y frente a un partido como el PP, que siempre cumple la ley", justificó Fúnez.

La amenaza no es el camino para el PP, "más cuando se trata de asegurar la dignidad de los menores y darles una vida adecuada". Para la popular, Torres y el Gobierno están "usando como moneda de cambio" con el independentismo a esos migrantes, al derivarlos, dicen, a otras comunidades para así seguir manteniendo el apoyo de partidos como Junts "y que Sánchez siga en Moncloa". Piden, al contrario, "transparencia, multilateralidad" en las negociaciones, "un calendario" y partidas que requieren la aprobación de unos Presupuestos. En definitiva, "orden", porque "la dignidad no se garantiza con buna voluntad" trasladan desde Génova.

Insistiendo en el "cumplimiento de la ley" al que insta Torres, Fúnez aseguró que "lecciones ninguna" sobre ello, más de un presidente y un ministro "acorralados por la corrupción" en relación al caso Koldo. Reprochan que el Gobierno ha dejado sola a Marga Prohens en Baleares. "Allí no ha ido nadie a colaborar, lo que se ve en Baleares es la incapacidad de frenar la inmigración irregular", afirmó la vicesecretaria, que estima más descontrol en próximas fechas. También afeó Fúnez que Torres distinga entre menores blancos y africanos atribuyendo diferencias de actuación en las comunidades del PP, aludiendo a las acogidas de refugiados ucranianos.

A juicio del PP, el Gobierno no está preparado para gestionar crisis como la migratoria porque "no tiene una plan". Tampoco está capacitado, dice, para abordar la crisis de los incendios. "Es un Gobierno débil, sin apoyos y rodeado de corrupción que está en manos de separatistas", insistió Fúnez al cierre. Preguntada por si la solicitud de contingencia migratoria de Ceuta al Gobierno rompe el relato del PP en inmigración, lo negó: "La unidad del mensaje no se ha roto. La situación de Ceuta es muy compleja, la presión es mucho mayor que en otros sitios".