Cuando la Policía detuvo a Javier Luis M. M. pensó que este agente, que llevaba 14 años trabajando en la Audiencia Nacional, había colaborado puntualmente con una organización que se dedicaba a traficar con drogas. Dando algún dato sobre si les estaban investigando o sacando algo de información de antecedentes policiales. Pero, tras el registro de su vivienda, se dieron cuenta de que el problema era mucho más gordo: el funcionario llevaba más de una década dedicado a traficar con asuntos confidenciales. La investigación señala que creó un auténtico "centro de consulta ilícito de las bases de datos policiales" al que todo tipo de delincuente acudía previo pago.
El Independiente ha accedido a la documentación de la causa que revela que tuvo clientes como Alejandro Hamlyn, un conocido empresario de hidrocarburos que saltó a la fama por una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez; varios abogados que pedían favores para sus clientes; traficantes de drogas radicados en el extranjero e, incluso, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid con quien la Policía cree que colaboró para interferir en las elecciones de la entidad. Además, hay un segundo policía imputado. Carlos S. V., un inspector jefe que estaba destinado en la División Económica y Técnica.
Javier Luis M. trabajaba desde el año 2009 en la unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional, el órgano que se dedica a macro-causas de corrupción, drogas o terrorismo. El 12 de junio de 2023 se le detuvo por primera vez en una operación de narcotráfico que la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía sintió que le estaban torpedeando. Alguien estaba pasando a los narcos matrículas de coches que estaban haciendo los seguimientos, por ejemplo.
Lo detuvieron junto a Mohamed Momen, el líder de la organización de drogas, pero la auditoría que hicieron en su ordenador reveló que las consultas eran "ingentes". El número de solicitudes de información de todo tipo de diligencias ascendía a un total de 3.233 accesos irregulares a bases de datos restringidas de la Dirección General de la Policía.
La Unidad de Asuntos Internos, que indaga en el comportamiento de sus propios agentes, entró en acción y un estudio patrimonial a Javier Luis confirmó los peores presagios. En las cuentas de él y de su mujer encontraron 132.471 euros, sólo en cinco años que no estaban justificados por sus actividades profesionales lícitas. "Muchos de estos pagos provienen de forma inequívoca de las solicitudes de información", refleja el sumario.
Los peticionarios, delincuentes o abogados, hacían transferencias (en total 101.846 euros) con conceptos como "devolución", "pagos generales" o "préstamos", y otros 30.625 euros los fue ingresando él en efectivo. Las conversaciones con su esposa son reveladoras: "Han entrado 5.000 este mes y aún espera 9.000", le advierte él. "Mejor no ponernos en el radar de Hacienda aunque podamos justificar", dice. Uno de los grupos de narcos les llegó a regalar un Iphone, aunque se equivocó de modelo.
En el último lustro se compró una motocicleta Yamaha, un Mercedes Benz por 23.417 euros y un ático en Madrid, en la zona de Méndez Álvaro, rozando los 300.000 euros. Asuntos Internos cree que su actividad ilícita se extendió, al menos, los últimos 13 años. Si no más.
Explican que el policía no sólo daba información, daba cobertura a los malos. "Las conversaciones analizadas son reveladoras, llevando a los investigadores a concluir que la actuación del policía investigado va más allá de una simple colaboración, constituyendo una clara cobertura a las actividades delictivas de la organización criminal". Su cercanía con una de las abogadas detenidas demuestra que ella, incluso, conseguía clientes acercándose a ellos cuando el agente les decía que estaban bajo el foco de la Audiencia Nacional. "Si me puedes mirar una matrícula de parte de un cliente, que no sabe si son ladrones o compañeros tuyos", le pedía ella en mensajes de agosto de 2021.
La causa creció cuando Asuntos Internos cayó en que el funcionario estaba a sueldo del grupo Hafesa --comercializadora y distribuidora de petróleo--, donde trabajaba Hamlyn. "Se han presentado evidencias de la percepción de 4.250 euros mensuales por parte del Grupo Hafesa desde noviembre de 2022 hasta el mes de abril de 2023", indica el sumario. El juez ha imputado a la empresas, a muchos de sus trabajadores y a casi una veintena de personas que pagaron los servicios del policía filtrador.
El 19 de junio del pasado año volvieron a detenerlo a él y a su esposa y el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional creó una investigación sólo para indagar en su actividad. Fue entonces cuando la Policía se percató que, además, podía haber un fraude en las elecciones de la Cámara de Comercio porque encontraron decenas de copias de votos compulsados por el policía de manera presuntamente fraudulenta.
Ahora, se enfrenta a 44 delitos de descubrimiento y revelación de secretos (uno por cada peticionario), 51 de violación de secretos de los títulos de delitos contra la Administración Pública, 13 delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y fraude electoral. La Fiscalía solicitó que el caso pasara a investigarse en los juzgados de Plaza de Castilla, al ya no haber un asunto de drogas en el núcleo de las pesquisas, y el Tribunal Supremo resolvió la cuestión de competencia hace unas semanas. A partir de ahora se hará cargo del tema la magistrada María José Ortega.
Te puede interesar