La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, se va a convertir en la primera magistrada que, en el actual período constitucional, envía a juicio a un familiar directo del presidente del Gobierno. Se trata de David Sánchez, hermano pequeño de Pedro Sánchez, que será juzgado por su contratación en la Diputación de Badajoz como director de los conservatorios de la provincia y por el cargo en el que aquella plaza se transformó en 2023: director de la Oficina de las Artes Escénicas.

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Tras el auto dictado por la Audiencia de Badajoz este martes, que da la razón a la magistrada y confirma el procesamiento de Sánchez, así como el del expresidente socialista de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y el de los otros nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, corresponde ahora a Biedma ordenar la apertura de juicio oral, que previsiblemente ocurrirá en los próximos días.

Desde que abrió diligencias el 10 de junio de 2024, tras una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias, hasta que la Audiencia ha resuelto han pasado quince meses. Un recorrido procesal que ha discurrido en paralelo a otras causas que afectan directamente al jefe del Ejecutivo: el 'caso Begoña Gómez', la investigación al fiscal general del Estado —pendiente de señalamiento en el Tribunal Supremo— o el 'caso Koldo'.

Hasta ahora una jueza prácticamente desconocida fuera de Extremadura, Biedma ha pasado a estar en el foco mediático. Incluso ha sido objeto de reproches en Televisión Española, donde en el programa Mañaneros se sugirió que había participado en una concentración junto a Vox para pedir la dimisión del presidente del Gobierno. En realidad, el pasado 11 de junio se limitó a salir a la puerta del juzgado, como hicieron decenas de jueces en toda España, durante el paro convocado por las asociaciones judiciales contra las reformas del Ministerio de Justicia.

Ese mismo día, la instructora evitó declaraciones políticas y recordó que su posición estaba ya plasmada en los autos. En el que acordó el procesamiento de David Sánchez dejó escrito lo siguiente: "No puede permitirse que una persona, sea quien sea, desarrolle sus aspiraciones profesionales utilizando recursos públicos, en detrimento de otras personas más capacitadas o de otras necesidades más acuciantes de los administrados".

También fue muy dura con Gallardo, que trató de aforarse en la Asamblea regional para evitar su imputación, en un movimiento que fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. "Parece ser que en el momento histórico actual se ha olvidado, pero cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general y anteponer éste sobre cualquier interés personal", escribió Biedma.

La magistrada subrayó que lo relevante no era tanto el momento en que Gallardo adquirió la condición de aforado, sino la forma en que lo hizo y la finalidad perseguida: "Ahora, más que nunca, y dada la realidad social que nos rodea, deberían recordarse las descripciones de la filosofía clásica, fundamento de la configuración de las bases teóricas de la democracia moderna sobre el 'buen gobernante', cuyo comportamiento debe ser ejemplar y anteponer siempre el interés público al suyo propio".

También lanzó reproches a la Fiscalía, que desde el inicio se opuso a la investigación. En un escrito del pasado mes de diciembre, Biedma aseguró "no entender" cómo el Ministerio Público pudo concluir que no había comportamientos con trascendencia penal entre los investigados. Uno de los momentos más llamativos de la instrucción tuvo lugar durante la primera declaración de David Sánchez, cuando, ante las preguntas de la jueza, no supo explicar en qué consistía la oficina de artes escénicas que él mismo dirigía.

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