La Fiscalía ha cuestionado varios autos judiciales que inadmitieron querellas por crímenes del franquismo sin mencionar la Ley de Memoria Democrática. En su última Memoria, hecha pública este viernes, el Ministerio Público que dirige Álvaro García Ortiz advierte de que algunas resoluciones "no contienen mención alguna" al deber de investigar que establece esta norma, y subraya que su finalidad última no es la persecución penal de los hechos sino "la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas".

El informe recoge que, en 2024, la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática interpuso cuatro recursos de apelación contra decisiones de archivo y presentó cinco escritos de adhesión parcial a recursos formulados por los querellantes. Estas querellas, promovidas por particulares y asociaciones memorialistas, se refieren a asesinatos, torturas, desapariciones forzadas o trabajos forzosos cometidos durante la dictadura. De los nueve recursos presentados, seis permanecen pendientes de resolución y tres fueron desestimados.

En concreto, la Fiscalía hace referencia al artículo 29.1 de la Ley de Memoria Democrática, que dice lo siguiente: "El Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura, así como del periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española. El Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática intervendrá en su caso en defensa de la legalidad y los derechos humanos".

Durante el pasado año, esta Unidad, que coordina Dolores Delgado, exministra de Justicia (2018–2020) y exfiscal general del Estado (2020–2022), incoó un total de 197 expedientes: 83 vinculados a memoria democrática, 40 relacionados con derechos humanos y 74 de carácter gubernativo. El informe subraya que la finalidad de estas actuaciones es garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La Fiscalía también supervisó exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros y en el Barranco de Víznar (Granada), donde se localizaron restos humanos que continúan siendo analizados por expertos forenses. Además, la Unidad reforzó su despliegue territorial: a finales de 2024 contaba con una red de 49 fiscales especializados en toda España, con el objetivo de atender de manera más cercana a víctimas y asociaciones.